Sesión Ordinaria. Se aprobó la ley que instituye la Agencia de Bienes SE, para administrar o vender predios del Estado porteño. Con los fondos que se recauden construirán un Parque de la Innovación, un Centro Audiovisual y urbanizarán villas.
La Legislatura sancionó hoy la ley que crea la Agencia de Bienes Sociedad del Estado, destinada a administrar los bienes inmuebles en desuso del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, ya sea para su venta o construcción de obras.
La norma también crea un Fondo de Desarrollo Metropolitano para construir un Parque de la Innovación y un Centro Metropolitano Audiovisual (CMA) con lo producido por las operaciones con los bienes inmuebles desafectados. Y destina parte de los recursos a la urbanización de las villas 30 y 31.
La ley requería para su sanción una mayoría especial de dos tercios (40 votos sobre 60). En general fue aprobado por 42 votos positivos, 16 negativos y 2 abstenciones. Fueron positivos los votos de los 28 diputados del bloque PRO, más 6 de Suma+, 3 de Confianza Pública, 3 del Frente para la Victoria (María Rosa Muiños, Silvia Gottero y Claudio Heredia), Javier Gentilini (FR) y Claudio Palmeyro (SP). Votaron en contra los restantes 7 diputados del FPV, 3 de monobloques de izquerda, 2 del Partido Socialista, 2 de Coalición Cívica, 1 de Socialismo Auténtico y otro de Bien Común. Se abstuvieron Carlos Tomada y Gabriel Fuks (FpV).
El proyecto tuvo aprobación inicial, fue sometido a discusión en audiencia pública y fue tratado en tres comisiones: de Desarrollo Económico, MerCoSur y Políticas de Empleo; de Planeamiento Urbano y de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria. Finalmente se elaboró un texto consensuado que permitió su aprobación definitiva en el recinto, tras un debate de 3 horas con 12 oradores.
Según explicó el jefe de la bancada del PRO, diputado Francisco Quintana, se introdujeron modificaciones a la iniciativa original del Ejecutivo “para aumentar los mecanismos de control”, dándole mayor representatividad a la oposición política en el directorio de la Agencia de Bienes y haciendo de la Sindicatura un órgano colegiado, con representación mayoritaria de la oposición.
Asimismo, la ley dispone que la Agencia deberá presentar a la Legislatura, antes del 30 de septiembre de cada año, el “programa anual de operaciones” para el ejercicio siguiente, a fin de que sea analizado y aprobado por los diputados de la Ciudad. También se estableció que dentro de un año deberá presentar al Cuerpo el “inventario de inmuebles de dominio privado de la CABA”.
El Fondo de Desarrollo Metropolitano tiene como objetivo «desarrollar una ciudad integrada, en la que todos los barrios tengan acceso a las mismas oportunidades tanto en salud como en educación, generando más igualdad entre las distintas zonas que la componen con políticas públicas a largo plazo», sostienen los fundamentos del proyecto.
El Parque de la Innovación fue pensado para «posicionarse como centro urbano que impulse la generación, atracción y desarrollo de la innovación, del conocimiento y del talento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», según detalla la norma, y será destinado para centros educativos, culturales y de investigación. En tanto, el Centro Metropolitano Audiovisual garantizará «la participación de los distintos sectores involucrados en la comunicación, entre ellos cámaras de productores, medios comunitarios, universidades y trabajadores de la comunicación audiovisual».
Mecanismos de control
El directorio de la Agencia de Bienes SE estará compuesto por 7 personas: el presidente, el vice y tres vocales serán designados por el Poder Ejecutivo y los dos vocales restantes los nombrará la Legislatura “en representación de los bloques políticos opositores”. Y “confeccionará un programa de acciones que elevará al Ejecutivo y por su intermedio a la Legislatura, para su tratamiento. El mismo debe individualizar el destino de cada uno de los bienes inmuebles, detallando aquellos susceptibles de destinarse a política habitacional y política educativa”.
La Agencia será auditada por órganos de control interno y externo. Contará con tres síndicos: uno designado por el Ejecutivo y los otros dos nombrados por la Legislatura “en representación de los bloques opositores”. También se especifica que “la Auditoría General de la Ciudad actúa como organismo de control en forma permanente y concomitante».
Funciones de la Agencia
Las funciones del nuevo ente son la administración de bienes inmuebles, el desarrollo de industrias creativas, el fomento del desarrollo económico, la coordinación entre la actividad pública y privada, la promoción de proyectos de infraestructura, las inversiones en complejos habitacionales, redes de transporte, comunicaciones, salud y educación, entre otras atribuciones.
El artículo 13 de la norma declara “innecesario” para la Ciudad y “desafecta del dominio público” a dos polígonos de la zona norte de la ciudad (barrio de Nuñez) que hoy forman parte de los terrenos que usa el Tiro Federal Argentino el que se dividirá en 3 polígonos, dos de los cuales serán vendidos y el restante será destinado a la continuidad del uso por parte de esa asociación civil deportiva.
