El diputado nacional Nicolás del Caño (PTS/FIT) adelantó que los diputados del Frente de Izquierda votarán en contra de la Ley de Abastecimiento. «Los miembros de la Sociedad Rural y de los principales grupos capitalistas que operan en el país pueden dormir tranquilos, ya que esta ley no cuestiona la propiedad de los cuatro mil terratenientes que detentan la mitad de las tierras productivas del país, ni que el 70 % de las quinientas principales empresas sean multinacionales, sino que les garantiza rentabilidad y hasta subsidios estatales si se declaran en crisis», declaró el diputado por Mendoza». El que benefició a la Rural y a las exportadoras fue el propio kirchnerismo, y la prueba está en las hiperganancias que este sector obtuvo en la última década», denunció Del Caño durante el transcurso de la sesión que se está realizando en la Cámara de Diputados.
«El oficialismo dice que quiere controlar los precios, pero sus diputados ocultan que es el mismo Gobierno el que genera la inflación con su política económica. En dieciocho meses la nafta aumentó un 100 %, mientras que los hogares del pueblo trabajador están recibiendo facturas de gas y de luz con incrementos de hasta un 500 %. ¿Qué hizo el Gobierno ante las maniobras de las exportadoras de granos? ¿Frente a las automotrices que «encanutan» autos, mientras despiden como en Lear y suspenden a miles de trabajadores? ¿Qué hizo con los bancos que especularon por una devaluación y ganaron diez mil millones de pesos solo en enero? Con ley o sin ley el kirchnerismo siempre termina permitiendo y autorizando aumentos de precios, como la dolarización de los combustibles que les prometieron a Chevron y a la Shell.
Nicolás del Caño y el resto de los diputados del FIT votarán en contra de la ley de abastecimiento y de la creación del Observatorio de Precios. En cuanto a la ley que crea un fuero judicial para los consumidores, Del Caño informó que presentó una disidencia cuestionando importantes artículos del proyecto, como los que impiden las acciones colectivas, los que imponen los montos máximos para iniciar acciones legales contra las empresas y el que dispone el rol del Poder Ejecutivo con potestad para homologar los acuerdos celebrados entre los consumidores y las empresas, «siendo que el propio Estado no puede ser juez y parte en los litigios contra las empresas de servicios públicos».
