Abogado de Cristina criticó el fallo de la Cámara Federal.
El abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, José Manuel Ubeira, criticó el fallo de la Cámara Federal porteña que ordenó la excarcelación de los miembros de Revolución Federal y lo consideró una medida «fascista» que busca «empoderar a los violentos». Y apuntó: «Tratan el atentado contra Cristina Kirchner como si fuera el robo a un supermercado».
«Esto empodera a los violentos y es un fallo fascista. Autoriza, da piedra libre a todos estos bárbaros que dan vueltas y amenazan a la sociedad. Volverán los palos encendidos, volverán las bolsas mortuorias, y aparecerá otro (Fernando) Sabag Montiel», quien atentó contra la Vicepresidenta, sostuvo Ubeira en diálogo con El Destape Radio.
La Cámara Federal porteña concedió este martes la excarcelación de los cuatro miembros de Revolución Federal detenidos en el marco de la causa en la que se los investiga por supuesta incitación a la violencia.
Los jueces de la Sala I del tribunal de apelaciones dijeron que no hay elementos para sostener que la libertad de Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile pueda poner en riesgo la investigación judicial por la que ya fueron indagados.
«Cuando alguien aparezca muerto le iremos a preguntar a (Leopoldo) Bruglia, (Pablo) Bertuzzi y (Mariano) Llorens por qué los liberaron», indicó Ubeira sobre los jueces que componen la Sala I y señaló: «Todavía no salió el procesamiento y los liberan».
«Esto empodera a los violentos y es un fallo fascista. Autoriza, da piedra libre a todos estos bárbaros que dan vueltas y amenazan a la sociedad. Volverán los palos encendidos, volverán las bolsas mortuorias, y aparecerá otro (Fernando) Sabag Montiel»
«No me sorprende nada de la Cámara I, ahora los jueces se harán responsables de toda la violencia que pudiera llegar a ocurrir y de las amenazas que pudiera sufrir Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos, su entorno y todo lo que tiene que ver con el espacio del oficialismo que responde a ella, candidatos, aliados políticos», subrayó el letrado.
Además, apuntó contra la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que sigue la investigación del atentado contra la Vicepresidenta, por su decisión de no intervenir los celulares de Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz.
«Lo lógico era abrir los celulares de las asesoras de (el diputado nacional Gerardo) Milman, preservar las cuestiones personales y ver lo que sirve para la investigación», aseguró.
En ese sentido, afirmó que a los jueces «no les importa nada de lo que nosotros hemos aportado» dentro de la investigación «porque todo eso termina llegando a los lugares que ellos quieren proteger».
«Responden a una lógica que no tiene que ver con el sistema judicial normal, sino a darle cobertura o impunidad a tipos que han atentado contra el sistema democrático», dijo.
Finalmente, Ubeira indicó que, tanto él como la Vicepresidenta, no tienen «ninguna confianza en que Comodoro Py resuelva el atentado contra Cristina» y aseguró que la Justicia «se va a quedar con Sabag Montiel y (su novia, Brenda) Uriarte y después no van a investigar el financiamiento».
Los jueces de la sala primera del tribunal de apelaciones, Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, sostuvieron que no hay elementos para sostener que la libertad de Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile pueda poner en riesgo la investigación judicial.
Los jueces de la Sala I del tribunal de apelaciones sostuvieron que no hay elementos para sostener que la libertad de Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile pueda poner en riesgo la investigación judicial por la que ya fueron indagados.
«Luego del estudio de las actuaciones podemos concluir que no existen riesgos procesales suficientes que nos permitan mantener la medida de coerción personal dispuesta por el juez de grado», sostuvieron los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, al admitir los pedidos de libertad de los acusados.
A través de cuatro fallos, uno por cada imputado, los camaristas revocaron la decisión del juez federal que lleva la causa, Marcelo Martínez de Giorgi, que había rechazado excarcelarlos por considerar que podían entorpecer el curso de la causa.
«En cuanto al posible entorpecimiento de la investigación, no coincidimos con el juez de grado, pues los elementos secuestrados ya se encuentran a disposición de las fuerzas encargadas de estudiarlos», sostuvieron los jueces del tribunal de apelaciones en el fallo con el que dispusieron la excarcelación de Morel.
Ese argumento se repitió en cada una de las resoluciones, a pesar de que todas tienen sus particularidades: en el caso de Basile, por ejemplo, los jueces sostuvieron que cuando se enteró que había una orden de detención con su nombre «compareció voluntariamente a la mesa de entradas del juzgado, poniéndose a disposición de la justicia».
(FW) «En cuanto al posible entorpecimiento de la investigación, no coincidimos con el juez de grado, pues los elementos secuestrados ya se encuentran a disposición de las fuerzas encargadas de estudiarlos» los jueces del tribunal (S)
Los camaristas aprovecharon la oportunidad de expedirse sobre la libertad de los cuatro imputados para volver a sentar posición sobre el hecho de que la causa en la que se investiga a Revolución Federal y aquella en la que se pesquisa el atentado fallido contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tramitan por separado.
