Argentina y México, unidos por los derechos humanos

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La Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue escenario ayer y hoy del Encuentro Binacional de Organismos Gubernamentales de Derechos Humanos de Argentina y México. Se tocaron temas sensibles como la migración, la situación de los más jóvenes y las políticas de prevención de la tortura.

Del encuentro participaron, además de las Comisiones de Derechos Humanos de México y las Defensorías del Pueblo de la Argentina, el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj; el secretario General y de Relaciones Internacionales del Gobierno porteño, Fernando Straface; el director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), Agustín Salvia; la designada Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham; la secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, Consuelo Olvera Treviño; la embajadora de México en la Argentina, Mabel Gómez Oliver, y la Presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Gabriela Agosto, entre otros destacados dirigentes.

“La construcción de muros profundiza la violación de los derechos humanos, los puentes sirven para su defensa integral”, expresó Alejandro Amor, Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), que junto con la Comisión de los Derechos Humanos de México organizaron la jornada.

Amor sostuvo también que “se necesitan Defensorías del Pueblo con independencia de los poderes políticos y autarquía financiera, para poder actuar con absoluta legitimidad y contundencia”. En ese sentido remarcó que “los Defensores y Defensoras tenemos la obligación de proponer políticas de estado a largo plazo” .

El encuentro, que se extendió por dos días, estuvo compuesta de paneles y mesas de trabajo que buscaronn reflexionar y discutir diferentes temáticas relacionadas a los derechos humanos, tales como la promoción de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; el rol de los organismos de derechos humanos, las políticas públicas en torno a los derechos de los y las migrantes; y los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

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