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diarios viejos

Crisis y choreo de las reservas, la pelea por las comisiones en negro de los pagos de la deuda suman algo asi como 650 millones de dolares limpios de paja y trigo.


Fuente:
 palermonline
Sección: palermo choreo bicentenario
Fecha: 08 de enero 2010


CRISIS BANCO CENTRAL ALTAMIRA DENUNCIA QUE "COMIENZAN EL BICENTENARIO CON UNA COMPETENCIA SOBRE EL MEJOR PAGO DE LA DEUDA EXTERNA"

Jorge Altamira calificó de "confiscatoria" la tentativa del gobierno de pagar deuda pública con reservas del Banco Central. Reclamó "que las reservas excedentes sean utilizadas para promover un plan de obras públicas y de industrialización gestionado por los trabajadores". Asimismo, denunció que "la autonomía que reivindica Redrado, protegida hasta ahora por Kircher, solamente ha servido para financiar una fuga de capitales de 40 mil millones de dólares y para proveer fondos al gobierno nacional, por 20 mil millones de dólares, para el pago de la deuda externa.

En el contexto de la crisis mundial  -agregó el dirigente del PO- la política de acumulación de reservas sirve a las políticas de emisionismo furioso de parte de los bancos centrales de EEUU, Japón y la UE, que además han ordenado la emisión de cuasi moneda al FMI". En lo relativo a la crisis política que se ha abierto, a la que calificó de "una reedición de la 125", Altamira abogó por "la eliminación de los decretos de necesidad y urgencia y por la formación de una banca única nacionalizada bajo el control de los trabajadores".


"No voy a renunciar",

"No voy a renunciar", afirmó el economista en declaraciones formuladas a la prensa al salir de su casa para reunirse con sus abogados. Además, dijo: "No provoqué esta situación, no participé del DNU original, llevé siempre ideas alternativas, positivas".

Tras aclarar que se dirigía para reunirse con sus abogados, negó cualquier vínculo con dirigentes de la oposición y señaló: "Mi compromiso ha sido siempre técnico profesional, no hago política, mis posiciones y las de mi equipo han sido siempre técnico profesionales".

"Tengo un gran compromiso, y lo he tenido durante toda mi gestión, de que las reservas son para defender la estabilidad monetaria, la previsibilidad cambiaria y toda la Argentina", había manifestado previamente.

E indicó: "Estoy convencido de que las reservas tienen que quedar dentro del Banco Central porque precisamente son de todos los argentinos, no son de nadie en particular, y si hay que darle un destino alternativo deberá ser el Congreso".

"Estoy convencido que hay que seguir trabajando por las ideas, que hemos tenido y mantenido en nuestra gestión, hemos mostrado nuestro compromiso por mantener bien alto el prestigio de nuestra institución", enfatizó.

 

Oficializaron el decreto que removió a Redrado


El Gobierno oficializó hoy el decreto que removió a Martín Redrado de su cargo, a través de su publicación en el Boletín Oficial. La resolución 18/2010 lleva las firmas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de todos los ministros del Gabinete.

En su primer artículo, el decreto 18/2010 que lleva las firmas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de todos sus ministros, ordena remover a Redrado "por incurrir en mala conducta e incumplimiento de los deberes de funcionario público".

Además, exceptúa de la aplicación del segundo párrafo del artículo 9 de la Carta Orgánica de la autoridad monetaria y ordena al procurador del Tesoro de la Nación a presentar una denuncia judicial, así como dar cuenta a la Comisión Bicameral permanente del Congreso.

En los considerandos, se justifica la medida por la "actitud remisa" de Redrado a abrir una cuenta en la entidad para el Fondo del Bicentenario, y haber manifestado públicamente que "no la ejecutaría y de hecho parece no tener reparo en omitir, rehusar o retardar el cumplimiento de la norma".

En ese sentido, recuerda el decreto, "intentó suspender y evitar la reunión de Directorio" convocada para ayer.

"La gravedad del entorpecimiento de la aplicación de la normativa (...) queda patentizada en la circunstancia de que, prorrogada la emergencia consagrada en la Ley 25.561 (...), tal actitud emerge como un obstáculo para la renegociación, reprogramación y pago de la deuda y sus intereses", enfatiza.

Agrega que "tal actitud violenta cualquier sistema y trastoca cualquier orden instaurando una suerte de anarquía, cuando se trata, como bien destaca la Asociación de Bancos Argentinos en su comunicado requirente de la renuncia del funcionario de entender que `ningún interés, personal o corporativo es superior al interés de la Nación`".

Asimismo, destaca que según la Carta Orgánica del Central, los integrantes del Directorio podrán ser removidos por el Ejecutivo previo consejo de una Comisión del Congreso, que se encuentra en pleno receso estival y sin que se hayan constituido las Comisiones, y que el consejo previo no tiene carácter vinculante.

"En las actuales circunstancias, atento a la naturaleza de los incumplimientos en la función, el intento de impedir el funcionamiento (...) hacen desaconsejable la dilación en el trámite, que aparejaría más daño, más inestabilidad e incertidumbre contribuyendo a la creación de una situación de desgobierno y anarquía en la principal institución monetaria", indica.

Y que en razón de que la actitud del funcionario pueden constituir "delitos de acción pública es necesario ordenar a la Procuración del Tesoro de la Nacion la efectivización de la respectiva denuncia".

Por último, recuerda que la Comisión Bicameral Permanente tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los decretos de necesidad y urgencia, así como elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de 10 días hábiles.

(Palermonline Noticias del Barrio de Palermo 08 de enero de 2010

La Justicia hizo lugar a una medida cautelar de la oposición para impedir el uso de reservas


La jueza en lo contencioso administrativo Federal María José Sarmiento hizo lugar a una medida cautelar pedida por la oposición para impedir el uso de reservas para la constitución del Fondo del Bicentenario.

Así lo indicaron fuentes tribunalicias que señalaron que -sin entrar a analizar la cuestión de fondo- la magistrada hizo lugar al recurso solicitada por dirigentes de la Coalición Cívica y PRO.



Cristina, sobre la oposición: "Si no supieron, dejen gobernar ahora y no pongan palos en la rueda"
La Presidenta lo dijo durante un acto en Avellaneda, en el cual también defendió el Fondo del Bicentenario que permite utilizar parte de las reservas del Banco Central para garantizar el pago de los compromisos de Argentina durante 2010."Los que durante dos veces en la corta historia de la democracia rifaron el país, hoy se erigieron en defensores de las reservas...Nos habían dejado al borde de la disolución", remarcó la jefa de Estado.

