“Sé de las credenciales republicanas de Gerardo Morales. Nunca interferiría en el accionar judicial. No es el gobernador, sino la Justicia la que ordenó la detención de Milagros Sala”, dijo el diputadonacional y presidente del comité de la UCR de la provincia de Buenos Aires Ricardo Alfonsín a raíz de la detención de la dirigente jujeña imputada por los delitos de «instigación a cometer ilícitos y tumulto»,.
“La ley debe ser cumplida por todos. Sólo puede decir que hay persecución política, quien cree que existe un «derecho a violar la ley». Ese derecho, naturalmente, no existe en ningún lugar del mundo. Si no estamos de acuerdo con la ley, debemos cambiarla. Violarla no es el camino. Lo mismo he dicho en casos similares durante el anterior gobierno”, señaló Alfonsín.
“Desde luego, a Milagros Sala debe contar todas las garantías y derechos constitucionales para demostrar su inocencia”, dijo el diputado radical.
Morales
«Una orden judicial nos obligaba a actuar y detener a Sala, que fue lo que se hizo» señaló Morales, en una conferencia de prensa realizada a última hora de ayer, luego de que Milagro Sala fuera detenida en horas del mediodía y alojada en la Comisaría de la Mujer de Jujuy por disposición del juez Raúl Gutiérrez, por el acampe en plaza Belgrano.
Al respecto de la protesta que lleva más de un mes, el mandatario provincial agregó que «más allá del acampe, existe un trasfondo de amenazas, persecuciones y extorsiones».
En ese sentido, señaló que el gobierno puso en marcha un plan de regularización de las cooperativas con todo el aparato gubernamental a disposición, por el que “607 cooperativas registradas así lo entendieron”, lo que “nos permite asegurar que el acampe está íntimamente vinculado a una cuestión política, en el marco de una actitud destituyente».
Por otra parte, Morales anunció que mañana presentará ante la justicia nuevas denuncias penales contra la dirigente jujeña, esta vez, acusándola por el destino de 29 millones de pesos.
«Cada día que pasa reivindicamos más la decisión de cumplir la ley. Es por ello que el lunes ampliaremos las denuncias por el destino de los últimos 29 millones de pesos que se llevaron organizaciones sociales», sostuvo.
En ese marco explicó que «hay 19 expedientes más por los cuales no pueden rendir cuentas y, por lo tanto, ameritarán otras 19 demandas penales».
Finalmente, el gobernador recibió el apoyo de intendentes y jefes comunales radicales quienes emitieron un documento, el cual indica: «como autoridades municipales electas y con responsabilidades de gobierno diarias en nuestras jurisdicciones, entendemos que la Justicia actuó conforme a Derecho”.
Entre las autoridades se encuentran los funcionarios de los municipios de San Salvador de Jujuy, de San Pedro, Libertador General San Martín; José Acuña, La Esperanza, Palpalá, Yala, La Quiaca, El Talar, Humahuaca, Santa Ana, Monterrico, Tres Cruces, Puesto Viejo, Rodeíto, Puesto del Marqués, La Mendieta, Caimancito, y Susques.
