La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM), una ONG con status consultivo en Naciones Unidas, denunció que el convenio suscrito entre la Municipalidad y el grupo Eurnekián «es ilegal». Sostuvo además que «le roba a la ciudad de Córdoba la única posibilidad que tenía de ampliar el espacio verde del Parque Sarmiento».
FUNAM indicó que el convenio fue firmado «violando la Ordenanza 12077 sobre Convenios Urbanísticos, cuyo Artículo 8° exige considerar su impacto socio ambiental».
Dice el Artículo 8° de la ordenanza 12077: «La Autoridad de Aplicación deberá tener especialmente en consideración el impacto socio ambiental de la intervención propuesta, conforme a la normativa en la materia, tanto de orden Municipal, Provincial y Nacional».
El Dr. Raúl Montenegro indicó que la Dirección de Impacto Ambiental de la Municipalidad de Córdoba «no realizó ningún estudio del impacto socio ambiental que tendría ese convenio» y que el acuerdo se firmó «a las apuradas, violando normativa vigente y con total falta de respeto por los Cordobeses, que necesitan con urgencia un parque urbano en el centro mismo de la ciudad».
FUNAM formalizará en los próximos días una denuncia penal contra el Intendente de la ciudad y otros funcionarios municipales.
Montenegro volvió a destacar que en la ciudad de Córdoba «no hay planeamiento urbano sino planeamiento corporativo. Los dueños del destino de la ciudad están afuera de la Municipalidad. Si el Concejo deliberante cambia definitivamente el status de reserva verde que tienen las 22,3 hectáreas del convenio, habrá menos parque, menos superficie para absorber el agua de lluvia, más inundaciones ante precipitaciones breves e intensas, más calor, más concentración poblacional y mayor sobrecarga de colectoras cloacales ya colapsadas. Esto explica porqué que las actuales autoridades municipales no hicieron un estudio de impacto socio ambiental, sabían que sus resultados le dirían no al convenio».
Sin estudio de impacto socio ambiental, el convenio apenas garantiza
3,34 hectáreas de espacio verde
El Dr. Raúl Montenegro indicó que de las 22,3 hectáreas vendidas originalmente por la provincia al grupo Eurnekián «el convenio prevé que solamente se dedicarán a espacio verde 3,34 hectáreas. Está claro que para la Municipalidad de Córdoba los negocios de las corporaciones son más importantes que el bienestar ambiental y el cumplimiento de las normas». Recordó además que un estudio de la Universidad de Córdoba del que participó entre otros la Bióloga Cecilia Estrabou «recomendó enfáticamente que las tierras del ex Batallón 141 se dedicaran a espacio verde».
En el año 2007, cuando el Estado Provincial puso en venta los predios del ex Batallón 141, docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) elaboraron un informe sobre las consecuencias ambientales y sociales que tendría la privatización del uso, y solicitaron que no se enajenara. El 20 de noviembre de 2007 –una semana antes que por ordenanza se impidieran edificaciones en esas tierras- el informe fue apoyado unánimemente por el Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba mediante Resolución 693/07.
«Con enfermiza frecuencia los funcionarios públicos consideran que sus decisiones sobre obras y cuestiones públicas (que por Ley deben tener autorizaciones y consultas) pueden tomarse sin necesidad de cumplir tales normas en los tiempos y formas que la ley manda. Imponen así sus tiempos y formas en forma antojadiza, aunque ello suponga una clara violación de normativa vigente. Una vez consumadas estas violaciones, como ha ocurrido con el convenio del Batallón 141, las autoridades municipales justifican su accionar en supuestos motivos de urgencia o apuro, cuando en realidad se trata de arbitrariedades manifiestas que podrían haber sido obviadas con un ejercicio responsable de la función pública. Ganan así las corporaciones y´pierde la sociedad», sostuvo Montenegro.
FUNAM indicó que el intendente Ramón Mestre «podría pasar a la historia, junto a José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti, como responsables de la mutilación definitiva del Parque Sarmiento».
El Dr. Raúl Montenegro, que es además profesor titular de Biología Evolutiva en la Universidad Nacional de Córdoba, consideró que la decisión Municipal de derogar la categoría de reserva verde «provocaría una pérdida natural irreparable» y que las obras previstas «generarían además graves impactos ambientales que la Municipalidad de Córdoba no estudió, violando en forma flagrante la ordenanza sobre convenios urbanísticos y otras normas vigentes». Subrayó que la ciudad «perdería la oportunidad, única e irrepetible, de tener un espacio verde continuo junto a los barrios más densamente poblados de la ciudad de Córdoba. Tal vez los funcionarios no recorran el Parque Sarmiento los fines de semana, pero su capacidad está desbordada».
