Autoridades gubernamentales y estatales, organismos internacionales, representantes de la sociedad civil y de instituciones nacionales de derechos humanos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, nos hemos reunido en el marco de las Primeras Jornadas sobre la Prevención de la Tortura en el Cono Sur, celebradas en Buenos Aires, Argentina, los días 14 y 15 de agosto de 2013. El encuentro brindó la oportunidad de identificar los principales desafíos que enfrenta la prevención de la tortura en nuestros países y explorar soluciones y acciones en base a las experiencias exitosas compartidas.
Nosotros, los y las participantes en estas Jornadas,
Entendemos que la garantía de la erradicación de la tortura es responsabilidad del Estado, en tanto único garante de la vigencia de los derechos humanos.
Partimos de un enfoque integral de derechos humanos en todas las actuaciones relativas a la prevención de la tortura. Entendemos asimismo la prevención como una obligación irrenunciable de los Estados y de la comunidad internacional.
Destacamos la necesidad de un cambio de paradigma cultural y de sensibilización social,
Enfatizamos que la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes constituyen una grave ofensa a la dignidad humana y son siempre inadmisibles.
Reconocemos que las personas privadas de libertad en los lugares de encierro de nuestros países siguen sufriendo tortura y otros malos tratos, a causa de múltiples factores tales como
– La impunidad administrativa y penal de los responsables por hechos de tortura.
– Legitimación social y cultural punitiva, que avala la tortura, la mano dura y el encarcelamiento masivo.
– Falta o insuficiencia de políticas públicas de derechos humanos; o de políticas públicas integrales (en materia de seguridad, salud, etc.) que incluyan un enfoque de derechos humanos en la prevención de tortura y violencia institucional.
– La discriminación sobre grupos especialmente vulnerables, como sectores de escasos recursos, mujeres, migrantes, droga dependientes, LGTBI, pueblos originarios, personas con discapacidad y con trastornos mentales, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, entre otros.
– Deficiencias en la tipificación de la tortura a nivel legislativo.
– Inoperatividad del Poder Judicial y del Ministerio Público en la investigación, sanción y reparación en los casos de tortura.
Habiendo identificado que las principales causas de actos de tortura y otros malos tratos en lugares de privación de libertad son las siguientes
– La ausencia de controles internos y externos efectivos dentro de las fuerzas de seguridad o a cargo de sus responsables políticos.
– Dificultades en el acceso a abogados, defensores, médicos independientes y autoridades en general.
– Militarización y estructura jerárquica de las fuerzas de seguridad que habilita la permanencia de rutinas y prácticas enraizadas de tortura y malos tratos.
– Crisis de los sistemas penitenciarios: hacinamiento, condiciones inhumanas de detención, extendida corrupción, violencia intracarcelaria y la ausencia del Estado en el control de gestión de los lugares de privación de la libertad.
Reafirmamos la importancia de trabajar sobre la prevención y el permanente compromiso de no escatimar esfuerzos para prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Reafirmamos que es responsabilidad del Estado la protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, siendo indelegable la administración de los lugares de privación de libertad al sector privado.
Enfatizamos la importancia de tomar acciones dirigidas a combatir la impunidad, entre ellas
-Tipificar el delito de tortura de acuerdo a los estándares internacionales.
-Instar al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal para la tramitación sin dilaciones, la condena y reparación en los casos de tortura aplicando la tipificación penal correspondiente.
– Asegurar la independencia de las investigaciones de los peritos de los poderes judiciales y otras instituciones involucradas.
– Tomar medidas que aseguren la protección de las víctimas, a fin de evitar posibles represalias luego de las denuncias efectuadas.
– Recordar la obligación al Ministerio Público Fiscal y al Poder Judicial de investigar los casos de tortura.
– Promover la independencia del Ministerio Público de la Defensa respecto del Ministerio Público Fiscal.
Conscientes de que una política eficiente en materia de prevención debe también considerar el aspecto
– De generar consciencia pública respecto de la tortura basada en indicadores, registros y base de datos sobre casos de tortura o malos tratos.
– Impulsar campañas de concientización de la opinión pública.
– Trabajar con los medios de comunicación sobre la visión e información que trasmiten.
Reconocemos que es indispensable
– Implementar, de manera efectiva, salvaguardas para la protección de los derechos fundamentales de las personas detenidas y sus familiares en todas las etapas de la detención.
Recomendamos tomar todas las medidas necesarias a los fines de
– Impulsar la democratización de los espacios de encierro. Creando una autoridad civil, colegiada e interdisciplinaria, con participación de la sociedad civil en su proceso de designación.
– Profesionalización ámbitos multidisciplinarios de todo funcionario que trabaje con personas privadas de la libertad, incluyendo la reformulación de la selección del futuro personal a través de parámetros claros y procesos visibles, evitándose la militarización.
– Crear una carrera profesional de carácter civil con perspectivas integral en derechos humanos destinada al cuerpo de funcionarios de las fuerzas de seguridad.
Promovemos la implementación de
– Sistema de monitoreos periódicos conformado por grupos interdisciplinarios y independientes a todos los centros donde se encuentren personas privadas de la libertad, articulados con las autoridades responsables, víctimas, familiares y organismos de control.
Llamamos a la pronta implementación de los Mecanismos Nacionales y Locales de Prevención de la Tortura conforme lo establece el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y las recomendaciones del Subcomité para la Prevención de la Tortura, en particular garantizando la independencia de funcionamiento, financiera y de personal.
Destacamos la importancia de las presentes Jornadas para reforzar la colaboración entre los organismos e instituciones abocados al trabajo en los centros de detención de la región a fin de aunar esfuerzos en materia de prevención de la tortura y otros malos tratos. A tal fin nos comprometemos a compartir estas conclusiones y realizar seguimiento a las estrategias aquí propuestas en un futuro Encuentro Regional.
