¿Dónde está la democratización de la palabra? ¿Donde figuran en la ley los medios vecinales, barriales, o cooperativos? Todo el poder para las grandes empresas. Los pequeños medios no figuran en la ley.
La Cámara de Diputados aprobó en general por 131 contra 97 votos el proyecto de Argentina Digital, que apunta a garantizar el acceso de todos los ciudadanos a los servicios de telecomunicaciones, en condiciones sociales equitativas.
El proyecto fue aprobado en general por 131 votos que fueron aportados por el Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro, Frente Cívico de Santiago del Estero, Movimiento Popular Neuquino, el Movimiento Solidario Popular, y el Frente por la Inclusión Social.
En tanto, un heterogéneo grupo de bancadas opositoras conformadas por fuerzas políticas de centroderecha, radicales, socialistas, massistas y trotskistas reunieron 97 sufragios por el rechazo al proyecto promovido desde el gobierno.
La sanción del proyecto de Argentina Digital fue festejado por trabajadores empresarios del gremio de los telefónicos (Foetra) que se encontraban observando el debate en los palcos destinados a los invitados y estaban vestidos como empresarios.
Tras casi cuatro horas de debate y tras la aprobación en general, el plenario de diputados en un trámite rápido realizó la votación en particular de cada uno de los capítulos que conforman esta estratégica iniciativa.
El debate del proyecto de Argentina Digital fue abierto por el presidente de la comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados, Mario Oporto (FPV), quien defendió la iniciativa, al señalar que con el mismo se pretende “profundizar este camino de justicia social con inclusión digital” y que “no hay acceso definitivo a la democratización si no hay acceso libre a las telecomunicaciones”
Para el diputado por la provincia de Buenos Aires, en materia de telecomunicaciones “el Estado juega un rol importante, el papel de tener que regular el control del sistema, y a eso apunta esta legislación”.
“El Estado debe jugar y no dejar todo en papel del mercado; porque la intervención del sector público es imprescindible porque los actores son muy grandes”, aseveró el diputado oficialista.
Desde el radicalismo, el jujeño Miguel Guibergia dijo que este proyecto «modifica peligrosamente las reglas de juego» y se quejó del apuro del oficialismo por sancionar el proyecto al afirmar que el FPV «evitó el debate».
En tanto, la massista Graciela Camaño afirmó que «es necesario actualizar la ley de telecomunicaciones», pero se quejó de que «este cuerpo que representa al pueblo no pueda cumplir con su funcionar de ser cámara revisora» y dijo que «no va a generar competencia ni inversiones» y tiene «contiene facultades delegadas al gobierno anticonstitucionales».
Por su parte, el macrista Federico Pinedo dijo que le pareció «vergonzoso el trámite del proyecto de ley» porque «los representantes del pueblo no tuvimos oportunidades ni derecho de poder los representantes del pueblo incluir modificaciones».
El proyecto apuesta a garantizar la «completa neutralidad de las redes con la finalidad de posibilitar el acceso» de todos los argentinos «a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas».
Además tiene como objetivo apuntalar la competencia entre empresas de servicios, dado que una firma pyme o una cooperativa que provee internet podrá llegar a cualquier hogar del país aunque no tenga infraestructura propia.
Por ello, los clientes podrán elegir al prestador de los servicios sin importar cuál de ellos llega con infraestructura propia al hogar.
Asimismo, se establece que para el Estado argentino las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) resultan fundamentales para el desarrollo social y por ello debe garantizarse su acceso para todos los ciudadanos sin importar condiciones geográficas o socioeconómicas.
En otro sentido, se propone reestructurar los servicios incluidos en el concepto de «Servicio Universal» que deberán tener el mismo precio y la misma calidad en todo el país.
Además, define como «servicio público en competencia» a las TIC. El objeto de regulación incluye desde redes troncales hasta bocas de acceso de los hogares, mencionadas como «última milla» o «bucle local».
Los TIC tendrán la obligación de suministrar acceso e interconexión a otros operadores.
Pero todo uso de infraestructura compartida deberá ser previamente autorizado por la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), creada por esta ley.
Esa repartición también definirá qué operadores deben «desagregarse de la red local» o sea obligar a los que tienen una posición dominante a no brindar servicios domiciliarios y abrir su red a otros.
Además, el proyecto propone crear un Consejo Federal de las TIC.
El proyecto permite a las telefónicas ingresar al sector audiovisual, aunque mantiene ciertas restricciones para dar TV satelital.
La AFTIC determinará plazos y localidades en donde las telefónicas no podrán dar TV paga, para evitar que ingresen en las localidades más pequeñas.
Las telefónicas podrán dar televisión por cable, a través de las redes de los cableoperadores, ya que el nuevo proyecto establece que hay una obligación de interconexión «para y entre licenciatarios», a las tarifas que fije el Estado.
El proyecto establece que los licenciatarios de servicios TIC «fijarán libremente sus precios, los que deberán ser justos y razonables» pero, a la vez, señala que esas tarifas podrán ser reguladas por la autoridad de aplicación «por razones de interés público».
La AFTIC no sólo podrá fijar precios sino que, además, otorgará licencias, regulará la interconexión, fijará las condiciones en que los operadores abrirán sus redes a la competencia y dispondrá de los fondos del servicio universal.