El producido de la venta de dos de los polígonos se destinará de la siguiente manera: 20 por ciento de uno de los polígonos para la urbanización de las villas 30 y 31; y el producido de 30.000 metros cuadrados del otro polígono “será destinado prioritariamente a Educación y Salud”. El 80 por ciento del primero de los polígonos irá al Parque de la Innovación.
La ley dice que el Ejecutivo “deberá tomar las medidas necesarias para desocupar los polígonos” antes referidos en un plazo de seis meses, a cuyo efecto “podrá realizar las gestiones para la efectiva relocalización de la Asociación Civil Tiro Federal Argentino”. Se estipula además que el gobierno “otorgará un permiso de uso precario y gratuito” al Tiro Federal en un nuevo polígono menos extenso.
El debate
El diputado Adrián Camps (PSA) durante el debate en el Recinto criticó «la transferencia de tierra pública a las corporaciones con lo que se constituyen en el cuarto poder de la ciudad» y advirtió sobre la inconstitucionalidad respecto a los artículos 82 y 84 de la Constitución local. En tanto, Gustavo Vera (BC) señaló «el endeudamiento y la venta de tierra pública como forma de financiamiento insostenible a largo plazo». Afirmó que «la privatización de la tierra pública descapitaliza a la ciudad y es otra forma de endeudamiento a futuro». Explicó que «más de 170 hectáreas de tierra pública fueron cedidas a los privados en los últimos años» y observó la violación del artículo 128 de la Carta magna porteña en lo que respecta a la necesaria participación comunal». También Roy Cortina (PS) argumentó su voto negativo y en el mismo sentido «por inconsistencias en el articulado» se manifestaron Paula Oliveto y Maximiliano Ferraro (CC). Otros que fundamentaron su oposición fueron Patricio Del Corro (PTS-FI), Marcelo Ramal (FIT) y Fernando Vilardo (AyL).
Hernán Rossi (SUMA+) sostuvo que su bloque «aunque al proyecto no lo considera prioritario no pondrá obstáculos asegurando la constitucionalidad». En tanto, el Frente para la Victoria a través de Carlos Tomada expresó su apoyo a la iniciativa «que en otras ciudades del mundo ha favorecido el desarrollo urbano». No obstante, según dijo «las modificaciones no alcanzaron y se acordó la libertad de acción a los integrantes del bloque». Después de tres horas, las intervenciones fueron cerradas por el presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano Agustín Forchieri (PRO) y se pasó a la votación en general y particular.
Del Corro: “Hoy asistimos a un nuevo pacto PRO-K para rematar la Ciudad”
En la sesión de la Legislatura porteña que volvió a poner en discusión la creación de laAgencia de Bienes S.E., el diputado del Frente de Izquierda Patricio del Corro manifestó su rechazo “tal como hicimos cuando se aprobó en primera lectura en diciembre. Nos negamos a votar esta herramienta que permite poder rematar la Ciudad. Siempre supimos que el PRO estaba detrás de los votos del Frente para la Victoria para concretar esta iniciativa, y los consiguió con nuevos cargos para repartir. Con la libertad de acción, el kirchnerismo le dio al oficialismo los votos necesarios para esta entrega. Hoy asistimos a unnuevo pacto PRO-K para seguir haciendo negocios privados con terrenos públicos”.
Del Corro agregó que “se ha votado un proyecto que tiene nula aceptación entre los vecinos de la Ciudad como se vio en la Audiencia Pública donde ni una sola persona defendió este proyecto cuyo eje es favorecer a los desarrolladores inmobiliarios, cuando hay un déficit habitacional de 500 mil familias y hasta se alquilan los edificios donde funciona el 10 % de las escuelas porteñas”.
El legislador finalizó: “Seguiremos enfrentando estos atropellos que buscan una Ciudad para ricos y expulsar a los trabajadores y a los sectores populares favoreciendo los negociados para los empresarios amigos como IRSA o Nicolás Caputo. Es necesario fortalecer en las calles y también en la Legislatura una alternativa de los trabajadores, las mujeres y la juventud para frenarle la mano al PRO y para eso estamos trabajando”.
El diputado Adrián Camps se refirió a «lo negativo que resulta la aprobación de este proyecto para los porteños»
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de junio de 2016. La Legislatura porteña aprobó hoy el proyecto que crea la Agencia de Bienes Sociedad del Estado y le transfiere la totalidad de los bienes de dominio privado de la Ciudad y el predio que actualmente ocupa el Tiro Federal Argentino, para su comercialización. El diputado Adrián Camps se refirió a «lo negativo que resulta la aprobación de este proyecto para los porteños» y afirmó: «Esta sesión va a pasar a la historia como una de las grandes vergüenzas del Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires. Desde el PRO, intentaron acallar a la oposición con la práctica antidemocrática y autoritaria de tirar el proyecto arriba de la banca cuando se pone en tratamiento, ni un minuto antes ni uno después.»
