La Masonería Argentina expresa su preocupación por el avasallamiento de
la ley 1.420, el instrumento que organizó la educación común, laica y
obligatoria a cuyo amparo se integraron a nuestra sociedad millones de
inmigrantes y sus descendientes argentinos.
El paso del tiempo y el cumplimiento de sus fines determinó que esa ley,
dictada a fines del siglo XIX, haya sido reemplazada por legislación
acorde a los nuevos tiempos, con excepción del artículo 8 que garantiza
el laicismo de la educación pública.
El laicismo determinó el carácter optativo de las clases de religión que
debían ser dictadas antes o después del horario escolar y con
autorización de los padres. Ninguna ley en materia educativa posterior a
la 1.420 derogó el artículo referido.
Este paso, a cargo de la Comisión Bicameral de Digesto Jurídico Argentino
del Congreso de la Nación, abre el camino a la reimplantación de la
enseñanza religiosa en los establecimientos de enseñanza pública, tal
como lo ha establecido, por ejemplo, el gobierno de Salta.
Es correcta y necesaria la publicación de un Digesto que ponga claridad
acerca de las normas legales que rigen nuestro derecho positivo, pero esa
tarea no puede encubrir acciones que afecten el fuero íntimo y las
convicciones de millones de argentinos.
La Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones, institución
que desde 1857 trabaja sin interrupciones, llama la atención de los
legisladores encargados de analizar el Digesto y exhorta a las
autoridades a evitar un paso de las dimensiones señaladas. La educación
pública, gratuita y laica es un bien cultural y espiritual de todos los
argentinos, un valor que cohesiona a nuestras familias.
Nicolás Orlando Breglia
Gran Maestre
