La venta ilegal moviliza más de $ 70.000 millones.

Es el mismo estado el que lo fomenta y es el mismo estado el que fomenta las mafias, por que legalizarlo es más caro a nivel fiscal, dado que si hubiera un fisco activo, presente, el comercio ilegal no tendría razón de ser. Las políticas equivocadas llevan a resultados equivocados. Y son muchas veces los funcionarios fiscales, policiales y judiciales los que se hacen ricos con la venta al menudeo, pero esa venta al menudeo, es parte de un engranaje de fabricantes que de pobres no tienen nada. El fenómeno del mercado negro surge en tiempos de crisis o en periodos de control gubernamental de la economía, usualmente cuando la escasez de bienes de primera necesidad obliga a los gobiernos a imponer controles de precios o racionamiento de bienes. En estas circunstancias, los vendedores estarían dispuestos a saltarse las leyes con tal de conseguir mayores ganancias, en tanto que los compradores estarían dispuestos a pagar precios más elevados (a veces no les quedaría más remedio) para conseguir un activo que les es prohibido o limitado, es decir que exista más demanda que oferta, pero que la oferta exista pero no se venda por estas prohibiciones o porque simplemente los comerciantes pueden vender a un mejor precio en un mercado no establecido, como lo es un mercado negro.

La venta ilegal moviliza más de $ 70.000 millones, cifra que iguala al Fondo de Reparación Histórica para los Jubilados, supera más de seis veces al presupuesto anual del Ministerio de Producción y triplica a los de Justicia y de Agroindustria, advirtió hoy el diputado nacional de Cambiemos, Marcelo Sorgente.

Además, la confederación remarcó que el dinero que moviliza el comercio ilegal es mayor a las carteras de Salud y del Interior, Obras Públicas y Viviendas. Ante estas cifras, “se necesita controlar la actividad de La Salada y saladitas para combatir a las mafias que se esconden bajo el lema de economía popular”, dijo a través de un comunicado de prensa el diputado nacional de Cambiemos, Marcelo Sorgente, autor del proyecto de ley que busca regular la actividad de las ferias.

El proyecto de ley prevé como requisito la necesidad de que existan trabajadores en blanco, normas de seguridad e higiene, controles fitosanitarios de los alimentos que se venden, procedencia de la mercadería, monotributo social.Asimismo, la iniciativa propone que el administrador de la feria tenga el deber de ser informante, aplicando la doctrina de responsabilidad compartida.

Para el diputado de Cambiemos, la solución al conflicto de La Salada es separar a las mafias de los trabajadores y ejemplificó que «un caso de éxito fue el de los manteros de Once, que gracias a la propuesta educativa se logró la inclusión social, y mediante el censo se pudo identificar en forma individual cada caso”.

QUE PASARA. NADA
Muchas veces los Estados que adoptan políticas inflacionarias intentan disfrazar su propia responsabilidad en el deterioro de la moneda, atribuyendo las alzas de precio a los «agiotistas» o «especuladores», y fijando por ende precios máximos a diversos productos cuyos precios supuestamente están siendo aumentados «artificialmente», lo que genera inmediatamente su escasez por cuestiones largamente estudiadas en cualquier libro de Economía Política o Economía Básica: Los precios máximos producen un incremento artificial de la cantidad demandada, y una retracción artificial de la cantidad ofertada (Siempre y cuando el precio máximo esté por debajo de la cantidad y precio de equilibrio, es decir por debajo del precio que los oferentes están dispuestos a cobrar y los demandantes dispuestos a pagar. En el caso contrario, el precio máximo no tendría ningún efecto), que son los que determinan que los artículos sujetos a estos precios máximos se vuelvan escasos, al ser mayor la cantidad demandada que la ofrecida.

En estas condiciones, es habitual que en las economías dirigidas surjan «mercados negros» que no sean sino la respuesta del mercado frente a la intromisión estatal, los que son usualmente tolerados por las propias autoridades encargadas de controlarlo, muchas veces conscientes de que es la única forma de restablecer la racionalidad económica. Esto es, que usualmente el mercado negro no es causante de ninguna crisis, sino la consecuencia de una crisis creada por la política inflacionaria sumada a la intromisión estatal tendiente a ocultar las consecuencias.