El gobierno porteño deberá garantizar la vivienda digna a un cartonero y sus cinco hijos.

La Justicia de la ciudad de Buenos Aires ordenó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que garantice el acceso a una vivienda digna a un trabajador cartonero que vive con sus cinco hijos en el barrio Ramón Carrillo.

El juez Lisandro Fastman, titular del juzgado N° 14 del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, hizo lugar el miércoles a la acción de amparo presentada por Abel López, de 49 años, contra el Gobierno de Mauricio Macri y el Instituto de la Vivienda, por considerar afectados sus derechos a la vivienda, la salud y la dignidad, informó el Consejo de la Magistratura porteño.

El magistrado ordenó al Gobierno y, particularmente al Ministerio de Desarrollo Social, que garantice el derecho del adulto y sus cinco hijos, dos de ellos menores de edad, a tener un alojamiento digno, «arbitrando los medios necesarios a fin de incluirlo en alguno de los programas habitacionales vigentes, que no sea parador ni hogar».

La familia vive en el barrio Ramón Carrillo y se dedica a recolectar cartones y plásticos para su venta, ocupación que le permite reunir alrededor de 120 pesos por semana.

Alquila dos habitaciones por las que abona 1.500 pesos mensuales, que obtiene por el subsidio habitacional que le fue otorgado a través de una cautelar dictada por el mismo magistrado en octubre de 2012 y confirmada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones del fuero en marzo de 2013.

Considerando la situación de emergencia económica y de vulnerabilidad social del hombre, acreditada por la licenciada en Trabajo Social que lo evaluó, Fastman planteó que él y sus dos niños están «dentro de los sectores de la población que el constituyente decidió priorizar» y a quienes se dirigen los planes sociales.

En el fallo «López Orlando Abel contra GCBA y otros» el apoderado del Gobierno de la Ciudad solicitó que se rechace la demanda por considerar que «el actor no se encuentra en la actualidad en condiciones de vulnerabilidad» y que «su mandante lo asistió hasta agotar las partidas presupuestarias asignadas en la materia» (fojas 79 a 91).

Sostuvo además que «no existe ninguna omisión ilegítima, toda vez que en cumplimiento del mandato constitucional el GCBA prevé y brinda asistencia habitacional, partiendo del principio de mayor urgencia y necesidad para su adjudicación, y compatibilizando la ayuda social con la existencia de recursos disponibles y afectados para tal fin».

El apoderado señaló por último la «improcedencia de la pretensión de que se incrementen los montos de los subsidios, puesto que tal circunstancia significaría una invasión a las competencias privativas del ejecutivo local».

No obstante, el juez Fastman consideró que en la causa «puede arribarse a una solución jurídicamente adecuada y razonable sin necesidad de la declaración de inconstitucionalidad de los decretos».