La Diputada Nacional, Carla Carrizo (UCR- Evolución), presentó un proyecto para garantizar la obligatoriedad de las vacunas, y para que las niñas y niños queden a resguardo cuando algún adulto se interponga en su derecho a la salud. “Impulsar un proyecto para eliminar la obligatoriedad de las vacunas es un acto de gran irresponsabilidad como representante del Estado”, dijo.
“Impulsar un proyecto para eliminar la obligatoriedad de las vacunas es un acto de gran irresponsabilidad como representante del Estado. Nuestro deber es que el Estado adopte las medidas que garanticen el acceso al goce real de derechos, pues tiene la obligación de proteger a los niños y adolescentes frente a terceros, incluidos los padres”, dijo la Diputada.
“Lamentamos que haya llegado al Congreso Nacional el movimiento de vacunas que pretende retroceder siglos y retrotraernos a épocas en que existían enfermedades graves desterradas gracias a la vacunación, añadió.
“Junto a la diputada nacional, Alejandra Martínez (UCR- Cambiemos), presidenta de la comisión de Familia, Samanta Acerenza (PRO-Cambiemos), Brenda Austin (UCR-Cambiemos) e integrantes de la bicameral del defensor del niño y de la Comisión de Familia presentamos este proyecto que penaliza este abuso de autoridad frente a la infancia. Los niños en la Argentina no pueden ser objeto del libre albedrío en cuestiones de salud primaria ni por los adultos a cargo ni por la negligencia del Estado. Vacunarse es un derecho de ellos y una obligación de los grandes, no es algo sobre lo que podamos opinar sino algo que debemos respetar», explicó.
El proyecto adecua la ley 22.909 nacional que establece el régimen de vacunación obligatoria a la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Ley nacional 26.061 de protección integral a la infancia. El proyecto establece que las vacunaciones a que se refiere esta ley son obligatorias para todos los habitantes del país, los que deben someterse a las mismas de acuerdo a lo que determine la autoridad sanitaria nacional con respecto a cada una de ellas.
Los padres, tutores, curadores y toda persona que tenga a su cargo el cuidado de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años serán responsables, con respecto a los menores a su cargo, del cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior.
Los puntos principales del proyecto son los siguientes:
1. Se adecúa la terminología según la Ley de Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescente.
2. Se elevan las multas que pasan de $1000 a 50.000 con la posibilidad de acción civil y penal para quienes no respeten el derecho a la salud de la infancia en Argentina.
3. Establece que las autoridades tienen la obligación de denunciar el incumplimiento de la ley.
4. Dispone que cuando los adultos responsables no vacunan a los menores a su cargo las autoridades sanitarias deben hacerlo de manera compulsiva y con ayuda de la fuerza pública.
En los fundamentos se destaca que “el surgimiento de la corriente de pensamiento crítica de las vacunas implica pasar por alto los procesos de inmunización de los niños, niñas ya adolescentes. Estados Unidos, lugar paradigmático de la corriente anti vacunas, vivió en 2014 una epidemia de enfermedades como el sarampión y la tos convulsa, que ya habían sido erradicadas. Según UNICEF, las vacunas salvan la vida de 2 a 3 millones de niños por año, lo que implica que es crucial en la mortalidad infantil. En relación a esta política sanitaria, Argentina fue pionera en la región cuando en 1983 estableció la vacunación obligatoria y gratuita como bien social colectivo mediante la Ley nacional 22.909, vigente desde el año 1983, que aquí estamos modificando para garantizar y penalizar con mayor fuerza su incumplimiento”.
«Este proyecto está en línea con la respuesta que están teniendo los países europeos que frente al mismo problema del movimiento anti vacunas. Fortalecer en las leyes nacionales las exigencias de la Convención sobre los derechos del Niño, de los organismos internacionales y las recomendaciones de elevar el umbral de violación por parte de los padres del derecho a la salud de la infancia. No es algo que se pueda elegir, es algo que se debe respetar y cumplir», explica el proyecto.
