DUDAS E ILEGALIDADES EN LAS LEYES APROBADAS GRACIAS AL PACTO PRO-K

Gracias a los acuerdos alcanzados entre el bloque PRO y el kirchnerismo, se aprobó hoy un paquete de proyectos que entregan a grupos empresarios la mayoría de las tierras públicas -sobre todo espacios verdes- con los que hasta ahora contaba la Ciudad de Buenos Aires. En cuanto al proyecto que habilita a la empresa IRSA a construir un barrio de lujo en la ex ciudad deportiva Boca Jr., volvió a fracasar su tratamiento.

El legislador del Partido Socialista Auténtico, Adrián Camps, se manifestó en contra de la venta del Edificio del Plata a fin de utilizar esos fondos para construir el Centro Cívico en los terrenos del Hospital Borda. Además, manifestó su solidaridad con todos los que han defendido ese predio y su compromiso de continuar la lucha en ese sentido.

Respecto a la rezonificación de los terrenos ferroviarios de Palermo, Caballito y Liniers para construir, supuestamente, viviendas o soterrar el ferrocarril Sarmiento, el diputado del PSA advirtió: «Yo no encuentro ni en los decretos presidenciales ni en la ley dónde dice que se van a construir viviendas sociales; el destino de los predios no aparece documentado en ningún lado. En lo que hace al soterramiento sólo dice que los fondos «podrían ser utilizados» para dicho fin. No hay ninguna garantía de nada».

«Las promesas de vivienda se suceden a lo largo de los gobiernos y las campañas electorales, y el actual Ejecutivo Nacional no escapa a esto, pero la realidad es que esas obras quedan en palabras. Nosotros votamos todas las leyes que consideramos que son buenas para la ciudad de buenos aires, sea cual sea el bloque que las proponga; pero no firmamos cheques en blanco para que cualquiera pueda venir a hacer negocios con los terrenos públicos. Las viviendas sociales fueron anunciadas públicamente por los medios de comunicación pero no fueron incorporadas ni en los textos de los decretos presidenciales ni en los proyectos de ley de rezonificación de los terrenos de Liniers, Caballito y Palermo; la Legislatura aprueba lo que está escrito en los expedientes, no lo que se dice en la televisión o en un diario», agregó.

En la rezonificación de estos terrenos se cometieron varias ilegalidades: Se desafectaron del uso ferroviario y se les dieron otros usos sin pasar por el Congreso Nacional, tal como lo establece el art. 75 de la Constitución. En cuanto al predio de Palermo, la desafectación del decreto presidencial comprende todo el terreno desde la avenida Santa Fe, mientras que la ley que propone la rezonificación omite el área donde la empresa IRSA está construyendo un shopping de manera totalmente ilegal en un distrito que está catalogado como urbanización futura. Entonces, cuando se calcula el porcentaje del 65% que debe ser entregado para uso público se omiten los 35 mil metros cuadrados que está ocupando el grupo empresario; en consecuencia, se está sustrayendo una cantidad importante de espacio destinado al uso público en la comuna de Palermo. Además, tal como plantea la Confederación Argentina de la Mediana Empresa -CAME- este tipo de centros comerciales destruyen a los pequeños comerciantes que son los principales pagadores de impuestos y generadores de empleo.
Por otra parte, se abandonaron proyectos por los que los vecinos lucharon durante años como el Parque Centenario de Caballito. Según Adrián Camps, «se debieron respetar los convenios preexistentes entre la Nación y la Ciudad y la voluntad de los habitantes del barrio. Estamos hablando de una comuna que carece de espacios verdes y que permanentemente se quedan sin energía eléctrica por la sobreconstrucción a la que ha sido sometida en favor de intereses inmobiliarios».

Sobre la cesión de 37,5 hectáreas de espacios verdes para construir una central de transferencia de cargas en la zona sur, el legislador explicó que «si bien fue planteado como un beneficio, no traerá absolutamente nada bueno para la ciudad. Se trata de casi 40ha de espacios verdes que serán cementadas casi en su totalidad, perdiendo superficie absorbente. Es difícil encontrar un convenio tan ruinoso para la Ciudad de Buenos Aires». «La ciudad entrega gratuitamente esa gran cantidad de terreno: desgrava impuestos y no recibe ningún beneficio a cambio. Esto es un contrato a favor de grupos empresarios y en perjuicio de los porteños», añadió.

«Administrar una ciudad o un país implica defender los intereses de todos sus habitantes y no sólo de los grupos empresarios que pretenden obtener ganancias para sí de aquello que les pertenece a todos. La mayoría de los proyectos que se aprobaron hoy no responden a las necesidades de los vecinos de la Ciudad, ya que fueron rechazados por la sociedad civil porteña. Esto se llama hacer negocios, no gobernar», finalizó Adrián Camps.