«El dinero que transfiere el Estado a través de las asignaciones familiares, la asignación universal por hijo (AUH) y la deducción del Impuesto a las Ganancias es un esquema fragmentado e inequitativo», señaló la directora del programa de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), Gala Díaz Langou.
De hecho, destacó que «la infantilización de la pobreza se agudizó en el tiempo: cuanto más chicos peor están».
Estas conclusiones forman parte de un documento elaborado por Cippec, que analiza el impacto de las transferencias que realiza el Estado a la totalidad de las familias con niños y adolescentes, en el que proponen dejar de lado la «tradición corporativista» de la protección social en Argentina a través de la puesta en marcha de «un sistema unificado que reoriente el gasto y lo vuelve más progresivo».
El informe, realizado en base a bases de datos disponibles existentes que comprenden al período 2003-2015, sostiene que en Argentina, de cada 4 niños, 1 no recibe ningún tipo de asistencia monetaria de parte del Estado.
El relevamiento, que incluyó a toda la población infantil, detectó que en en los segmentos de menores recursos el porcentaje de niños que no cuentan con ningún tipo de asistencia puede trepar al 27%. En tanto, en el quintil más rico sólo el 11% de los niños no se encuentra comprendido.
En el documento, elaborado por Díaz Langou y Malena Acuña, se analizó la concentración de la pobreza en el quintil de la población con menores ingresos y se destaca la necesidad invertir al menos medio punto del PBI para garantizar que todas las familias cuenten con los ingresos suficientes para no vivir en condiciones inhumanas.
Para alcanzar este objetivo se propone «un aumento de las transferencias para aquellos que hoy reciben asignaciones familiares por hijo menores al techo, igualando hacia arriba, es decir percibiendo el monto máximo».
También contempla la inclusión de quienes todavía no han sido alcanzados por las intervenciones a pesar de cumplir los requisitos.
A su vez, propone aumentar la prestación a los niños de 0 a 5 años beneficiarios de la AUH (actuales y futuras) para que iguale la canasta básica alimentaria por adulto, estimada en $ 1.535, según la consultora FIEL.
Para quienes tienen deducciones de Ganancias se plantea que la transferencia indirecta hacia estos grupos debería ser equivalente al piso de las asignaciones familiares por hijo y hasta los 18 años, lo que implicaría una reducción de este tipo de transferencias, alcanzando de esta manera una mayor progresividad en el gasto.
Por otro lado, representaría una equiparación de los beneficios de este grupo con el de autónomos, consigna el documento elaborado por el Cippec.
Alcanzar esta meta implicaría una inversión total de $ 39.399 millones, lo cual representa medio punto del PBI estimado para este año.
«La propuesta de modificación es costosa, pero resulta crucial comprender que se trata de una inversión para el presente y el futuro del país. No realizar esta inversión tiene costos importantes que no solo experimentan las familias que hoy viven en situación de pobreza, sino la sociedad en su conjunto», concluye el documento elaborado por el Cippec.
«Es indiscutible que la Argentina logró importantes avances en los últimos años en materia de transferencias de ingresos a niños y adolescentes. Se buscó, desde un rol protagónico del Estado nacional, igualar derechos de los hijos de los trabajadores monotributistas, desocupados, o que se encuentran en la informalidad con aquellos de los trabajadores en relación de dependencia», sostiene el trabajo.
En ese marco precisa que «las transferencias monetarias pueden ser con corresponsabilidad (condicionadas)
o no, contributivas o no, y focalizadas o universales» y que en Argentina existen tres vías por las cuales el Estado transfiere ingresos a las familias con niños y adolescentes, según la categoría ocupacional de sus padres: las Asignaciones Familiares, la Asistencia Universal por Hijo y la Deducción del impuesto a las Ganancias.
El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento es una organización independiente, apartidaria y sin fines de lucro. Su objetivo es contar con «un Estado justo, democrático y eficiente que mejore la vida de las personas», según señala su página web.