 

Tenemos una democracia representativa.

Hace dos años votamos un vicepresidente que desde hace un año es opositor.  Según encuestas, si hoy votásemos, este candidato sería presidente.

A mi no me seduce mucho la idea de tener un presidente que se llame Cleto, pero bueno.

Es lo que hay.

Tiene un 60 por ciento de imagen positiva. Más el 20 de Cristina, hoy el gobierno muestra un 80 por ciento de aceptación. Un diez más y estarían como Lula.

Desde aquel voto no positivo, su gran virtud ha sido recibir opositores en el Honorable Senado de la Nación. Si hubiese almuerzos sería lo más parecido a Mirtha Legrand que uno podría encontrar.

Fue expulsado del radicalismo pero fue readmitido por otra fracción del partido. Para los recién llegados, la UCR es el segundo partido mayoritario.

Mientras tanto, la principal líder de la Centro Izquierda, ex radical,  dice que sacarle sangre a alguien para averiguar si son hijos de secuestrados durante la última dictadura militar es una violación a los derechos humanos.

Tal es el caso de los hijos de la dueña del principal diario opositor, desde cuyas páginas se acusa al gobierno de anti democrático.

El partido mayoritario es obviamente el PJ, cuyo principal candidato opositor es hoy quien ya fue vice y además presidente. Eduardo, tal es el nombre de este joven valor, encabeza un llamado movimiento productivo. Pero fue vice de un tal Carlos quien justamente se caracterizó por destruir el aparato productivo.

Ahora encima, nuestra presidente le pidió la renuncia al presidente del Banco Central, quien se negó a hacerlo. A menos que "una comisión bicameral sugiera al ejecutivo un decreto de necesidad y urgencia" para el relevo.

Pero que pasa.

Eso, que pasa.

Que desde junio, el parlamento es opositor. Por lo que lo más probable es que esta comisión sugiera mantenerlo en el cargo.

Mientras tanto, quien fue nominado para suceder al presidente del Banco Central, no quiere asumir hasta que no se clarifique la actual situación.

El Banco Central es quien maneja la flotación del dólar, además de las reservas.

Necesito, por favor, que alguno de los ilustres economistas que habitualmente desfilan por los programas periodísticos, me diga si desde ahora va a haber dos dólares. Uno oficial y otro no positivo.

En una semana me voy a Brasil y no se cual de los dos comprar.

Ustedes me dirán que este artículo es muy complicado. Los entiendo.

¿Por qué se piensan que somos el país con más psicólogos per capita del mundo?

 

Los K van a gastar el piso de los pasillos judiciales

La denuncia presentada por los diputados nacionales Pino Solanas y Jorge Cardelli, y los legisladores de la ciudad de Bueno Aires, Jorge Selser y Julio Raffo, contra la Presidente Cristina Fernández de Kirchner y los ministros que refrendaron el DNU 2010 del 14 de diciembre de 2009, se funda en:

a) la violación de la Carta Orgánica del Banco Central en sus artículos 19 y 20,

b) el principio que un decreto no puede modificar una ley, no estando justificada la necesidad ni la urgencia,

c) que no es posible afectar fondos del Banco Central para el pago de una deuda declarada parcialmente fraudulenta por la Justicia Federal, y que está siendo materia de investigación en tres causas criminales que se sustancian en el Juzgado Federal Nº 2 a cargo interinamente del Dr. Eduardo Martínez de Giorgi. En una de ellas, la relacionada con el megacanje del año 2001, se encuentran con procesamiento firme el ministro Cavallo y el ex secretario de Finanzas Daniel Marx.

El texto de la denuncia totalmente alejado de cuestiones partidistas, solo se limita a hacer una relación de los hechos que son materia de la denuncia. También han sido denunciados los diputados que como miembros de la Comisión Bicameral del Congreso, dieran dictamen positivo al DNU.

 

