El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aumentó el valor de las multas de tránsito y todas las infracciones al Código de Faltas. El incremento, de un 37%, es consecuencia de la actualización automática que toma como parámetro el valor de medio litro de nafta. En la Resolución –publicada en el Boletín Oficial– informó que la Unidad Fija (UF) pasó de 13 a 17,85 pesos.
El mal estacionamiento, por ejemplo, a partir de ahora se sanciona con 1.785 pesos, así como violar la prohibición de circular en el microcentro sin permiso y manejar con los auriculares puestos o manipulando el celular. También decretaron el mismo valor por circular sin la Verificación Técnica Vehicular al día. En el caso de estacionamiento indebido, la multa se duplica si el vehículo bloquea una rampa para discapacitados, una parada de colectivo o una ciclovía.
Cruzar con el semáforo en rojo se castigará con severidad. Desde ahora cuesta entre $5.355 y 26.775 pesos. Tapar la patente será sancionado con $17.850 y en ambos casos, la multa se duplica si la infracción la cometió un conductor profesional. Aquellos que se nieguen a realizar el control de alcoholemia, la sanción ahora es de $5.355.
La Ciudad autorizó la creación de nuevas playas de acarreo
La Legislatura porteña aprobó con 34 votos a favor y 25 en contra una serie de cambios a la Ley 5.728 sobre Estacionamiento Regulado y autorizó el uso de once predios como playas de estacionamiento para los vehículos en infracción por un plazo de cinco años.
En el marco de una nueva sesión ordinaria, la Legislatura porteña aprobó en primera lectura -con 34 votos positivos y 25 negativos- una serie de modificaciones a la Ley 5.728 en relación a la concesión de la prestación de los distintos servicios relacionados con el Sistema de Estacionamiento Regulado; además, autorizaron el uso de once predios de la Ciudad como playas de estacionamiento para los vehículos en infracción.
La medida contó con el acompañamiento de Vamos Juntos y el rechazo de GEN, UC, PS, PTS, MC, Evolución, AyL y BP.
De esta manera, la iniciativa establece la división de la Ciudad en cinco zonas, las cuales coincidirán con los límites de las distintas comunas, en las que operaran los concesionarios del sistema de acarreo. Cada zona contará como mínimo con una playa de remisión, la que será provista por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los fines de la correcta prestación del Servicio Público de Estacionamiento Regulado.
Cabe destacar que el Ejecutivo porteño conservará la propiedad de los predios durante toda la vigencia de la concesión y estos estarán ubicados en lugares estratégicos del distrito capitalino: Estación Parque Chacarita -Av. Guzmán entre Corrientes y Jorge Newbery-, Conesa -Conesa, Concepción Arenal, Zapiola y Matienzo-, Obelisco Sur -Av.9 de Julio, entre Perón y Mitre-, Tacuarí -Tacuarí, Cochabamba, Bernardo de Irigoyen, y av. San Juan-, Quinquela Martín -Quinquela Martín, av. Herrera y av. Hornos-, Couture -Eduardo Couture y Facundo Quiroga-, Dávila -Dávila, Zuviría, Thorne y av. Eva Perón-, Cazadores-Artilleros -Artilleros, Cazadores, Echeverria y Juramento-, Pueyrredón -Obispo San Alberto, Franco y Bolivia-, Barragán -Barragán, Bynon, Gallardo y av. Reservistas Argentinos- y Rivadavia -Ramón Falcon, White, Donizetti y av. Rivadavia-.
Asimismo, la norma establece que estos predios sólo podrán ser operados por el concesionario como playas de remisión de vehículos acarreados por infracción, debiendo cobrar la estadía de tales vehículos cuando permanezcan más de dos horas sin ser retirados por el titular.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Tránsito y Transporte, Cristina García, aseguró que “el Estacionamiento Regulado busca resolver el espacio público de la Ciudad” y destacó que “los beneficios que trae están vinculados con la forma de ordenar el espacio público, previniendo los conflictos entre los vecinos y evitando accidentes, entre otras cuestiones”.
“Este proyecto se presenta más allá del proceso judicial que se está llevando a cabo actualmente, tiene que ver con el lugar que ocupan los predios que se utilizarán para el acarreo y, por el otro lado, por el uso que se le dará a los mismos”, remarcó y sentenció que “sin predios que funcionen para estos vehículos en infracción, no hay manera de que tengamos un buen servicio”.
