El bloque Confianza Pública de la Legislatura porteña propondrá la derogación de la Ley 5464, que crea el Consejo de la Propiedad Horizontal en la Ciudad de Buenos Aires, una suerte de colegio de administradores que generó una gran consternación en la comunidad de propietarios y consorcistas.
El diputado Diego García de García Vilas fue el primero en presentar un proyecto para modificar el texto de la polémica normativa, votada el 3 de diciembre de 2015, al encontrar que en uno de sus artículos se le daba mayor poder de decisión a los encargados que a los administradores de edificios: seis de los once miembros del Consejo estaban ligados al gremio de los porteros.
Poco después el Ejecutivo porteño también envió un proyecto a la Legislatura que intentó soslayar esta disparidad. Si bien en un principio se buscó solucionar este desbalance en la Comisión de Legislación General, no se logró llegar a un consenso sobre la integración del Comité Ejecutivo, el eje del conflicto.
En este sentido, entre algunos de los puntos que propuso Confianza Pública y que fueron incorporados a aquel texto consensuado, figuran el tope anual a las matrículas, el trabajo ad honorem de los integrantes del Consejo, la correspondiente presentación de declaraciones juradas, la prohibición de traslados de gastos a las expensas y la quita de injerencia a los porteros en la toma de decisiones.
No obstante, no hubo acuerdo respecto a la integración del Consejo, ya que el bloque que preside Graciela Ocaña pedía reducir al mínimo la participación de representantes del gremio de encargados. Esto desencadenó que se vote en disidencia y se promueva la derogación.
Con esta decisión se busca fomentar el debate entre los actores involucrados, integrando las preocupaciones de diferentes sectores y promoviendo la participación ciudadana. El objetivo es lograr una regulación adecuada y justa de la actividad de los administradores, que actualmente afecta la vida de casi el 70% de los porteños.