EFECTUA DENUNCIA PENAL POR INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO Y ABUSO DE AUTORIDAD. SOLICITA HABILITACION DE LA FERIA JUDICIAL Señor Juez federal: FERNANDO EZEQUIEL SOLANAS , Diputado de la Nación, con domicilio real en la calle Sáenz Peña 793 de la localidad de Olivos, Prov. De Buenos Aires, JORGE JUSTO CARDELLI, Diputado de la Nación, con domicilio real en la calle Pringues 737, Piso 3º, JORGE GUILLERMO SELSER , Legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con domicilio real en la calle Larrea 1007, Piso 1º "B" y JULIO CÉSAR ANTONIO RAFFO , Legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con domicilio real en la calle Juncal 4631, Piso 7º "E" y constituyéndolo legalmente en la calle Camacuá 282, piso 1º, ante V.S. nos presentamos y como mejor proceda en derecho decimos: I.- Que venimos a formular denuncia penal contra la Sra. Presidenta de la Nación, Dra. CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER , y los ministros que integran el gabinete nacional que refrendaran el Decreto de necesidad y urgencia Nº 2010 (Boletín Oficial, 15 de diciembre de 2009) ANIBAL D. FERNÁNDEZ, ANIBAL F. RANDAZZO, JORGE E. TAIANA, NILDA C. GARRÉ, AMADO BOUDOU, DEBORA A GIORGI, JULIÁN A DOMINGUEZ, JULIO M. DE VIDO, JULIO C. ALAK, CARLOS A. TOMADA, ALICIA M. KIRCHNER, ALBERTO E. SILEONI, JOSÉ L. BARAÑAO, JUAN L. MANZUR, y los diputados integrantes de la Comisión Bicameral que dictaminaron a favor de la legalidad de la referida norma por la posible comisión de los delitos previstos y reprimidos por el artículo 248 del Código Penal de la Nación., en razón de las circunstancias de hecho y razones de derecho que a continuación se exponen. II.- CIRCUNSTANCIAS DE HECHO. Que con fecha 14 de diciembre del año 2009, la Sra. Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, emitió el decreto de necesidad y urgencia 2010, publicado al día siguiente en el Boletín Oficial, el que fue refrendado por el gabinete de Ministros, conforme consta en la referida publicación oficial, y que tuvo dictamen favorable de algunos diputados que integran la Comisión Bicameral establecida por la Ley 26.122. Por medio del mismo se modificó el artículo 6º de la ley 23.928, y se estableció la creación del llamado Fondo del Bicentenario, destinado al pago de la deuda externa pública del Estado Nacional, el que estaría integrado por la suma de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE DÓLARES ESTADOUNIDENSES (us$ 2.187) para el pago a los organismos multilaterales de crédito y la suma de CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS DÓLARES ESTADOUNIDENSES (US$ 4.382) para el pago a los tenedores privados de la deuda externa pública. Ambas sumas totalizan SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DE DÓLARES, a depositarse en una cuenta especial a los efectos indicados. No obstante ello y como el decreto estableced que las reservas de libre disponibilidad podrán aplicarse al pago de la deuda, y las mismas de acuerdo al último balance del Banco Central ascienden a la suma de DIECISIETE MIL CATORCE MILLONES DE DÓLARES, cabe concluir que la afectación de las reservas puede ser ampliada en cualquier momento para ser destinadas a ese Fondo. Debido a la negativa por parte del Presidente del Banco Central a la creación del llamado Fondo del Bicentenario, el Poder Ejecutivo Nacional decidió la cesación del mismo en el cargo, en medio de cruzadas afirmaciones sobre renuncias de este funcionario que fueron desmentidas por el mismo. Que conforme lo establece la Carta Orgánica del Banco Central en su artículo 3º el Banco Central no estará sujeto a órdenes del Poder Ejecutivo, y no podrá asumir obligaciones de cualquier naturaleza sin la autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación. Es decir que el decreto 2010 pretende modificar una ley, con lo cual altera el orden jurídico del Estado, no existiendo ningún tipo de justificación que le permita hacerlo, y mucho menos existiendo el Congreso que debiera ser el ámbito natural para modificar cualquier ley de fondo. En los extensos considerandos del referido decreto se menciona como objetivos de la creación del Fondo "profundizar el proceso de desendeudamiento iniciado en el año 2003", "mantener activos internacionales con la premisa de preservar la confianza de los mercados con respecto al cabal cumplimiento de las obligaciones denominadas en moneda extranjera" y lograr que "la cancelación de los servicios de deuda sean maximizados". En definitiva, que es claro que toda la norma tiene como único fin el pago de la deuda pública externa de la Nación. Que si bien, la norma citada traerá seguramente múltiples dificultades en la política monetaria del Estado, y que la misma se ha dictado sin respetar el estado de derecho, como lo veremos más adelante, existe un punto fundamental que hace al motivo de esta denuncia, y es que se pretende afectar fondos del Banco Central, para el pago de una deuda, parcialmente declarada ilegal por una fallo judicial pasado en autoridad de cosa juzgada, y que está siendo actualmente investigada en el fuero federal en razón de constituir la misma un fraude, encontrándose probados varios delitos de acción pública. Que a los efectos de hacer una breve síntesis de las acciones judiciales a que se hace referencia debo mencionar a V.S. lo siguiente: En abril de 1982, el Sr. Alejandro Olmos formuló una denuncia penal contra el Dr. José Alfredo Antonio Martínez de Hoz, por ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal No. 4, por los delitos previstos y penados por los arts. 173, Inc. 7 y 248 del Código Penal, fundando la misma en el hecho de que el plan económico, concebido y ejecutado por el Ministro de Economía de la Nación en el periodo 1976- 1981, se realizó con miras a producir un desmesurado e irregular endeudamiento externo; que el ingreso de divisas se produjo con el objeto de negociar con las tasas de interés, produciendo quiebras y cierres de empresas y dificultades en la capacidad exportadora, de producción y crecimiento del país. A fs. 5.101 de la referida investigación, se acumuló la causa No. 14.586 originada a raíz de un informe pericial suscripto por los peritos Dres. Sabatino Forino y Alberto Tandurella, en el que se había determinado: a) Que con fondos del Tesoro Nacional, se cancelaron obligaciones externas de varias empresas privadas en distintas monedas. b) Que ni el Banco de la Nación Argentina ni el Banco Nacional de Desarrollo, como entidades financieras que tomaron a su cargo los aspectos operativos, iniciaron actuaciones para el recupero de las sumas pagadas por el Estado ni se acogieron al beneficio de la excusión. c) Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos no inició las acciones judiciales correspondientes para obtener el recupero de las sumas que afrontara el Estado, respecto a empresas como Acindar S.A., Autopistas Urbanas S.A., Covimet S.A., Parques Interama S.A., Aluar S.A., Papel Prensa S.A., Induclor S.A., entre otras. d) Que existieron avales otorgados en contratos en los que se debían establecer garantías reales sin haberse efectuado los correspondientes estudios técnicos y financieros, y sin haberse extremado los debidos recaudos antes del otorgamiento del aval. Que además de una importante cantidad de testimonios prestados por funcionarios públicos, y la declaración indagatoria del Dr. Martínez de Hoz, se realizaron varias pericias, donde se analizaron las particularidades del endeudamiento ilegal. En el informe final suscripto por los Dres. Fernando M. Curat y Alfredo A. Peralta, del cuerpo de peritos contadores de la Justicia Nacional, y los peritos contadores ad-hoc, Dres. William Leslie Chapman, Alberto Tandurella y José A. Gomariz, quedó definitivamente establecido que: 1.