Finalmente, la AFTIC tendrá a su cargo el manejo de la empresa Ar-Sat, el Correo Argentino, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y el Plan Argentina Conectada.
Declaraciones de Néstor Pitrola
Una Ley para los monopolios telefónicos que no tiene «épica»
Néstor Pitrola encabezó la posición del PO y el Frente de Izquierda en el debate de diputados sobre Argentina Digital. En su discurso señaló:
“La ley de Medios, que jamás superó los límites de una reorganización capitalista de los medios, con esta ley de Argentina Digital, vuelve a su origen: un traje a medida de los monopolios telefónicos, con el agravante de que Telefónica es ahora monopolio de monopolios –porque Telefónica de España controla Telecom”.
“De la ley Chevron pasamos a la ley Telefónica. Varios de los grupos financieros que intervienen en estos negocios son tenedores de bonos de la deuda. Se están entregando recursos estratégicos, como garantía del endeudamiento con los grupos financieros, una variedad de la capitalización de deuda menemista. Se cierra el círculo de la demagogia nacional y popular. Estamos ante la Argentina de los monopolios.»
“Pero el tema no termina allí. Con esta ley, el grupo Clarín que no puede ser titular de más de 24 licencias por Cablevisión, podrá gozar de una licencia de telecomunicaciones para todo el territorio nacional. Por lo tanto, no debería deshacerse de parte de su red. Y, si bien sólo podría ofrecer su programación en 24 localidades, puede tercerizar contenidos. El nuevo régimen le permitirá al grupo Clarín apelar a la justicia para evitar la adecuación.
Cablevisión podrá ofrecer telefonía mediante la red de Telecom y Telefónica. Y las telefónicas podrán entrar en el negocio audiovisual. Pero el control de Telecom corresponderá, una vez que le convaliden la adquisición, a Fintech, el fondo de David Martínez, que a la vez controla el 40% de Cablevisión. Este fondo de inversión intervino incluso en el canje de deuda 2015, días pasados, para disimular su fracaso.” “El divorcio con el grupo Clarín entra en una nueva etapa”.
“Todo esto podrá ser cambiado por futuras composiciones parlamentarias. Es cierto. Pero entonces importa mucho al pueblo argentino advertir las posiciones de las distintas fuerzas políticas. Hay una derecha que quiere libertad total de los monopolios en estas áreas, especialmente para fijar tarifas, como las quiere en el negocio petrolero, se oponen al ente regulador, pero estarán conformes cuando puedan controlarlo. Y hay una centroizquierda que tiene todavía más contradicciones. La centroizquierda apoyó la ley de medios, que en soledad criticó el Partido Obrero, abriendo una fuerte polémica en el medio periodístico, como tampoco apoyamos la de YPF SA de bolsa, -que derivó en la ley Chevron-, también apoyada por la centroizquierda. Tenemos que decirlo con todas las ! letras, la centroizquierda entró en todos los mercados voluntarios de leyes truchas “nacionales y populares” al extremo de votar la ley Ciccone con la excusa de la “soberanía monetaria”. Ahora se ven “traicionados” por esta ley de Argentina Digital, pero estimados diputados de la centroizquierda, el que avisa no traiciona, Cristina Kirchner dijo textualmente refiriéndose a la participación de los pulpos telefónicos en el negocio audivisual “no podemos tapar el sol con un harnero”. Uds han contribuido con su voto a la política en curso, deben hacerse cargo políticamente y debe saberlo el pueblo argentino».
“En el tema digital, el gobierno “nacional y popular”, sigue la tendencia capitalista mundial: el gigante ATT acaba de comprar DirecTV y el Comscat a sus competidoras norteamericanas. La presión de la llamada industria cultural permite meter en los contenidos a los más grandes monopolios de las telecomunicaciones. ¿Dónde está la democratización de la palabra? Esperamos que todos los sectores que honestamente creyeron en la ley de medios saquen las conclusiones políticas del caso».
“Semejante reorganización capitalista, plantea adicionalmente la posibilidad, casi la certeza, de miles de despidos en los sectores involucrados. Planteamos la garantía de estabilidad por cinco años a todos los trabajadores de los sectores afectados por esta ley. Por otro lado, el dominio privado de estos servicios públicos plantea la emergencia de tarifazos que en realidad ya se están viviendo, puesto que en la Argentina se pagan los aranceles más caros en este tipo de servicios.” “Por supuesto, además, igual que cuando indemnizaron a Repsol, se olvidan de los derechos de Participación en las Ganancias de los telefónicos”.
“Planteamos el control de toda la operatoria y de sus costos por parte de los trabajadores, a partir del monopolio estatal de las redes, cableados, fibra óptica, etc. De tal suerte que las comunicaciones, incluidos todos los servicios telefónicos y los servicios audiovisuales no sean un “servicio público” en manos privadas, sino bienes y servicios públicos estratégicos, de carácter completamente públicos, con el más amplio acceso de todos los sectores y pensamientos culturales, ideológicos, políticos, artísticos y de todo orden del pueblo argentino. Algo que podrá gestionar un estado cuya administración, organización y contenido social esté dado por la mayoría trabajadora y no por los Fintech, las Telefónicas, los Clarín o los Szpolski.”
