El Gobierno nacional oficializó este viernes el veto a la ley de emergencia tarifaria (N° 27.443), a través del Decreto 499/18, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabiente, Marcos Peña, y el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren.
Mauricio Macri comunicó oficialmente al Congreso este jueves el veto a la ley de emergencia tarifaria sancionada en el Senado durante la madrugada. El presidente focalizó sus argumentos en la falta de potestad del Congreso para fijar tarifas y en el costo fiscal de 115 mil millones de pesos” del proyecto aprobado por impulso de la oposición.
Con los mismos argumentos comunicados ayer al Parlamento, el Ejecutivo defendió su política tarifaria y cuestionó el costo fiscal que implicaría la iniciativa opositora. En ese sentido, señaló que “el proyecto de ley sancionado no contempla el impacto fiscal de la medida”.
El Gobierno cita un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, según el cual la norma “tiene un costo fiscal de 65.886 millones de pesos” durante 2018, pero “deben agregarse las variaciones del tipo de cambio ocurridas desde abril de 2018, el aumento del precio internacional del petróleo crudo en igual período y sus impactos sobre los subsidios”.
Por eso, el decreto sostiene que el costo fiscal total “superaría la suma de 115 mil millones de pesos” para este año, “monto que representa aproximadamente el 0,8% del Producto Interno Bruto (PIB)”.
En los fundamentos del veto también se enfatiza que “la norma sancionada significa un avance del Poder Legislativo sobre atribuciones propias del Poder Ejecutivo Nacional”.
Macri asimismo defendió su gestión energética, al indicar que “las políticas adoptadas desde diciembre de 2015 disponen un proceso de recomposición paulatina del régimen tarifario, que permita salir del sendero de dispendio (de subsidios y consumo), restablecer un régimen tarifario justo y equitativo, alentar la producción, lograr inversiones que mejoren los servicios y hacer un uso responsable de recursos energéticos, reduciendo impactos negativos sobre el ambiente”.
En cambio, la ley impulsada por la oposición “propone regresar a una política contraria al desarrollo y al uso racional y sustentable de los recursos naturales; una política violatoria del derecho humano a un ambiente sano, y que impide además la provisión de servicios públicos eficientes y de calidad”, consideró.
En otro pasaje del decreto, el Gobierno también subrayó que la sanción de esta norma “implica un límite a la discrecionalidad del Poder Legislativo, que debe actuar con sensatez institucional, de forma responsable, cuidando de no emitir disposiciones cuya aplicación sea inconveniente para las cuentas públicas, o que contradigan la proyección de ingresos y distribución de gastos prevista en el Presupuesto Nacional, redundando finalmente en un perjuicio para la sociedad en su conjunto”.
LAS PYMES RECHAZAN FALSOS PALIATIVOS QUE PERJUDICAN AL MERCADO INTERNO
La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) advierte que los “paliativos” que propone el Gobierno para afrontar los aumentos de energía no modifican el carácter abusivo, irrazonable e inequitativo del actual esquema tarifario, que se comenzó a aplicar desde hace dos años.
Medidas como el pago en cuotas con intereses de las tarifas del gas o la quita de impuestos locales sobre las facturas, no resuelven la cuestión de fondo, que es la falta de sustentabilidad del sistema para la mayoría los usuarios, las Pymes y las economías regionales, que hoy no pueden afrontar los servicios básicos para sostenerse.
La opción vinculada con rebajas impositivas municipales y provinciales no incidirá en el desproporcionado costo tarifario que deben afrontar empresas y usuarios residenciales, pero sí ocasionará una baja en la recaudación de las administraciones que apliquen la medida, las que deberán achicar su nivel de gasto público con el consiguiente impacto negativo en el mercado interno.
El actual esquema tarifario tiene como base una lógica de transferencia de recursos por parte del conjunto de la ciudadanía, el trabajo y la producción, hacia un grupo de grandes empresas que ven incrementarse sus ganancias mientras disminuyen tanto la producción como el consumo energético. En contrapartida, existe un conglomerado productivo compuesto por las Pymes, las cooperativas y la economía social está siendo gravemente perjudicado por aumentos desmedidos que se suman a los constantes incrementos en combustibles, transportes, peajes e insumos. peajes e insumos. En el caso de las economías regionales, se suma el revalúo fiscal de las tierras, que no distingue entre economías familiares y grandes conglomerados agropecuarios.
A su vez estas empresas ven disminuir sus ventas en un mercado interno deprimido por la caída constante del poder adquisitivo de la población, que no puede afrontar el peso de los servicios sobre sus ingresos en un marco de cierres y despidos masivos, precarización laboral y proyección inflacionaria anual del 25 %. APYME afirma que esta situación no es fruto de políticas “erradas”, sino de un modelo económico donde la industria nacional tiende a desaparecer y las economías regionales se deterioran día a día en beneficio de algunos sectores especulativos, de servicios y de grandes exportadores.
Las Pymes, que trabajan e invierten en el país, hoy están cerrando sus puertas junto con sus trabajadores en un marco de emergencia social y productiva que el Gobierno busca ignorar. Esto se refleja en lo que ocurre en el día de hoy. Mientras que en el Congreso se bloquea la discusión de proyectos que buscan frenar los aumentos de tarifas, frente a la Legislatura hay colas para recibir 5.000 kg de pan que regalan Pymes afectados por la emergencia.
APYME continuará reclamando, junto con los sectores del trabajo y la producción, la revisión del actual régimen tarifario, la retracción de las tarifas a fines de 2017 y la suspensión de aumentos por un periodo que permita rediscutir los fundamentos del sistema y la aplicación segmentada de futuros incrementos en función de un verdadero desarrollo productivo con equidad social.
Es preciso revertir la lógica del “mercado” y aplicar en cambio una lógica productiva y social, que impulse el desarrollo de las Pymes y del consumo en el mercado interno, al tiempo que se respetan los derechos de la ciudadanía al trabajo y a una vida digna.
Consultora Tendencias
Consultora Tendencias el 28 de mayo realizó una nueva encuesta de opinión en la provincia de Buenos Aires, donde no solo indagó sobre la imagen de los principales referentes políticos sino también sobre los principales problemas políticos y económicos.
En cuanto a la gestión del gobierno nacional, el 43.4% de los encuestados sostienen que es muy mala, el 15.6% mala y el 8.6% regular mala. Con respecto a la gestión del gobierno de María Eugenia Vidal, el 27.1% la calificó como muy mala, el 16.2% como mala y el 10.6 como regular negativa.
Con respecto a la imagen de los principales referentes, Mauricio Macri tiene una imagen negativa del 50.7% y 15.2% regular. María Eugenia Vidal un 43.7% negativa y un 17.1% regular. En tanto Cristina Fernández de Kirchner 44.5% negativa y 13.1 regular.
Consultora Tendencias preguntó sobre el aumento de tarifas y el 61% de los bonaerenses manifestó que “son excesivos e injustificables”. En tanto cuando se les preguntó sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el 60% señaló que “perjudicará al país”.
Con respecto al conflicto con los metrodelegados, el 55,98% de los encuestados expresó que las detenciones estuvieron mal ya que “los trabajadores tienen derecho a manifestarse” y el 52% señaló que el reclamo es justo.
Consultora tendencias también consultó a los votantes bonaerenses sobre la legalización del aborto y un 52% se mostró a favor.
