El gobierno porteño subastará la concesión del Zoo de Buenos Aires.

En la sede del Banco Ciudad en Esmeralda 330 comenzará el proceso por el cual el tradicional lugar de Palermo tendrá nuevos dueños. O seguirá el mismo, según las ofertas que se escuchen hoy, ya que al mediodía estarían los resultados.

Para competir en la compulsa por el canon que pagará el nuevo concesionario hay tres oferentes: el actual concesionario, el Grupo Fénix y otro, denominado Acuario, que tiene un par de accionarios relacionados con la actual administración del Zoo. Hubo un cuarto interesado que compró los pliegos para participar del remate, pero hasta ayer no había hecho el depósito correspondiente en el Banco Ciudad, razón por la cual no tendrá derecho de convertirse en el mejor postor. Así lo confirmaron ayer en el Ministerio de Desarrollo Económico, que lleva adelante el proceso.

La fecha original dictaminada por el Poder Ejecutivo porteño era en julio, con una base de 143.500 pesos, pero se pospuso cuando la jueza Elena Liberatori falló a favor de un amparo presentado por el legislador Adrián Camps (Partido Socialista Auténtico), que aún sigue vigente.

La base de la subasta será de $ 287.000 y el que resulte ganador deberá pagar mensualmente por cinco años; el canon aumentará proporcionalmente a los incrementos en el precio de la entrada general. El pliego establece una serie de obras para recuperar las instalaciones.

El Poder Ejecutivo sólo está habilitado a concesionar obras y servicios públicos; si es por un plazo menor de 5 años lo puede hacer en forma directa, si es por más de 5 años necesita el aval de la Legislatura. Pero la Constitución porteña no lo habilita a concesionar bienes del dominio público, por ningún tipo de plazo; según el 89, se requiere una ley de doble lectura. «En este caso, el Ejecutivo resuelve por decreto algo que debería salir por ley de la Legislatura y por eso este remate es inconstitucional», aseguró.

Las críticas vinieron también desde la propia tropa macrista. La Comisión de Ambiente conjuntamente con la de Espacio Público de la Legislatura -ambas presididas por diputados del PRO- elaboraron un informe cuestionando severamente el pliego y el remate. Esto tampoco ha sido tenido en cuenta por el Ejecutivo.

Según Adrián Camps, «desde distintos sectores de la sociedad ya se planteó la necesidad de privilegiar qué zoológico queremos y no un remate al mejor postor, con un canon base de 143.500 pesos, que ni siquiera van a pagar porque lo van a utilizar para la reparación de los edificios, tal como lo establece el pliego».

NOTA: La causa Ferreira, patrocinada por el Dr. Pedro Kesselman y amparada en la Ordenanza 46.229, planteaba que vencida la concesión del zoológico éste debía volver a la Ciudad y no podía volver a reconcesionarse.
A partir del amparo presentado por el legislador Adrián Camps y frente a la inminencia del remate, la jueza Elena Liberatori no sólo dicta la medida cautelar sino avanza en el tema: basándose en el art. 89 de la Constitución de la Ciudad plantea la inconstitucionalidad del remate.
Es decir, que lo resuelto en la causa Ferreira nada tiene que ver con lo planteado por la jueza Liberatori a partir del amparo presentado por el diputado Camps.