Para el legislador del PSA, «existe una tendencia de la fuerza que está en el poder a tomar atribuciones que pertenecen a otros poderes del Estado. La entiendo en el PRO, aunque no la comparto en absoluto, porque el resultado es muy malo. Lo que es inexplicable es la postura de algunos espacios políticos que pretenden llamarse ‘oposición’. Porque esto no es ‘oposición constructiva’, esto es oficialismo. Lamentablemente, acá el único que hasta ahora ha demostrado tener el poder absoluto es el poder económico».
INCONSTITUCIONALIDAD
El legislador Camps señaló durante su intervención en el recinto, «la inconstitucionalidad, manifiesta y absoluta, del proyecto». «Le contesté a los diputados que dijeron haberla salvado modificando el proyecto, contraponiendo el texto del artículo 5 aprobado en primera lectura y el que se votó hoy. Eran exactamente iguales». El artículo 5 mantiene la violación de los artículos 82 y 84 de la Constitución al delegar en el Poder Ejecutivo facultades que competen a esta Legislatura. Algunos legisladores cuyos bloques hoy votaron a favor, ya lo habían manifestado durante una reunión de Planeamiento Urbano, según consta en la versión taquigráfica registrada ese día.
EL DIRECTORIO
Otra de las «modificaciones» que se le hicieron al proyecto, se evidencia en la conformación del Directorio. Según Adrián Camps, «esa realmente da vergüenza».
La primera versión tenía 7 miembros. Como el interbloque ECO no estaba dispuesto a votarlo, se eliminó el séptimo miembro -le correspondía a la tercera minoría parlamentaria-. Así, sólo quedaron como integrantes el PRO y la segunda minoría, es decir, el Frente para la Victoria. Como a pesar de los compromisos asumidos en diciembre pasado, el FPV votaba dividido, tuvieron que armar una nueva mayoría para garantizar la aprobación del proyecto. Así aparecen en escena los bloques Suma+, Confianza Pública y el Frente Renovador, quienes, junto a los 4 votos que aportó el FPV, garantizaron la creación de la flamante Agencia.
Había que redistribuir y así aparece nuevamente el séptimo miembro del directorio y algunos cargos de Síndicos para las fuerzas de la oposición. Esto va a quedar más claro cuando queden constituidas las autoridades de la Agencia de Bienes.
EL TIRO FEDERAL
Respecto a la cuestión del Tiro Federal, el legislador del PSA lo calificó como «gigantesco negocio inmobiliario, del orden de los 600 millones de dólares, destinado a grandes emprendedores privados».
El lote que está sobre avenida del Libertador -que hoy tiene una arboleda, canchas de tenis, paddle, futbol y un natatorio- va a albergar dos torres de unos 100 metros de altura, con una ocupación del terreno del 100%; no va a haber ni un sólo espacio verde. «El nuevo texto es peor que el que se había votado en diciembre», agregó.
En las 12 hectáreas que dan a la avenida Lugones, incorporan un espacio de Urbanización Parque (UP) que tendría «el 25% de la capacidad constructiva que se reserva la Ciudad». Traducido: un octavo de manzana. «Esa es la Urbanización Parque que le va a quedar a la Ciudad luego de enajenar un predio de casi 14 hectáreas. Y lo peor es que lo presentan como una mejora», advirtió Adrián Camps.
Otra mentira. En los medios de comunicación un diputado del PRO salió a decir que la ley les asignaba un nuevo predio. Por un lado, lo que dice el texto es que el Ejecutivo «podrá hacer gestiones para otorgar un nuevo predio»; por otro, deroga la ordenanza que le había asignado el predio y que decía que en caso de que la Ciudad lo requiera, debía buscarle un nuevo lugar. Además, contiene una cláusula que establece que si el espacio que le queda Tiro Federal interfiere en el proceso de construcción, lo pueden sacar.
«El Tiro Federal mantiene el edificio, pero pierde los campos de tiro y las instalaciones de todas las demás actividades deportivas -futbol, tenis, paddle, natación, etc.-. Entonces, es un club que tiene que mantener un edificio -porque es patrimonio histórico- y que no tiene ninguna actividad para los socios. No creo que alguien pueda explicar cómo va a funcionar esto», manifestó el diputado.
LAS EXCUSAS
Para finalizar, Adrián Camps aseguró: «No vamos a permitir ningún tipo de presiones con esto de que hay que vender tierras para urbanizar villas». Siempre que hay un proyecto inmobiliario ligado a la venta de tierra pública se dice que una parte va para la urbanización de villas. Podríamos pensar que esto surge de la necesidad de algunos diputados opositores que requieran justificar su voto afirmativo. La realidad es que los bloques que mayor compromiso social tenemos con los sectores desprotegidos, no sólo votamos en contra, sino que además acordamos en que los fondos para urbanizar las villas deben provenir del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, sin necesidad de vender bienes.