FUNAM solicitó al Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba que «no derogue la ordenanza donde se declara la totalidad de esa superficie [22,3 hectáreas] como reserva verde» y que «se trabaje creativamente para revertir lo que fue, sin duda alguna, un despojo vergonzoso del patrimonio de todos los cordobeses , cuyo beneficio económico –el aporte económico del grupo Eurnekián- es una miseria económica comparado con la pérdida histórica y definitiva de un parque en la zona más densamente poblada de la ciudad de Córdoba».
FUNAM ya había evitado en 1994 que 10 de las 33 hectáreas de Parque recuperadas del Ejército fueran vendidas para desarrollo urbano
En 1994 el gobierno provincial de Eduardo Angeloz recuperó las 33 hectáreas de Parque Sarmiento que ocupaba el Ejército. «Pero esa recuperación venía con una condición hábilmente mantenida en secreto por los más altos funcionarios de la provincia. Como compensación por la devolución del predio de 33 hectáreas, era necesario obtener fondos para que el Ejército pudiera disponer de viviendas en otro lugar del Ejido Municipal. Hasta existió un proyecto ley que estuvo a punto de enviarse a la Legislatura, donde se habilitaba la venta de 10 hectáreas del Parque Sarmiento para desarrollo urbanístico. Pero FUNAM descubrió la maniobra y la hizo pública. Solicitó además a la Justicia Provincial que investigara la posible comisión de delitos. Esto suscitó un escándalo público que aceleró el archivo definitivo del proyecto», recordó Raúl Montenegro [ver abajo copia del Comunicado de Prensa distribuido en 1994 por FUNAM].
FUNAM indicó que «lo que no pudo lograr el gobierno de Eduardo Angeloz en 1994, esto es la venta de 10 hectáreas del Parque Sarmiento al sector privado, si pudieron hacerlo los gobiernos de José Manuel de la Sota en 2007 y Juan Schiaretti en 2008. Solo que en lugar de 10 hectáreas vendieron 22,3 hectáreas al grupo Eurnekián, más del doble, sin importarles que se perdiera un patrimonio único y hasta cierto punto irrecuperable».
En octubre de 2007 el Gobernador José Manuel de la Sota acordó la venta de 22,3 hectáreas al grupo América, operación que se concretó durante los primeros meses de mandato de Juan Schiaretti. Durante la gestión de Luis Juez esa zona fue declarada como reserva verde, lo cual impidió la construcción de torres y otras iniciativas comerciales. «Lamentablemente, y muy cerca de las fiestas de navidad y fin de año, el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Córdoba decide cambiar el uso del suelo para que en lugar de reserva verde haya desarrollo inmobiliarios, y solo queden como verde apenas 3,34 hectáreas. Se consolida así el despojo fomentado por José Manuel de la Sota, el mismo gobernador que desafectó en la ciudad de Córdoba la Reserva Ecológica del Suquía para construir un campo de golf público (proyecto que naufragó). Es el mismo gobernador que prefiere vender la Cárcel de Encausados en lugar de alentar la transformación de esa manzana en una mezcla de espacio verde y memoria urbana», recalcó Montenegro.
Agregó además: «Lo que está sucediendo en la provincia de Córdoba con el patrimonio público es inaceptable. No es posible que bienes y tierras integrados al bien común sean vendidos por los gobiernos provinciales de turno, sobre todo cuando en la ciudad de Córdoba domina el cemento y la falta de planeamiento urbano. Invitamos a los legisladores a elaborar un proyecto de ley para que se impida en el futuro que los funcionarios públicos puedan vender inmuebles públicos incorporados al patrimonio común por gestiones anteriores, y que las excepciones solo puedan tener como destino obras e iniciativas que permanezcan dentro del ámbito del Estado.
Eduardo Eurnekian y la destrucción de patrimonio arquitectónico fuera del país
En Nueva York, Estados Unidos, los vecinos de cuatro casonas construidas por John Prague en 1879 conocieron informalmente que una de ellas sería demolida, y que allí se construiría un edificio moderno de seis pisos. «Hasta aquí es una historia vecinal de un país lejano. Pero el nuevo propietario de esas casonas es Eduardo Eurnekián, que las compró en 2011 por un valor cercano a los 6,45 millones de dólares. La indignación de los vecinos fue cubierta por el New York Times y reflejada por el diario la Nación en noviembre de este año. Con estos y otros antecedentes anteriores, fácilmente accesibles, cuesta creer que hace seis años el gobierno de Córdoba decidiera vender a muy bajo precio una parte del patrimonio de todos los cordobeses, y que el actual intendente de la ciudad, Ramón Mestre, le diga no a la ampliación del Parque Sarmiento y firme un convenio ilegal con la corporación Eurnekián», indicó Montenegro.