- El acrecentamiento de la deuda externa del país, pública y privada entre 1976 y 1982, fue excesivo y perjudicial. Carece de justificación económica, financiera y administrativa. 2.- Existe responsabilidad del Ministro Martínez de Hoz y de sus sucesores hasta el 31 de diciembre de 1982, por las operaciones que determinaron el endeudamiento público y por haber promovido el endeudamiento del sector privado. Fueron participes de esa responsabilidad, el ex presidente del Banco Central, Dr. Adolfo Diz y sus sucesores. 3.- Las consecuencias actuales y futuras del crecimiento de la deuda externa del país son extremadamente perniciosas, los servicios de la deuda no podrán pagarse y las responsabilidades, aunque puedan hacerse ahora efectivas, han dañado el prestigio del país, su vida política, institucional, el orden jurídico, el sistema y la estructura económica, la paz social y la tradición histórica de la República. La transgresión al art. 67 inc. 3 y 6 de la Constitución Nacional importan suma gravedad. 4.- Pueden considerarse probadas, en cuanto dependen de los resultados del examen pericial, las denuncias que obran en la causa, en relación con lo que ha sido objeto de estudio. Finalmente, y después de 18 años de tramites y la incorporación de miles de documentos, el juez, Dr. Jorge Ballestero, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal No 2, dictó un pronunciamiento poniendo fin a la causa, en el que sostuvo en su parte final que: "Ha quedado evidenciado en el trasuntar de la causa la manifiesta arbitrariedad con la que se conducían los máximos responsables políticos y económicos de la nación en aquellos periodos analizados. Así también se comportaron directivos y gerentes de determinadas empresas y organismos públicos y privados; no se tuvo reparos en incumplir la Carta Orgánica del Banco central de la República Argentina; se facilitó y promulgo la modificación de instrumentos legales a fin de prorrogar a favor de jueces extranjeros la jurisdicción de los tribunales nacionales; inexistentes resultaban los registros contables de la deuda externa; las empresas públicas, con el objeto de sostener una política económica, eran obligadas a endeudarse para obtener divisas que quedaban en el Banco Central, para luego ser volcadas al mercado de cambios; se ha advertido también la falta de control sobre la deuda contraída con avales del Estado... Todo ello se advirtió en no menos de cuatrocientas setenta y siete oportunidades, número mínimo de hechos que surge de sumar cuatrocientos veintitrés prestamos externos concertados por YPF, treinta y cuatro operaciones concertadas en forma irregular al inicio de la gestión y veinte operaciones avaladas por el Tesoro Nacional que no fueron satisfechas a su vencimiento... A ello deben agregarse los prestamos tomados a través del resto de las empresas del Estado y sus organismos así como el endeudamiento del sector privado que se hizo público a través del régimen de seguros de cambio... Empresas de significativa importancia y bancos privados endeudados con el exterior, socializando costos, comprometieron todavía mas los fondos públicos con el servicio de la deuda externa a través de la instrumentación del régimen de seguro de cambio...La existencia de un vínculo explícito entre la deuda externa, la entrada de capital externo de corto plazo y altas tasas de interés en el mercado interno y el sacrificio correspondiente al presupuesto nacional desde el año 1976 no podían pasar desapercibidos a las autoridades del Fondo Monetario Internacional que supervisaban las negociaciones económicas... Es por estas razones que remitiré copia de la presente resolución al Honorable Congreso de la Nación, para que a través de las comisiones respectivas, adopte las medidas que estime conducentes para la mejor solución en la negociación de la deuda externa de la Nación que, reitero, ha resultado groseramente incrementada a partir del ano 1976 mediante la instrumentación de una política vulgar y agraviante que puso de rodillas a país, a través de los diversos métodos utilizados, que ya fueron explicados a lo largo de esta resolución, y que tendían entre otras cosas, a beneficiar y sostener negocios privados -nacionales y extranjeros- en desmedro de sociedades y empresas del Estado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día, todo lo cual se vio reflejado en los valores obtenidos en el momento de iniciarse la privatización de las mismas...En efecto, debe recordarse que el país fue puesto desde el año 1976 bajo la voluntad de acreedores externos y en aquellas negociaciones participaron activamente funcionarios del Fondo Monetario Internacional Con posterioridad al fallo parcialmente transcripto, los fiscales federales, Dres. Eduardo Freiler y Federico Delgado, solicitaron al Juez Ballestero la remisión de las actuaciones a la Procuración del Tesoro, a los efectos de iniciar acciones por responsabilidad económica contra los funcionarios intervinientes en el endeudamiento. Realizado el trámite correspondiente, el Procurador, Dr. Ernesto Marcer, informó al Juez Ballestero, que debía realizarse una tramitación a través de otros organismos del Estado para la viabilidad de esa acción. Mientras tramitaba la causa anteriormente citada, y por resolución de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional se acumuló a la misma una nueva denuncia que presentó el ciudadano Olmos por ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal No. 8, a cargo del Dr. Jorge Urso. El Juzgado Federal No. 2, por razones prácticas de economía procesal y dado el alto grado de avance de la causa principal, decidió formar otra por separado, que actualmente lleva el No 9147/1998, y está caratulada "Olmos Alejandro s/denuncia por defraudación a la administración publica" que continúa la investigación del endeudamiento durante la década del 90. A esa nueva causa se le anexó otra, tramitada en el año 1991, por ante el Juzgado en lo Penal Económico No 6 cargo del Dr. Miguel García Reynoso, donde se investigaba una gran cantidad de ilícitos relacionados con la infracción a la ley penal cambiaria, quien se excusó de seguir interviniendo en la investigación por entender que había conexión con la que sobre el endeudamiento externo llevaba adelante el Juzgado Federal No. 2. La Fiscal interviniente emitió un dictamen el 21 de julio de 1991 diciendo que: " Atento a las manifestaciones de los gerentes del Banco Central, es obvio que la materia investigada es un defraudación al Fisco. El Banco Central señala nada más que la existencia de treinta y nueve sumarios, lo que no es proporcional con los miles de implicados que aparecen en las investigaciones realizadas. Ello demuestra que el Banco no ha arbitrado los medios para controlar las divisas" En agosto de ese año, el Juez García Reynoso se declaró incompetente y envió la causa al Juzgado Federal No 2, diciendo que: " A través de la investigación de personal especializado de la Dirección Nacional de Aduanas y del Banco de la Nación Argentina, se detectaron