Viajar mal en el Subte, es «Vox Populi, Vox Dei», no hace falta entrar en detalles, es más no hace falta… En la Legislatura Porteña muchos que se dedican a la política de los contratos se frotan las manos, es que una concesión en Argentina históricamente está necesariamente manchada por la corrupción estructural, no somos Suiza, somos Argentina y donde hay un legislador hambriento, hay un empresario más hambriento y un contrato jugoso en sangre del estado, necesariamente hay «tongo». Desde la compra de un tornillo a la publicidad, tongo significa engaño o trampa consistente en dejarse ganar en una competición, a cambio de dinero.
A cuatro meses del vencimiento del contrato y con el trámite de una nueva concesión empantanado en la Legislatura, el GCBA se prepara para extender el Acuerdo de Operación y Mantenimiento con Metrovías por al menos un año más. Con esta iniciativa el oficialismo busca ganar tiempo para imponer el proyecto del ejecutivo y resolver la contratación, un proceso que se prevé largo.
A tan sólo cuatro meses del vencimiento de la emergencia del Subte y del actual contrato con Metrovías, y con el proyecto para concesionar la operación por hasta quince años empantanado en la Legislatura, el Gobierno de la Ciudad se prepara para prorrogar la vigencia del acuerdo con Metrovías.
La posibilidad de otorgar a la actual operadora una nueva extensión del Acuerdo de Operación y Mantenimiento (AOM) vigente desde 2013 –y renovado en 2015– era una posibilidad que, por lo bajo y como una suerte de “Plan B”, era barajada por el GCBA en el caso de que el proyecto oficial no obtuviera el tratamiento exprés que el oficialismo deseaba.
Según pudo saber Palermonline Noticias, la lamentable prórroga a Metrovías se haría en principio por seis meses, con opción a prolongarse por otros seis, con lo que se da por descontada la continuidad de la empresa del grupo Roggio hasta fines de 2018.
Por la parálisis que afecta a la Legislatura debido a la campaña electoral, el proyecto del ejecutivo no llegaría al recinto sino hasta noviembre, una vez que hayan pasado los comicios.
Aún si el oficialismo lograse su aprobación antes del 31 de diciembre, no dan los tiempos para la realización del llamado a licitación internacional, presentación de propuestas, evaluación de ofertas y adjudicación, un proceso que tomaría largos meses. Si así y todo el proceso se diera sin sobresaltos y hubiera un adjudicatario listo para hacerse cargo de la red, es de prever un período de transición entre la operadora saliente y la entrante. Por esta razón, la prórroga resulta atractiva para el Gobierno, ya que “compra tiempo” para resolver el tortuoso proceso de contratación.
El trámite podría ser más ordenado en el caso de que la eventual adjudicataria fuese la propia Metrovías, aunque en sociedad con alguna de las operadoras extranjeras que la Ciudad quiso atraer para competir en la licitación, tal es la versión que más suena en estos días.
Al respecto, un conocedor de las operaciones de Transporte dijo a este medio: “Hay que mirar la experiencia de Roggio en Brasil, allá ellos formaron parte de varios consorcios de operación de servicios con otras empresas y actualmente están en el VLT de Río de Janeiro, donde participan junto a RATP, una de las empresas que Larreta quería que participara en la licitación”.
Si ese fuera el caso, el GCBA se garantizaría una transición sin sobresaltos, aunque no por ello más abreviada. La misma fuente reconoció ante enelSubte que “para que el proceso sea prolijo y eficiente la transición debería ser de dos años, un año es insuficiente”.
La aprobación del proyecto oficial, no obstante, no puede darse aún por descontada y en el horizonte ya aparecen señales de preocupación para el oficialismo.
LA CORRUPCION DEL SUBTE EN SU MEJOR MOMENTO
LA DANAZA DE LOS CONTRATOS, REGALOS A LEGISLADORES DE LA CIUDAD Y MILLONES EN CONTRATOS
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece en su artículo 82 inciso 3° que la Legislatura Porteña aprobará por dos tercios de los votos de sus miembros “toda concesión, permiso de uso o constitución de cualquier derecho sobre inmuebles del dominio público de la Ciudad, por más de cinco años“. El artículo 89 inciso 5° precisa que “toda concesión, permiso de uso o constitución de cualquier derecho sobre el dominio público de la Ciudad” requerirá “procedimiento de doble lectura”.
Ambas previsiones representan hoy el mayor escollo para la aprobación del proyecto del ejecutivo para concesionar el Subte por un plazo de hasta quince años (12 con opción a una prórroga por tres más).
En la práctica, ese proyecto necesitaría los votos de afirmativos 40 legisladores en dos oportunidades, un número casi imposible de lograr para el oficialismo en solitario a pesar de su excelente performance en las elecciones primarias, que previsiblemente se repita en las generales. La posibilidad de conseguir voluntades en los otros bloques está complicada. La abrumadora mayoría de la oposición -un diverso arco que se extiende desde los legisladores que responden a Martín Lousteau hasta el Frente de Izquierda, pasando por el peronismo, el kirchnerismo y el Socialismo Auténtico– está, con matices, por la estatización del servicio.
El oficialismo, sin embargo, promueve una peculiar interpretación del texto constitucional. “altas fuentes gubernamentales” aseguraron que el proyecto se aprobará con mayoría simple (es decir, 31 votos) ya que no se trataría “de una concesión sobre un bien de dominio público” sino que “directamente se está concesionando un servicio”.
Inés Gorbea, jefa de bloque de Evolución, calificó de “errónea” la interpretación que promueve el oficialismo.
Desde la oposición plantean sus reservas. En diálogo con la prensa, la legisladora Inés Gorbea, jefa de bloque de Evolución, dijo: “A nuestro entender no es así. Si bien está claro que se concesiona un servicio, ese servicio se brinda utilizando bienes de la Ciudad que están afectados directamente a esa concesión. Sin esto, el servicio no puede ser brindado. Motivo por el cual no puede escindirse uno del otro”. “Intentar concesionar este servicio negando que el mismo se opera sobre bienes inmuebles de la Ciudad no es más que una intepretación por lo menos errónea de lo que nuestra Constitución exige”, puntualizó la diputada.
A sabiendas de que el planteo oficial es polémico, la apuesta del gobierno es que la oposición no impugnará el procedimiento ante la Justicia para evitar pagar los costos políticos que implicaría dejar al Subte en una suerte de limbo operacional, sostenido únicamente por la precaria prórroga que se proyecta dar a la actual operadora Metrovías mientras se resuelva la cuestión.
