Plenario de las comisiones legislativas de Seguridad, Salud y Desarrollo Económico concluyó con la firma de un dictamen abierto a modificaciones para ampliar el consenso.
Los diputados de la Ciudad Autónmoma de Buenos Aires con la firma de un dictamen conjunto de tres comisiones asesoras avanzaron para que en el recinto se debata la regulación de eventos de recreación masivos.
El dictamen de las comisiones de Seguridad, Salud y Desarrollo Económico persigue establecer herramientas e instrumentos específicos para el cuidado de los asistentes a los eventos masivos de música electrónica. El proyecto plantea la instrumentación de un plan permanente dirigido a asegurar la presencia estatal en eventos que congreguen especialmente a los jóvenes, fortalece las disposiciones vigentes e introduce condiciones nuevas.
La propuesta parlamentaria apunta al diseño de estrategias comunes desde los diferentes actores que intervienen en la realización de este tipo de eventos. El proyecto de ley contempla disminuir los riesgos asociados al consumo de drogas «sintéticas» o de «diseño» utilizadas con fines recreativos y que producen una variedad de efectos psicoactivos, como la estimulación y alteraciones de la percepción, pudiendo producir emergencias médicas graves con alta morbimortalidad.
Además, implica a los agentes de seguridad y del personal del local en la prevención de riesgos, asegura la atención sanitaria adecuada a los usuarios, concientiza sobre los riesgos asociados al consumo de drogas y regula las condiciones ambientales de los locales en relación a la seguridad sanitaria, entre otros aspectos.
El acuerdo, superador de todas las iniciativas presentadas, se logró al cabo de una reunión efectuada este mediodía en el Salón «Ciudad de Montevideo» situado en la planta baja de la sede parlamentaria. El encuentro fue presidido por el titular de la Comisión de Seguridad, Juan Pablo Arenaza (Pro) quien estuvo secundado por sus pares de Salud, Victoria Roldán Méndez (Pro) y de Desarrollo Económico, MerCoSur y políticas de empleo, Gabriel Fuks (FpV).
Además, asistieron la Vicepresidente Primero del Cuerpo parlamentario, Carmen Polledo; el titular del bloque oficialista, Francisco Quintana; Mercedes De las Casas, Alejandro García, Daniel Presti, Cecilia De la Torre, Agustín Forchieri, Paula Villalba, Omar Abboud, Octavio Calderón, Lia Rueda, Christian Bauab, Gabriel Sahonero, Jian Ping Yuan y Claudia Calciano (Pro). Y los legisladores de la oposición Paula Oliveto Lago (CC-ARI), María Inés Gorbea (SUMA+), Gustavo Vera (BC), Graciela Ocaña (CP), Marcelo Ramal (FIT), Paula Penacca, María Conde, José Campagnoli, Lorena Pokoik (FpV) y Claudio Heredia (BP). El presidente de la Comisión de Justicia, diputado Presti, en su intervención manifestó que «el texto del dictamen que se firmará hoy quedará abierto a nuevas modificaciones con el fin de ampliar el consenso hasta el próximo jueves en que será tratado en el recinto».
El 27 de abril pasado, días después que en el evento «Time Ward Buenos Aires» efectuado en Costa Salguero murieran cinco jovenes, el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, envió a la Legislatura un proyecto de ley al que se agregaron otros impulsados por legisladores de diversas bancadas, entre ellos de las/os diputadas/os María Rosa Muiños, Silvia Gottero (BP), Gabriel Fuks, Pablo Ferreyra, Claudio Heredia, José Campagnoli, María Conde, Paula Penacca, Carlos Tomada (FpV), Javier Gentilini (FR), Roy Cortina, Hernán Arce (PS), Adrián Camps (PSA), Maximiliano Ferraro (CC-ARI), María Inés Gorbea, Juan Nosiglia, Hernán Rossi, María Vischi, Marcelo Guouman (SUMA+), Juan Pablo Arenaza, Carmen Polledo, José Luis Acevedo, Daniel Presti, Francisco Quintana, Victoria Roldán Méndez, Octavio Calderón, Mercedes De las Casas (Pro) e incluso uno de la Defensoría del Pueblo.
Sumado a otras tragedias evitables acontecidas después de «República Cromañón» el 30 de diciembre de 2004, se abrió la discusión política respecto al rol de los controles del Estado sobre los establecimientos de recreación nocturna. En este sentido la Defensoría manifestó que «es el Estado el que debe garantizar la vida, la salud, la seguridad y la libertad de las personas, supremacías que jamás pueden quedar al arbitrio de organizaciones comerciales y menos en manos de quienes utilizan el contexto de la nocturnidad para probar los efectos de drogas de diseño con innovadoras sustancias de corte en jóvenes y adolescentes, induciéndolos al consumo y enriqueciéndose con su comercialización».