cientos de casos de violaciones a las normas del articulo 1 del régimen penal cambiario, cuya investigación y juzgamiento corresponde al Banco Central que no la ejecutó. Con respecto a la deuda externa, se ha comprobado que el que un volumen del relevamiento que se expuso no tiene un correlato con los indicadores que expresan un aumento de la actividad económica, por una inversión productiva en esas condiciones. Para decirlo de otra manera, el dinero que se presto al país no se ve en la calle. El problema para obtener datos confiables sobre el ingreso de divisas y la posterior fuga de capitales, consiste en que en nuestro país fueron desmontados paulatinamente todos los organismos destinados al control de este tipo de movimientos, y es así que la autoridad monetaria llegó a ignorar el volumen de las divisas que se encontraban pendientes de ingreso". El juez concluyó, diciendo que: "Se habría cometido el delito previsto por el art. 148 del Código Penal" considerando que el directorio del Banco Central era penalmente responsable de la violación de la normas del Código citado. También en el año 2001, por denuncia efectuada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 2, los diputados nacionales Elisa Carrió, Mario Cafiero, Graciela Ocaña y Alfredo Bravo, se inició una causa a los efectos de investigar la legalidad del megacanje de títulos efectuada por las autoridades del Poder Ejecutivo. En esa causa, próxima a ser enviada a juicio oral, fueron procesados el Ex ministro de Economía, Dr. Domingo Cavallo, el Secretario de Finanzas, Dr. Daniel Marx y otros funcionarios, encontrándose la causa en situación de ser elevada a juicio oral y público. Finalmente en el año 2006, Ricardo Daniel Marcos y Alejandro Enrique Olmos, radicaron una nueva denuncia por defraudación a la administración pública, pidiendo se investigara la totalidad del endeudamiento externo hasta esa fecha, incluyendo la reestructuración efectuada por el Ex Presidente Néstor Kirchner, en el año 2005. La referida causa que cayó originalmente en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 7, a cargo del Dr. Guillermo Montenegro, pasó al Juzgado Federal Nº 2, donde actualmente tramita. Que no obstante la existencia de tales causas que son de pleno conocimiento del Poder Ejecutivo Nacional, y del Banco Central de la República Argentina, se ha hecho caso omiso de la mismas, y se han refinanciado las obligaciones a través de pagos y emisiones de bonos, con lo que nuevamente se ha alterado el estado de derecho y el debido ordenamiento jurídico. Lamentablemente esa operatoria, es parte de una política de Estado que responde a un "sistema de la deuda" del que no se quiere salir y cuya finalidad es la tributación permanente de intereses, la subsiguiente capitalización de los mismos, aumentando así el monto de un endeudamiento, que por su magnitud, se convierte en un factor constante de perturbación económica y condiciona en forma irreversible el destino soberano de la República, al atarla a los invariables condicionamientos que le imponen los organismos multilaterales y los responsables de la comunidad financiera internacional. Si aún con parte de la deuda en "default", en el año 2003 se pagaron más de 7.500 millones de dólares de servicios de la deuda, se podrá convenir que esas erogaciones, tuvieron necesariamente que afectar todos los diversos planes de inversión que resultan imprescindibles para el desarrollo de una comunidad. Pero a ese pago siguieron otros, y las distintas leyes de presupuesto dan cuenta, de lo que se destina al pago de los servicios de la deuda. Cuando no existen posibilidades de pago, se emiten nuevos bonos, a tasas de interés muy altas, para tener recursos con los cuales seguir pagando esas obligaciones. Que aun, cuando hubiere enormes dificultades financieras, cabría admitir la razonabilidad del pago a los acreedores si tales reclamos tuvieran una legitimidad sustancial y no la supuesta legitimidad de forma que en realidad tienen. Y esto es así porque todas las sumas que componen la deuda externa no están determinadas cabalmente a través de exhaustivos análisis de auditoria que demuestren de manera incontrovertible la exigibilidad de tales obligaciones. Como se encuentra acreditado en las causas penales citadas las cifras de la deuda fueron informadas por los acreedores, y el Ministerio de Economía las acepto sin hesitación por entender que reflejaban la exactitud de lo que se había prestado y en razón de no contar con datos que tuvieran valor contable. Como una evidencia de esa inexactitud de datos, podemos señalar que al poco tiempo de iniciada la causa No. 14.467 deducida por Alejandro Olmos ante el Juzgado Federal No. 2, el magistrado interviniente libró oficio al Banco Central de la República a los efectos de que se le informara sobre todo aquellos relacionado con la registración de la deuda y la documentación que la respaldara. El Banco informó que la deuda no se encontraba registrada, y que sólo se tenían cifras estadísticas sin valor contable. Esa falta de registros continuó hasta que el Presidente del Banco Central, Dr. Enrique García Vázquez, arbitró los medios para reorganizar el sector externo, debiendo un conjunto de auditores del banco proceder a su relevamiento y registración. Ese procedimiento se hizo en forma efectiva hasta por lo menos el año 1988, sin que hasta la fecha se haya podido determinar qué ocurrió con la documentación producida por los funcionarios del Banco. Debido a ello, y por circunstancias que se desconocen, la contabilización de la deuda siguió una vía errática, no se registraron las operaciones, y como ya hemos citado, solo a partir de 1992 se comenzó nuevamente con esa tarea, a través de los contratos firmados con el Citibank, un conjunto de otros bancos, y la consultora Price Waterhouse, quienes finalmente ordenaron las cuentas públicas, pero de acuerdo naturalmente a sus registros y de conformidad con sus propios intereses. Todas las cifras suministradas por los bancos extranjeros, y auditadas y conciliadas por Price, fueron aceptadas sin discusión alguna por el Gobierno nacional entre 1992 y 1995, sin que en ningún caso se efectuara cuestionamiento alguno sobre las mismas ni se objetara su procedencia, aun cuando el Banco Central y el Ministerio de Economía estaban debidamente notificados de la existencia de una causa penal que investigaba, precisamente, la ilicitud de tales obligaciones. LA ILEGALIDAD DE LA DEUDA Una cuestión fundamental, que debe considerarse en cualquier análisis que se haga del endeudamiento externo, esta relacionada con un principio básico que hace a la esencia de cualquier ordenamiento jurídico, es el principio de legalidad y la consecuente inexigibilidad del pago de obligaciones producto de un acto ilícito. En la confusión que rodea todo lo que tiene que ver con la deuda, confusión muy bien articulada por los acreedores y sus sostenedores teóricos para evitar discusiones que permitan aclarar los mecanismos de su funcionamiento, ha sido dejado de lado todo principio referido a la ilicitud e ilegitimidad de las obligaciones, entendiéndose que las mismas revisten una categoría especial que no las hace susceptibles de un encuadramiento jurídico o de una eventual revisión en sede judicial. Debido a que la política económica es diseñada por el Poder Ejecutivo, quien tiene facultades constitucionales para hacerlo,