Asimismo, el radical Marcelo Guouman destacó que “hace dos años, cuando debatimos esta ley nos opusimos por aspectos tecnológicos, para nosotros ya envejecida” y explicó que “hoy hay experiencias en ciudades del mundo que utilizan una app en el celular que administra el flujo de estacionamiento”.
“No entendemos la necesidad de comprar tecnología ya en desuso para nuestra ciudad”, completó.
Por su parte el vicepresidente tercero de la Casa y socialista, Roy Cortina, manifestó que “nosotros rechazamos los términos en los que está planteado el Estacionamiento Regulado y la forma en la que la lleva a cabo el Gobierno, porque no persigue el ordenamiento del espacio público sino que tiene una intención meramente recaudatoria” y consideró que “este sistema invade o llega a barrios que son residenciales, hay vecinos y barrios que se van a ver perjudicados”.
A su turno, el diputado de GEN Sergio Abrevaya recordó que “esta es la quinta ley que se trata en la Legislatura sobre este tema debido a la insistencia” y advirtió que “esta es una ley que permite que más del 40% de la Ciudad esté con parquímetros”. Además explicó que “los gobiernos establecen el estacionamiento medido cuando notan que en una determinada zona se reúne el espacio que ocupa un automóvil, esto tiene sentido en la zona de micro y macro centro, porque se requiere que el auto se quede poco tiempo y luego se vaya” y consideró que “no tiene sentido establecerlo en un barrio donde no se tiene esa necesidad”.
“La ecuación estacionamiento medido y la grúa, tiene como resultado un negocio redondo. ¿Por qué querríamos poner parquímetros en calles de barrios donde no hay un recambio furioso de autos?”, concluyó.
Además, la peronista María Rosa Muiños señaló que “hace 28 años que dos empresas están dando un servicio deficiente en nuestra ciudad” y subrayó que “tienen muchas denuncias, sobretodo por excesos en el precio de las fichas, por conducta inapropiada del personal, entre otras cuestiones”.
“Las playas las pone la Ciudad, los sueldos los paga la Ciudad y los agentes de tránsito también; sin embargo las ganancias se las llevan las empresas privadas”, concluyó.
Sobre esa misma línea, el legislador de MC Marcelo Depierro aseveró que “la estrategia que se está trazando por parte del Ejecutivo está equivocada” ya que “este proyecto no da una respuesta a las dudas y planteos de los vecinos, tampoco nos las da a los diputados” y remarcó que “nos dicen que las playas de acarreo no son parte de la concesión, pero lo son porque sino no habría remoción”. “¿Por qué les tenemos que dar las playas? Que las compren, que se hagan cargo de lo que significa ser un concesionario, sino siempre les estamos dando facilidades y no les exigimos nada”, completó.
Asimismo, el diputado de PO Gabriel Solano consideró que “esta ley es un gran curro ilegal, inconstitucional e irresponsable” e insistió en que “no busca ordenar el trafico, tiene un objetivo recaudatorio, sobretodo ahora que aumentaron las multas un 37% que tiene sus incrementos atados al dólar”.
“Esto también significa una rebaja salarial para el vecino y para el trabajador que llega a la Ciudad. Les van a cobrar a los vecinos por estacionar su auto en la puerta de un supermercado? La verdad, esto va a terminar muy mal”, afirmó y sentenció que “estamos un curro fenomenal, así que estoy esperando que aparezcan los cuadernos de la corrupción de las grúas”.
A su vez la legisladora de PTS Myriam Bregman aseveró que “quieren mantener los negocios contra los vecinos, en donde se socializan los gastos y se privatizan las ganancias” y preguntó “¿les parece que es momento para darle la espalda tan alevosamente a los vecinos? ¿les parece que es el momento de discutir esto? Sobre todo en el marco de devaluación de este jueves, con el esfuerzo que tiene que hacer su familia pueda mantener un autito”.
“Es de una total impunidad que estemos discutiendo este curro. Cambiemos llego con un discurso de cuento como el de Caperucita Roja, pero su política era la del Lobo Feroz”, argumentó.
Por su lado, la kirchnerista Paula Penacca indicó que “siempre hay algunos que se benefician y otros que se perjudican, acá los afectados son los ciudadanos y quienes ganan son estas dos empresas que manejan el negocio hace 28 años” y sentenció que “lo único que se vuelve a discutir en esta Legislatura es de qué manera se le da el negocio a esas dos empresas, que encima tienen un servicio cada vez más deficiente”.