«Resulta necesario aclarar que la vinculación entre las presentes actuaciones y la causa nro. 2998/2022 ya fue rechazada por la Sra. Jueza a cargo del Juzgado del Fuero N° 5 y por la presidencia de esta Cámara y no se verifica – de momento- la existencia de elementos objetivos que nos permitan conectar ambas investigaciones, sin perjuicio de lo que pueda surgir con el avance de la investigación», sostuvieron.
Los cuatro miembros de Revolución Federal están detenidos desde el 20 de octubre por orden del juez Martínez de Giorgi, a instancias del fiscal Gerardo Pollicita, y ahora deberán ser liberados por decisión de la Cámara Federal.
«Sin embargo, creemos necesaria la aplicación de alguna medida que asegure su sujeción al proceso, debiendo el a quo (el juez) seleccionar aquellas restricciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en la normativa procesal vigente, siempre procurando que su imposición no torne ilusorio el derecho concedido», sostuvieron los camaristas.
Las medidas que disponga el juez para garantizar la sujeción de los imputados al proceso podrían ir desde una orden de comparecer al tribunal con cierta periodicidad o la retención de sus pasaportes, entre otras, hasta la colocación de una tobillera electrónica con GPS.
Para los investigadores, las consignas y manifestaciones violentas protagonizadas por Revolución Federal desde mayo de este año pudieron haber funcionado como «caldo de cultivo, como el discurso de odio que desencadenó» el intento de asesinato de la Vicepresidenta, según pudo saber Télam de fuentes judiciales.
La fiscalía que investiga a los cuatro miembros de la agrupación Revolución Federal consideró que se montó un «esquema delictivo» para «imponer» ideas y «combatir las ajenas por la fuerza y el temor» y que eso sembró en la sociedad la escalada de «violencia y odio» cuyo «acto más trascendente» resultó ser el intento de homicidio de la vicepresidenta.
«Se terminó constituyendo, en el actual contexto de crisis económica y financiera, en uno de los actores que sembraron en la sociedad la escalada de violencia y odio, cuyo acto más trascendente resultó ser el intento de homicidio de la vicepresidenta de la Nación» cometido el 1 de septiembre último, sostuvo en su dictamen sobre el accionar de Revolución Federal, el fiscal Pollicita.
Este martes por la mañana, Morel y Basile rechazaron cualquier tipo de vínculo con el intento de homicidio contra Fernández de Kirchner al pedir la excarcelación.
Las defensas de ambos expusieron en audiencias ante la Cámara Federal porteña, en tanto que Sosa y Guerra presentaron escritos en los cuales también pidieron quedar libres.
Por su parte, la querella de la Vicepresidenta también se presentó por escrito para reclamar que se rechace excarcelar a los cuatro referentes de Revolución Federal.
Mientras se realizaban las audiencias en el Tribunal de Apelaciones, Sosa y Guerra ampliaron desde la cárcel sus declaraciones indagatorias y negaron las acusaciones en su contra.
Ante la Cámara Federal, la única imputada que se conectó a la audiencia hecha por videoconferencia fue Basile, desde el penal donde estaba detenida.
«Justamente una de las banderas por las cuales me manifiesto en las calles es la igualdad ante la Ley y me parece que en este país tenemos que empezar a ser coherentes con lo que pregonamos. Aquí estoy, subordinada a derecho y comprometida a seguirlo según la ley», indicó la hija del entrenador de fútbol Alfio Basile.
Los jueces Llorens, Bruglia y Bertuzzi realizaron por la mañana dos audiencias separadas a través de la plataforma Zoom de manera previa a analizar las excarcelaciones que luego concedieron.
En la primera de ellas escucharon a la defensa de Morel, quien optó por no conectarse. Los abogados sostuvieron que se pretende vincularlo con el intento de homicidio para que «permanezca en prisión».
Su abogada, Amina Chale, argumentó que Morel se manifestó en el marco de la «libertad de expresión» y que «todos los días hay gente frente a la Casa Rosada con intención de manifestarse».
«Se quiere disfrazar un tipo penal con otro más grave, como el intento de homicidio de la Vicepresidenta, para que mi asistido permanezca en prisión», afirmó la defensora. Y aseguró que no había riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.
El ministro de Justicia, Martín Soria aseguró que los jueces Bruglia, Bertuzzi y Llorens son «operadores al servicio de lo peor de la política». Su viceministro, Juan Martín Mena, dijo que los últimos fallos expresan una actitud «encubridora para que no se investigue el atentado y eso es inadmisible».