suponer la posibilidad de un cuestionamiento de la misma por la vía judicial, se considera que es un intento equivocado de judicializar la política, afirmándose en consecuencia que el poder judicial carece de facultades de enjuiciamiento para aquellos actos que por su propia naturaleza escaparían a su competencia, debido a la división de los poderes que impera en el país y en todos aquellos con una estructura republicana semejante. Esa consideración está fundada en una conceptualización sofística del orden institucional, al confundirse cuestiones que son absolutamente diferentes y se mezclan artificialmente las competencias de los poderes del Estado, para evitar así que se ponga en evidencia cualquier acto defraudatorio en perjuicio del mismo. Si bien es cierto que el Poder Ejecutivo elabora la política económica, ello no lo habilita para convalidar actos irregulares o infracciones legales de diversa naturaleza, a los efectos de instrumentarla ni a desconocer el orden jurídico que hace a la legitimidad de sus decisiones. La existencia de una investigación judicial sobre el endeudamiento externo, no tiene nada que ver con cuestionar una política económica en particular, sino en el hecho de poder demostrar que la deuda se estructuró sobre la base del desconocimiento de normas constitucionales y preceptos legales, configurándose así un sistema que escapó al control de legalidad que deben tener los actos de gobierno. Eso no supone judicializar la política económica del gobierno, sino simplemente poner en evidencia la conformación de diversos actos ilícitos que partiendo de decisiones políticas, solamente pudo funcionar a través del desconocimiento del sistema legal que nos rige. Cuando hablamos de ilicitud, ilegalidad o ilegitimidad, no estamos utilizando criterios subjetivos para analizar una problemática determinada. Tampoco usamos consideraciones de naturaleza política, que puede ser materia de natural controversia. Lo que intentamos demostrar es la existencia de una enorme cantidad de operaciones ilícitas que han conformado un fraude institucional sin antecedentes en nuestra historia política, tal como se encuentra ya acreditado en las causas que se han mencionado, donde existen abundante documentación probatoria, pericias, testimonios, informes oficiales, que muestran una verdadera estructura delictiva, que se está investigando con una absoluta carencia de medios, y que el Poder Ejecutivo pretende ignorar.

