El gobierno de Mauricio Macri reclamará ante la Justicia que el predio que ocupa la Sociedad Rural en Palermo vuelva al Estado.
Vil significa, que actúa con gran maldad, de un modo bajo y despreciable y sin escrúpulo alguno. Precio vil: Se dice del precio notoriamente inferior al real o de mercado y que es consecuencia de vicio del consentimiento o de la ignorancia. Juridicamente “El inferior” no sólo al valor justo o real, sino al de costo, con lo cual el vendedor sufre una pérdida o lesión. En ocasiones resulta conveniente para el comerciante, a fin de renovar generos o librarse de cosas que por su estado o la moda no tendrán salida de conservarlas con precios normales.
En las transacciones ordinarias, el precio vil no permite hablar de compraventa, sino de donación o de algún otro contrato simulado. Tal seria vender una gran casa por unas simples monedas.
Esta petición es el principal reclamo del juicio oral y público que comenzará el 6 de junio próximo contra el ex presidente Carlos Menem y su ex ministro de Economía Domingo Cavallo, entre otros, acusados de vender sin autorización parte del Parque Tres de Febrero a la Rural por el precio considerado «vil» de 30 millones de dólares en 1991, una cuarta parte de su valor real. Ese dinero debía pagarse en cuotas y la Sociedad Rural solo pagó seis cuotas y media, según los cálculos del Ejecutivo.
La fiscalía, a cargo de Gabriela Baigún, irá no solo contra los ex funcionarios y los directivos de la Sociedad Rural que realizaron la operación sino también reclamará que el predio de Palermo regrese al patrimonio del Estado, dijeron fuentes judiciales a La Nación.
El mismo reclamo realizará la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que es querellante en la causa como organismo que depende de la Jefatura de Gabinete de ministros, a cargo de Marcos Peña.
«Se compró a derecho», señaló Pelegrina en declaraciones a la prensa. Añadió que hubo «una oferta del gobierno de entonces» y que esa oferta era tanto para la entidad como un eventual otro interesado. El dirigente señaló que los abogados de la entidad están siguiendo el tema, pero remarcó: «Está todo aclarado». Además, Pelegrina se refirió a los rumores sobre el freno a la baja de las retenciones en la soja (hoy en una tasa del 27,5% y con un esquema de reducción mensual del 0,5% desde enero pasado) y pidió que el campo tenga la «calle despejada» frente a las versiones.
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ANTECEDENTES
La Sociedad Rural Argentina, fundada en 1866, ocupa el terreno de Palermo desde 1878 por un acuerdo con el Estado, que se lo vendió en 1991, durante la presidencia de Carlos Menem. La contestación de demanda que presentó la Procuración de la era Macri, que tiene fecha del 21 de abril del año pasado y lleva la firma del jefe de ese organismo, Carlos Balbín; de la subprocuradora, Susana Vega, y de los abogados Arturo Abriani y María Fernanda Arcuri, coincide con Cristina Kirchner en la “invalidez” del decreto de Menem (el 2699). “Este decreto es nulo de nulidad absoluta e insanable, es decir, un acto irregular”, afirma el documento, y enumera entre los “vicios” que no se haya calculado el valor del terreno a través del Tribunal de Tasaciones de la Nación, como exigía la ley 21.626, sino mediante una estimación de los bancos Hipotecario y Ciudad y de un consorcio de inmobiliarias. “El precio de la venta fue «vil», considerando el valor del Predio Ferial de Palermo”, agrega.
Otra de las objeciones de la Procuración es que para el traspaso se haya utilizado el sistema de contratación directa, un mecanismo que define como excepcional, sin justificar para eso “circunstancias técnicas, sociales, económicas o de interés general” que lo ameritaran, algo que tampoco se hizo para explicar el “diferimiento del pago”. También que el predio se haya utilizado con fines comerciales y la celeridad con que se conformó la sociedad para adquirirlo: “Si bien formalmente se justificó que la venta se hacía por contratación directa porque la entidad adquiriente utilizaría el bien «con destino exclusivo al cumplimiento de sus fines estatutarios», los actores de la operación sabían que utilizando una sociedad anónima que conformaron el mismo día de la venta destinarían el bien a una finalidad comercial”.
En otro de los apartados, la Procuración afirma que es válido el decreto de Cristina Kirchner (el 2552). La entonces presidenta lo firmó el 19 de diciembre de 2012 con el objetivo de recuperar el terreno, decisión que en su momento anunció el entonces jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, con el argumento de que la venta se había concretado “en una situación irregular por parte de la Sociedad Rural Argentina”. La medida se concretaba en un entorno de controversias entre el Estado y la entidad agropecuaria y políticamente convulsionado, en medio de saqueos a supermercados antes de la Navidad. Un año y medio antes, en junio de 2010, en una causa penal iniciada por la Asociación de Amigos del Lago de Palermo, entidad que también reclama el inmueble, el juez Sergio Torres había dictado varios procesamientos con un duro argumento: “Se han reunido elementos para sostener que estamos ante un concierto de voluntades que tuvo por fin sustraer del patrimonio del Estado nacional el inmueble en el cual se ubica el Predio Ferial de Palermo, y en ello han intervenido funcionarios de la administración central y dirigentes de la Sociedad Rural Argentina”. El precio calculado en la etapa de instrucción de esa causa, 131,8 millones de dólares, fue incluido entre los considerandos del decreto de Cristina Kirchner.