El ministro de Justicia, Martín Soria, acusó a los integrantes de la Cámara Federal porteña Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens de ser «operadores al servicio de lo peor de la política», al criticar el fallo de los magistrados que ordenó la excarcelación de cuatro integrantes del grupo Revolución Federal que son investigados por amenazas y supuestas conexiones con el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
«Son operadores al servicio de lo peor de la política y están impidiendo que la sociedad argentina conozca la verdad sobre uno de los hechos más graves de la democracia», sostuvo este miércoles el funcionario nacional a AM 990.
Además, insistió en que estos camaristas son parte de «un plan sistemático de impunidad para los autores tanto materiales como intelectuales» del atentado perpetrado contra la Vicepresidenta el pasado 1 de septiembre.
Los integrantes de la Sala I del tribunal de apelaciones consideraron en un fallo emitido este martes que no hay elementos para sostener que la libertad de Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile pueda poner en riesgo la investigación judicial, por lo que ordenaron su liberación.
«En 48 horas los camaristas macristas ordenan la libertad de la personas que pertenecen a Revolución Federal y son investigadas por hacer amenazas de muerte. En otra causa, la que se instruye el atentado, le dicen a la jueza (María Eugenia) Capuchetti que tiene que terminar rápidamente la investigación y elevar la causa a juicio oral. Estamos hablando de personajes neofascistas que tiraban antorchas con fuego en la Casa Rosada y que tenían como lema matar a cualquier kirchnerista», sostuvo luego Soria en declaraciones a la radio AM 750.
El ministro de Justicia añadió que estos hechos constituyen «lo peor de la política» y «nos muestran que hay un sector judicial cooptado, funcional al lawfare en Argentina junto con las tapas de Clarín, La Nación y exfuncionarios el gobierno de Mauricio Macri».
En este punto, el funcionario dijo que fue durante esa gestión cuando «se nombró en forma inconstitucional a los dos camaristas Bruglia y Bertuzzi», al tiempo que manifestó que Llorens era «el arquero de la quinta Los Abrojos» del expresidente.
Soria afirmó que con este tipo de fallos se pone en peligro «la independencia, el prestigio, la imparcialidad, y todo lo que tiene que tener un Poder Judicial independiente», por lo que insistió en la necesidad de que la oposición debata en el Congreso, en particular en la Cámara de Diputados, respecto de proyectos que tienen media sanción en el Senado y cuyo tratamiento se encuentra demorado.
«Un ejemplo de esto es la reforma del Ministerio Público Fiscal donde tenemos un procurador interino (Eduardo Casal) que nadie eligió hace más de cinco años. La ampliación del número de la Corte que está frenada en Diputados, así como la de la Ley del Consejo de la Magistratura», enumeró.
El ministro añadió que los últimos fallos de los camaristas apuntan también a enviar «un mensaje a las ciudadanías y a sus jefes».
«Les preguntaría a ellos y a su jefe, Macri, que los convirtió en camaristas, qué quieren ocultar. Por qué quieren parar ya mismo la investigación sobre el atentado contra la Vicepresidenta, por qué lo hacen cuando empiezan a aparecer las vinculaciones del líder de Revolución Federal con la familia Caputo», puntualizó.
«Es salvaje y criminal lo que le están haciendo»
Por su parte, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, afirmó que el fallo de la Cámara Federal porteña que excarceló a los integrantes del grupo Revolución Federal constituye «una señal netamente encubridora» y consideró que hay un sector de la Justicia que parece dispuesto a no respetar «ni siquiera como víctima» los derechos y garantías de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
«Vemos una señal netamente encubridora para que no se investigue el atentado y eso es inadmisible», advirtió el viceministro en declaraciones a radio El Destape.
Mena relacionó el fallo de la Sala I sobre Revolución Federal con la resolución que le ordenaron a la jueza Capuchetti elevar la investigación sobre las personas que están detenidas y profundizar la investigación otras hipótesis, algo que para el funcionario es «verdaderamente preocupante y gravísimo y no registra ningún tipo de antecedente».
«Esos dos fallos evidentemente demuestran que Cristina no tiene derechos ni siquiera como víctima. Es lo mismo que pasó a lo largo de las persecución política a la que la sometieron en los últimos seis años. Es salvaje y criminal lo que le están haciendo y es porque existe en compromiso con sus mandantes políticos», señaló.
Para Mena, estos fallos de la Cámara Federal porteña se producen «cuando en el expediente por el atentado a Cristina aparece por primera vez un testimonio que podría llevar una pista política de los responsables».
De esta forma, el viceministro hizo referencia al testimonio de un asesor del Frente de Todos (FdT) en la Cámara baja, quien aseguró ante la Justicia haber escuchado al diputado Gerardo Milman hacer referencia al ataque a la Vicepresidenta antes de que ocurriera.
«Como no van a poder ocultar pruebas, si el 80% de las personas que están siendo investigadas en estas causas mintieron ante la justicia. Para los homicidios están las medidas más restrictivas que prevé la ley. Ahora les agarra un celo por las garantías a estos tipos que tuvieron gente presa durante años por motivos políticos», puntualizó.