III.- RAZONES DE DERECHO LOS DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA Aunque debe reconocerse que el dictado de decretos de necesidad y supuesta urgencia ha sido una práctica constante del Poder Ejecutivo desde 1857, en aquellos tiempos se trató de medidas de carácter excepcional y fueron emitidos en muy poca cantidad. En más de cien años de vida institucional, su utilización fue muy reducida, con excepción de los regímenes de facto, que debieron recurrir al dictado de decretos-leyes ante la inexistencia del Poder Legislativo. Fue a partir de 1985 cuando se puso en funcionamiento el Plan Austral, cuando comenzó a extenderse esta práctica peligrosa que se convirtió en la década del 90 en un alud de disposiciones para regular los distintos aspectos de la administración del Estado, para ejercer competencias solo reservadas al Congreso y aun al Poder Judicial. Visionariamente, Miguel Navarro Viola opinó en 1857, cuando el debate para la ratificación legislativa del decreto de confiscación de los bienes de Rosas, que la emisión de tales decretos era una práctica viciosa que corrompería toda nuestra cultura y organización jurídicas. No caben dudas que lo hizo, ya que en los últimos años asistimos a una verdadera institucionalización de estas disposiciones, que jamás recibieron objeción alguna por parte del Poder Legislativo, dejando que durante el gobierno del Dr. Menem, éste procediera con potestades ilimitadas en todos aquellos aspectos relacionados con su autoritaria concepción del poder. Es así que a través del dictado de decretos por medio de los cuales se utilizan facultades reservadas a otros poderes del Estado, se asiste a una verdadera sustracción de la legalidad. Aunque esto suene como muy extraño y quizás desmesurado, encuentra su fundamento en la existencia de una serie de medidas que fueron adoptadas, mediante una total marginación del Congreso, que es la única autoridad que legisla, como representante de la voluntad popular, ya que como lo destacara Loewenstein: " desde un punto de vista técnico el primer medio para la realización de la decisión política es la Legislación. Las políticas internas, requieren sin excepción la forma legal. Cuando la iniciativa para una tal decisión, parte del gobierno, lo cual suele constituir la regla en el sistema republicano, la aprobación del parlamento es la expresión de la distribución del poder, el parlamento asume la responsabilidad de dicha medida. Si el parlamento rechaza o modifica dicha medida ejerce el control político sobre el liderazgo del gobierno" (Karl Loewenstein, "Teoría de la Constitución", 2ª Ed. Ariel, Barcelona, 1976, Pág. 65) Desde Bielsa que fulminara el carácter legislativo de los decretos, afirmando que el Poder Ejecutivo no es legislador sino ejecutor de las leyes, hasta los recientes trabajos de Miguel A. Ekmekdjian que negara categóricamente validez a los decretos de necesidad, todos los tratadistas están pacíficamente de acuerdo, en que a través de ellos no es posible suplantar la voluntad del legislador, sin por ello alterar el orden jurídico. Es por tal motivo que nuestra jurisprudencia -siguiendo a la de Estados Unidos- ha expresado que la emergencia no es fuente de derechos y que ella debe estar encuadrada en la Constitución, por medio de disposiciones que solo puede dictar el Poder Legislativo. Sagüés es, quizás, el único que ha justificado en alguna forma la emisión de tales decretos, opinando que si se tiene un criterio realista el Poder Ejecutivo puede y debe actuar ante una emergencia dada. El señala que " En concreto penetró (el ejecutivo) en las alternativas de imposibilidad material y de la imposibilidad racional de cumplimiento de la Constitución, propias de la doctrina de la necesidad como superación de la Constitución, o sea en las situaciones más crudas de inhabilidad de la Constitución para captar idóneamente problemas sociales que de todos modos debe resolver el estado" , estimando que al Legislativo " le es imposible encontrar tiempo para ocuparse eficientemente de la masa de legislación producida por el Ejecutivo... Este criterio de realismo es el que hace necesaria la intervención del ejecutivo en hechos que no admiten demora y deben ser imperativamente resueltos" Este singular criterio fue expuesto con mayor amplitud por Paolo Biscaretti di Ruffia ("Derecho Constitucional", Tecnos, Madrid 1965) quien teorizó largamente sobre la ineficiencia parlamentaria para resolver las innumerables exigencias normativas del Estado. Empero, aun en estas posiciones extremas, que no han tenido consenso en la doctrina constitucional ni en la jurisprudencia de la Corte Suprema, solo se contemplan actos instrumentales de ordenamiento administrativo o regulaciones que tengan que ver con situaciones de emergencia que deban ser adoptadas sin demora, y no con la decisión sobre problemas estructurales, que hacen a los aspectos básicos del funcionamiento del Estado. La reestructuración de las obligaciones internacionales, además de ser una cuestión privativa del Congreso, representa desde hace mas de veinte años una cuestión gravitante que no ha sido resuelta, y actualmente, debido a su desmesurado crecimiento, afecta de manera considerable a todos los órdenes que hacen al funcionamiento del país. De manera tal que su solución no puede estar subordinada a decisiones unilaterales del Ministro de Economía, basadas únicamente en un estado de necesidad inexistente o en leyes de emergencia económica que no responden a esos criterios de realidad que mencionáramos más arriba, o a urgencias que no existe posibilidad alguna de justificar. El argumento clásico del "estado de necesidad", repetido hasta el hartazgo en situaciones análogas, es el camino directo para legitimar convenientemente cualquier alteración del orden jurídico, otorgando supremacías que resultan intolerables al ordenamiento institucional. Como lo observaba Kelsen: "En el estado de necesidad el Estado puede violar incluso los derechos bien adquiridos, invadir la esfera de la libertad de sus súbditos, incluso sin base legal, privarles de su propiedad, aun destruírsela sin previa indemnización; en definitiva el estado de necesidad justifica toda infracción al orden jurídico y de la misma Constitución por parte de los órganos estatales, especialmente por parte del Jefe del Estado... Tras la ingenua afirmación de que el estado tiene que "vivir" suele ocultarse generalmente la voluntad desbordada de que el Estado viva de la forma que estiman justa aquellos que se aprovechan para sus fines particulares de la justificación del estado de necesidad política" (Hans Kelsen. "Teoría General del Estado", traducción de Luís Legaz y Lacambra. México 1964, Pág. 206) El estado de necesidad y urgencia, aun con todas las dificultades que su adecuada conceptualizacion jurídica supone, ha sido definido en líneas generales por la doctrina como aquel donde se juega la conservación misma de la organización estatal. El derecho de necesidad (necessitas ius constituit) siempre está asociado con hechos de guerra, revoluciones, invasión exterior, o una crisis, y debe ser proporcional al hecho necesitado y al peligro que éste entraña, tal como lo apuntara Bielsa con magistral caracterización (El "estado de necesidad" con particular referencia al derecho constitucional y administrativo". Anuario del Instituto de Derecho Público, Rosario, 1940, To III, Pág. 39 y sig. Para Fayt, ese estado de necesidad al producir una crisis en la continuidad jurídica, muestra que el derecho es impotente para dominar la conmoción interior o eliminar la sedición (C. Fayt, "Derecho Político", Buenos Aires, 1965, Págs. 464 y sig.) y así podríamos seguir enumerando diversas opiniones, que en definitiva determinan que, en ningún caso, durante la década del 90 y en la actualidad, se haya justificado el uso de decretos de necesidad, por la sencilla razón que esa situación no existió en ningún momento y no existe en la actualidad. Si bien pueden considerarse algunos hechos que escapan a la vida normal de cualquier sociedad, como la irregular situación económica, que nunca termina de encontrar una solución posible, ello en modo alguno permite caracterizar ese estado de necesidad, que ha servido como fundamento para la emisión indiscriminada de decretos por parte del Ejecutivo, y que se ha convertido en algo fantasmal, que sólo se percibe desde las esferas del poder. El art. 99 inc.3, 3ª cláusula de la Constitución Nacional, establece que: "Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes...podrá (el Poder Ejecutivo) dictar decretos por razones de necesidad y urgencia." Aunque indudablemente esas circunstancias excepcionales no están dadas, en el decreto 2010 se hace mención a "que la urgencia en la adopción de la medida hace imposible seguir los tramites ordinarios previstos por la Constitución Nacional" y nuevamente se soslaya al Congreso de la Nación, que es el que está facultado constitucionalmente para arreglar la deuda externa de la República. OTRAS CONSIDERACIONES Si como hemos visto en los puntos anteriores: El Juez Federal a cargo del Juzgado No 2, Dr. Jorge Ballestero resolvió que parte de la deuda externa de la dictadura es ilícita. El titular del Juzgado en lo Penal Económico No 6, también consideró la existencia de operaciones ilícitas de endeudamiento haciendo responsable al directorio del Banco Central en el periodo democrático. El Juez Martínez de Giorgi tiene actualmente en pleno proceso de investigación el endeudamiento externo desde 1983 hasta el año 2006, habiéndose producido importantes pruebas que también demuestran su fraudulencia e ilicitud. Si el mismo Juez tiene a su cargo la investigación del megacanje de la deuda efectuado en el año 2001, existiendo pericias que demuestran la comisión de diversos delitos, ello supone que afectar fondos del Banco Central para el pago de una deuda que es objeto de diversas investigaciones en sede penal, y que parcialmente fuera declarada ilícita, es entrar