Se cumplen 25 años de la sanción en las Naciones Unidas de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Aquel 20 de noviembre de 1989 marco un hito en la protección de la infancia y la adolescencia. En Argentina se plasmó en grandes logros en salud y educación, aunque quedan retos por cumplir como la implementación del Defensor de los Derechos del Niño.
“La Convención de los Derechos del Niño se sancionó en un contexto difícil, en pleno auge de las políticas neoliberales, y marcó un cambio ideológico porque abandonó al sistema tutelar, esto es la idea de que los niños son objetos y los adultos debemos decidir por ellos, para pasar a un sistema que le reconoce todos sus derechos y les da voz”, recordó Nora Schulman, directora ejecutiva de la Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CASACIDN).
La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CDN) fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, ratificada en nuestro país por ley 23.849 en septiembre de 1990 e incluida en la Constitución Nacional en la reforma de 1994.
“Durante más de 15 años las organizaciones trabajamos incansablemente para poder ‘bajar’ los conceptos de la Convención a una ley que permitiera su aplicación, y esto lo conseguimos recién en 2005, con la sanción de la Ley 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, detalló Schulman.
Un año antes de la sanción de la ley nacional, las organizaciones que venían trabajando en forma conjunta por la aplicación del tratado internacional lanzaron oficialmente el CASACIDN, integrado por unas 25 ONG’s independientes del Estado argentino y de los organismos internacionales.
“Elaboramos un primer informe en 1994 y la situación en Argentina era un desastre pero, además, las instancias de diálogo con el Estado eran nulas. Los avances que se hicieron en estos años en cuanto a la creación de una institucionalidad acorde a la Convención fueron enormes”, afirmó Schulman y añadió: “Hoy nos faltan ajustar muchas cosas, pero existe una posibilidad de diálogo y esto es fundamental para la sociedad civil”.
Pero más allá de los avances en la sociedad civil, hoy existe una política pública de reconocimiento de los derechos de los chicos, de creación de los organismos correspondientes a lo que requiere la Convención y la Ley 26.061, incluso en los diseños de programas por parte del Ministerio de Desarrollo Social, y de su Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).
Entre los temas pendientes, están “la necesidad de crear la institución del Defensor de los Derechos del Niño, que sería clave en cuanto al resguardo de derechos en forma colectiva. También falta una Ley Penal Juvenil que nos permita evitar el encierro de tantos jóvenes y, fundamentalmente, queda todavía pendiente un gran cambio cultural”, djo Schulman.
“Este cambio cultural es necesario en toda la sociedad, pero fundamentalmente en la Justicia, donde vemos que todavía existe resistencia a escuchar al chico, o bien se los obliga a revincularse con sus padres denunciados de abuso”, concluyó.
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En el marco de esta conmemoración, el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CASACIDN) organiza el Seminario “Perspectivas, miradas y desafíos a 25 años de la aprobación de la CIDN”. El mismo se realizará el próximo Martes 25 de noviembre a las 14 hs, en el Centro Garrigós ubicado en Paz Soldán 5200 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sobre el CASACIDN
Desde su constitución en 1991, el CASACIDN se ha consolidando como un espacio de articulación de acciones y propuestas estratégicas para la incidencia en políticas públicas, y para la difusión y promoción de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
Una de las tareas fundamentales del CASACIDN es la construcción de herramientas que permitan recopilar y difundir información para brindar un panorama global de la aplicación de la CIDN y movilizar a la comunidad en la defensa activa de los derechos de los chicos y chicas.
Nuestra misión es contribuir al cumplimiento efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a través de una tarea permanente de capacitación, sensibilización, denuncia y vigilancia del cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN).
La Convención sobre los Derechos del Niño
Este tratado reconoce a los niños, niñas y adolescentes como ciudadanos y ciudadanas con derechos que deben ser garantizados y obliga a los Estados que lo ratifican a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la Convención.
La Argentina incorporó la CDN a su derecho interno en 1990 y desde la reforma constitucional en 1994 ese instrumento jurídico forma parte de la Constitución Nacional. A pesar de estos avances significativos, el país tardó muchos años en realizar su proceso de reforma legislativa y producir la adecuación normativa en materia de protección de los derechos de la infancia. Varias provincias fueron promulgado sus propias leyes de protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia y en septiembre de 2005 el Congreso de la Nación sancionó la Ley nacional 26061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que derogó el Patronato.
Numerosos actores (especialistas, académicos, técnicos, sindicatos) participaron para cambiar el viejo paradigma, siendo relevante el papel jugado por la sociedad civil en el proceso de movilización social.
La ley de Protección integral de los Derechos de niños, niñas y adolescentes
La ley 26061, promulgada el 26 de octubre, crea un sistema de protección de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes del país, en cuya base se encuentra el conjunto de políticas públicas básicas y universales para el pleno desarrollo de los chicos en todas las áreas: educación, salud, cultura, recreación, participación ciudadana, etc.; y define las responsabilidades de la familia, la sociedad y el Estado en relación con esos derechos.
La ley compromete al Estado a garantizar a todos los niños y niñas argentinos el pleno acceso a las políticas, la gratuidad y la prioridad en la atención y la permanencia en ellas a lo largo de todo su crecimiento.
Los ejes centrales de las políticas básicas y universales definidas en la ley son el fortalecimiento del rol de la familia; la descentralización de los programas y los organismos de aplicación; la promoción de la gestión asociada entre organismos gubernamentales y sociedad civil; y la constitución de organizaciones para la defensa y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
La ley prevé, frente a situaciones de amenaza o violación de derechos, la aplicación de medidas de protección integral o políticas públicas específicas dirigidas a restituir los derechos vulnerados y a reparar las consecuencias. El órgano administrativo debe diseñar estas medidas y dar prioridad a las que tengan por finalidad la preservación y el fortalecimiento de los vínculos familiares.
Este instrumento legal expresa claramente que la falta de recursos materiales de los padres, de la familia, de los representantes legales o responsables de las niñas, niños y adolescentes, ya sea circunstancial, transitoria o permanente, no autoriza la separación del niño de su ámbito familiar, ni su institucionalización. Cuando la amenaza o violación de derechos sea consecuencia de necesidades básicas insatisfechas, las medidas de protección deben ser los programas dirigidos a brindar ayuda y apoyo incluso económico para mantener los vínculos familiares.
