En la región de CABA, durante el primer bimestre de 2017 se registraron un total de 74 conflictos: 39 durante el mes de enero, 35 durante el mes de febrero, es decir, más de un conflicto por día. Se adicionan los 44 casos suscitados en 23 días de marzo, que duplican la tasa de conflictividad: casi dos conflictos por día.
En diciembre último el presidente Mauricio Macri expresaba en radio Mitre que «La gente tiene razón. En la Capital Federal, que es el epicentro de los piquetes, le he dicho (a Rodríguez Larreta) que los ciudadanos en 2017 esperan un comportamiento distinto del Gobierno de la Ciudad, esperan un límite distinto».
De allí en más, en Gobierno ha intentado instalar en la agenda pública la necesidad de combatir los reclamos que producen cortes de calles y afectan la circulación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llegando incluso el actual jefe de Gobierno a asumir «su» responsabilidad en terminar con los cortes.
Lo llamativo de la instalación de la problemática reside en que en ningún momento plantea reflexionar sobre las razones de la conflictividad sino que se sustenta en trabajar exclusivamente sobre los métodos utilizados en la protesta. Tal como se percibe en las menciones anteriores, el eje de la solución en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires no reside en resolver algunos de los problemas que originan el reclamo sino en encontrar el mecanismo para que el reclamo sencillamente no llegue a las calles de la ciudad.
Posiblemente la razón de esta actitud se afirme en la convicción del partido gobernante de que tales reclamos constituyen un “efecto colateral” de sus propias políticas. De hecho, el columnista de La Nación Carlos Pagni a raíz de la discusión sobre la Ley de Responsabilidad Fiscal, diagramó esta hipótesis al mencionar recientemente que “si la protesta en la calle es porque se está discutiendo la educación, se está discutiendo la racionalidad del gasto, se está discutiendo la racionalidad económica, y yo, si soy inversor, no voy a ser tan ingenuo de creer que se va a discutir eso y no va a haber protestas en la calle”.
Conflictividad
En virtud de precisar el análisis de esta creciente conflictividad, que asciende a 118 conflictos entre el 1 de enero y el 23 de marzo, resulta clave indicar que el 70% de estos conflictos se corresponde con el ámbito laboral y el 30% con los conflictos sociales.
Las principales estrategias de los actores sociales en el período mencionado ha sido la “movilización y concentración” (33,9%), “los cortes de calle/ruta” (21,1%), el “estado de alerta y movilización permanente” (14,4%), y el “paro con movilización” (10,2%). Con menos relevancia, se produjeron “paros sin movilización” (5,9%), “toma de espacios” sean públicos o privados (4,2%) y ollas populares (1,7%), ésta última con fuerte peso durante el año pasado.
Entonces, si se suman los métodos que afectan la circulación en la vía pública, representan más del 71% de los casos de conflictos, por lo que se explica la creciente preocupación del gobierno nacional y de la ciudad de Buenos Aires para regular esta forma de protesta.
Ahora bien, al analizar las causas de la conflictividad, se observa que han sido las propias políticas de Cambiemos las que han generado problemáticas laborales y sociales. En CABA durante los meses de enero, febrero y 23 días de marzo de 2017 se registran 118 conflictos de los cuales 84 fueron afectaron la circulación de la vía pública. Del total de estos últimos, 27,3% estuvieron relacionados con reclamos por despidos, 16,9% relacionados con readecuación salarial e incumplimiento de acuerdos, 6,5% se vincularos con conflictos por condiciones de trabajo y casi 4% con atrasos en los pagos. A todo esto, afín al mundo laboral, se deben adicionar 7,8% de conflictos relacionados directamente con el cuestionamiento a las políticas de ajuste implementadas por Cambiemos y 13% que se corresponden con reclamos por el aumento de las tarifas de servicios públicos.
El análisis en torno a las causas de la conflictividad resulta central para evitar la focalización del debate en torno a la metodología de la protesta, que impide revisar razones profundas, actores, y fisonomía de la misma. En este sentido, resulta imprescindible destacar que el eje de la solución planteada por el Gobierno Nacional y local, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, no reside en resolver algunos de los problemas que originan el reclamo sino en encontrar el mecanismo para que tales demandas sencillamente no lleguen a las calles de la Ciudad.
Conclusiones
En la región de CABA, durante el primer bimestre de 2017 se registraron un total de 74 conflictos: 39 durante el mes de enero, 35 durante el mes de febrero, es decir, más de un conflicto por día. Se adicionan los 44 casos suscitados en 23 días de marzo, que duplican la tasa de conflictividad: casi dos conflictos por día.
En virtud de precisar el análisis de esta creciente conflictividad, que asciende a 118 conflictos entre el 1 de enero y el 23 de marzo, resulta clave indicar que el 70% de estos conflictos se corresponde con el ámbito laboral y el 30% con los conflictosmsociales.
Las principales estrategias de los actores sociales en el período mencionado ha sido la “movilización y concentración” (33,9%), “los cortes de calle/ruta” (21,1%), el “estado de alerta y movilización permanente” (14,4%), y el “paro con movilización” (10,2%). Con menos relevancia, se produjeron “paros sin movilización” (5,9%), “toma de espacios” sean públicos o privados (4,2%) y ollas populares (1,7%), ésta última con fuerte peso durante el año pasado.
Entonces, si se suman los métodos que afectan la circulación en la vía pública, representan más del 71% de los casos de conflictos, por lo que se explica la creciente preocupación del gobierno nacional y de la ciudad de Buenos Aires para regular esta forma de protesta.
Ahora bien, al analizar las causas de la conflictividad, se observa que han sido las propias políticas de Cambiemos las que han generado problemáticas laborales y sociales. En CABA durante los meses de enero, febrero y 23 días de marzo de 2017 se registran 118 conflictos de los cuales 84 fueron afectaron la circulación de la vía pública. Del total de estos últimos, 27,3% estuvieron relacionados con reclamos por despidos, 16,9% relacionados con readecuación salarial e incumplimiento de acuerdos, 6,5% se vincularos con conflictos por condiciones de trabajo y casi 4% con atrasos en los pagos. A todo esto, afín al mundo laboral, se deben adicionar 7,8% de conflictos
relacionados directamente con el cuestionamiento a las políticas de ajuste implementadas por Cambiemos y 13% que se corresponden con reclamos por el aumento de las tarifas de servicios públicos.
El análisis en torno a las causas de la conflictividad resulta central para evitar la focalización del debate en torno a la metodología de la protesta, que impide revisar razones profundas, actores, y fisonomía de la misma. En este sentido, resulta imprescindible destacar que el eje de la solución planteada por el Gobierno Nacional y local, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, no reside en resolver algunos de los problemas que originan el reclamo sino en encontrar el mecanismo para que tales demandas sencillamente no lleguen a las calles de la Ciudad.