nuevamente en el terreno de la ilegalidad, al no haber causa licita que justifique tal decisión del gobierno. Respecto a esa ilicitud parcial de la que hablamos, es la que surge de las actuaciones existentes en más de cuatrocientos contratos firmados con la banca extranjera, que han sido considerados por los peritos y por el Juez Ballestero, en la sentencia dictada en la causa Olmos, como irregulares, arbitrarios e ilegítimos. De tal forma, podemos considerar con el apoyo de los arts. 723, 953 y concordantes del Código Civil y 7 de la ley 19.549, que el objeto de esos contratos es nulo y no puede generar derecho alguno; tampoco ser objeto de novaciones a través de las distintas renegociaciones, ya que nadie puede trasmitir un derecho mejor del que poseía. Debemos tener en cuenta, que ni la novación ni el paso del tiempo pueden transformar en lícito lo que es ilícito. Si bien el art. 801 del Código Civil establece que la novación es la transformación de una obligación en otra, la primera obligación, es decir la obligación a novar debe existir, o sea tener objeto lícito en los términos de los arts. 723 y 953 del citado Código, de manera tal que siendo ilícito el objeto de la primera obligación no puede haber novación (Art. 802 C.C.). Pero además de lo expuesto, es necesario tener en cuenta la evidente prejudicialidad existente sobre el pago de estas obligaciones, ya que los hechos probados en la jurisdicción penal son absolutamente vinculantes para los demás órdenes jurisdiccionales. Y en este sentido el artículo 1101 del Código Civil es categórico. Es decir que si la justicia federal determina la ilegalidad de las obligaciones externas, ellas no pueden ser objeto de negociación alguna, y hasta que ese fuero no se expida, no cabe en modo alguno efectuar pagos ni afectar fondos públicos a tal efecto, y mucho menos a través de sospechosos decretos, donde la urgencia no está justificada como lo hemos visto en los párrafos anteriores. Al respecto no es ocioso recordar que el más Alto Tribunal estableció un elemental principio que es que los actos deben ser regulares en el sentido de reunir las condiciones esenciales de validez, debiendo tener la ausencia de error grave de derecho (CSJN, Fallos 258:299, 301) Para no abundar excesivamente en cuestiones que de sobra conoce V.S. además de todas las ilegalidades que conlleva el decreto cuestionado, el mismo es producto de la más clara arbitrariedad, ya que como lo señala Gordillo se prescinde de hechos probados (Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo,, FDA. Buenos Aires 2007 Tº III, IX-34) Y la prueba es la sentencia judicial dictada el 13 de julio de 2000, y las actuaciones a que se hiciera referencia en los párrafos anteriores. Que el artículo 248 del Código Penal establece penas para "el funcionario público que dictare resoluciones u ordenes contrarias a las constituciones o las leyes nacionales" En el presente caso, y aún extremando la prudencia crítica, es evidente que la disposición de estos fondos del Banco Central, se ha efectuado con desconocimiento del estado de derecho al pretender modificar una ley, mediante un decreto de necesidad y urgencia, no existiendo ni la necesidad ni la urgencia para hacerlo, pero un hecho grave lo constituye - como ya lo sostuviéramos- el afectar fondos del Banco Central -es decir de toda la comunidad argentina- para pagar una deuda que solo deberá ser considerada legal, una vez que la justicia se pronuncie, luego de las pericias y tramites que faltan realizar. Al desconocer estos procesos judiciales, al desconocer una sentencia judicial pasada en autoridad de cosa juzgada, la Presidenta de la Nación, los ministros firmantes del decreto y los diputados que han dado su opinión favorable al mismo, están violando los deberes de funcionarios públicos que les fueran confiados, ya que de esa manera niegan palmariamente la potestad del poder judicial de determinar sobre la legalidad de los contratos de deuda pública que han sido materia de las denuncias citadas. Además todo este contexto de ilegalidad se agrava, porque en una de las causas, la del denominado megacanje, existen procesamientos firmes, y la inminencia de una sentencia del Tribunal oral que confirme la existencia de los delitos denunciados, y finalmente el DNU 2010, contradice en forma expresa la Carta Orgánica del Banco Central, en cuanto, que la misma establece en su artículo 3ª, párrafo cuarto que esta institución no podrá asumir obligaciones de cualquier naturaleza sin autorización del Congreso. El hecho de que el Poder Ejecutivo emita una letra a diez años por el importe destinado al Fondo del Bicentenario para compensar la disposición de esas reservas, en modo alguno relativiza el incumplimiento de las disposiciones de la Carta Orgánica (Ley 24.144). Además existe una errónea cita del artículo 33, como si de esa manera se justificara la emisión de la letra, debido a que ese artículo establece que " El Banco podrá mantener una parte de sus activos externos en depósitos u otras operaciones a interés, en instituciones bancarias del exterior o en papeles de reconocida solvencia y liquidez pagaderos en oro o en moneda extranjera" En el presente caso no se trata de una operación convencional donde el Banco Central efectúa un depósito de alguno de sus activos en instituciones del exterior en papeles de reconocida solvencia y liquidez, sino de una clara imposición del Poder Ejecutivo que a través de un decreto dispone de fondos que no le son propios. También debemos decir que en la torpe redacción del decreto cuestionado se incurre en claras inexactitudes ya que en la parte final del mismo se dice que la letra que se otorgará como contraprestación no está incluida en las prohibiciones de los arts. 19 y 20 de la Carta Orgánica del Banco Central (Ley 24.144), cuando si lo está. Y decimos esto porque el artículo 19 establece la prohibición de efectuar préstamos al gobierno nacional, y si bien el artículo 20 permite el realizar adelantos transitorios, que no excedan el 12% de la base monetaria, estos adelantos tienen que ser devueltos a los doce meses contados en que fueran efectuados. Mediante lo dispuesto en el DNU, la letra se emite a diez años, y naturalmente nada tiene que ver con la expresa disposición del artículo 20. Pareciera que la simple voluntad del Poder Ejecutivo pudiera cambiar el significado taxativo de la ley, convirtiendo los doce meses en diez años porque de otra manera no se entiende que se realice una interpretación que no se corresponde de manera alguna con la realidad de lo que el texto señala, salvo que la alquimia hermenéutica del Poder Ejecutivo transforme los textos de acuerdo a su conveniencia específica. Señor Juez: La presentación de esta denuncia está totalmente despojada de cuestiones partidistas, aunque los denunciantes integremos una conocida fuerza política. En el texto que elevamos a su consideración no existen críticas a decisiones gubernamentales que no son susceptibles de consideración judicial, por ser actos propios del Poder Ejecutivo, como si se ha hecho en otras acciones judiciales que se han presentado. Nos hemos limitado a señalar los hechos con absoluta objetividad, mostrando como se ignoran la causas que lleva adelante el Poder Judicial, como se ha desconocido una sentencia firme; como se ha violentado la Carta Orgánica del Banco Central, haciéndole decir lo que ésta no dice, como a través de un manejo arbitrario de la administración del Estado, se desconoce el ordenamiento jurídico, y como se pretende disponer de fondos de toda la ciudadanía, como si fueran propios del Poder Ejecutivo. Creemos que no puede aceptarse el manejo discrecional de los fondos públicos, y la violación impune de la ley y de la Constitución de la Nación, por eso recurrimos al Tribunal, esperando que se aplique la ley de conformidad con los elementos aportados. Santo Tomas de Aquino, nos decía que la " corrupción de la justicia tiene dos causas: la astucia del sapiente que falsifica el recto enjuiciamiento, y la violencia de los poderosos que subvierte lo que es justo." Creemos que ha llegado la hora de que la justicia haga oír su voz, y a través de la competencia que le acuerda nuestro texto constitucional, controle decididamente aquellos actos del poder político, que han quebrantado el ordenamiento jurídico, para restablecer ese orden. Entendemos de la inusual gravedad que representa esta denuncia, pero no tenemos otra alternativa si queremos defender a la Constitución y a la República. Por todo lo anteriormente expuesto a V.S. solicitamos: 1.- Se nos tenga por presentados, por constituído el domicilio legal y por efectuada la presente denuncia. 2.- Dada la urgencia de esta presentación, debido a los hechos que son de dominio público, se habilite la feria judicial a los efectos que intervenga el Juez de turno que corresponda, para la instrucción de la presente causa. 3.- Se nos cite con carácter urgente a la ratificación de la denuncia, y se de vista al Fiscal que corresponda. 4.- Se requiera con carácter urgente al Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2, interinamente a cargo del Dr. Eduardo Martínez de Giorgi, por la Secretaría Nº 4, a que remita copia de la sentencia recaída en la causa 14.467, y certifique sobre el estado de la restantes causas que hemos mencionado en los párrafos anteriores. 5.- Hacemos expresa reserva de constituirnos en parte querellante, ya que los fondos públicos afectados pertenecen al pueblo de la Nación, y nosotros representamos a parte del mismo, siendo nuestro deber velar por los derechos fijados en la Constitución de la Nación. 6.- Se instruya el correspondiente proceso Proveer de Conformidad SERA JUSTICIA

 

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Mariano 9 de enero de 2010 04:09
La 'nota' que dice "Tenemos una democracia representativa" es de una ignorancia absoluta. Cualquier versado en ciencia política diría que es mera opinión.

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