El Gobierno reglamentó la ley de Trata de Personas

El Gobierno reglamentó hoy de forma parcial la ley de Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, sancionada por el Congreso el 19 de diciembre de 2012.

A través del decreto 111/2015, publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; y del ministro de Justicia, Julio Alak, el Poder Ejecutivo aprobó la reglamentación de la Ley Nº 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, y su modificatoria Nº 26.842.

El artículo 1° de la norma establece que “los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad, de acuerdo con las facultades conferidas legalmente y los profesionales de los organismos de rescate y asistencia a las víctimas, dentro de sus competencias, deberán informar de inmediato la identificación de posibles víctimas al juez o fiscal encargados de la investigación”.

Además, la ley ahora reglamentada parcialmente procura que las víctimas de trata tengan un “primer contacto con profesionales especializados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que actuarán junto a los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad intervinientes”.

La normativa establece también que “toda víctima reciba información detallada, clara y suficiente” sobre el delito y su situación, además de la garantía de un “alojamiento apropiado” el que se entiende como “un espacio físico contenedor que proteja la seguridad e intimidad”.

La ley también prevé que las víctimas de trata tengan acceso a programas de empleo o cursos de formación laboral ofrecidos por el Ministerio de Trabajo y un asesoramiento legal gratuito a cargo del Ministerio de Justicia.

El texto también le da poder al Estado para constituirse como querellante en los procesos judiciales y promueve el funcionamiento del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.

Críticas al modo de reglamentación de la Ley de trata de personas

La Diputada Nacional (MC) Fernanda Gil Lozano, manifestó su satisfacción por la publicación en el Boletín Oficial de la Nación del Decreto 111/2015 que reglamenta parcialmente la Ley de Trata de personas y Asistencia a las Víctimas Ley 26. 364 y 26. 842, pero se mostró crítica por el modo en que el Gobierno Nacional regularizó la normativa.

La ley había sido sancionada por el Congreso el 19 de diciembre de 2012 durante el período de sesiones extraordinarias convocadas por la Presidente luego de que se conociera el fallo que absolvió a los acusados de secuestrar a «Marita» Verón, hija de Susana Trimarco, para forzarla a entrar a una red de prostitución y trata de personas.

Luego de dos años, el Poder Ejecutivo aprobó ayer su reglamentación con las firmas de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich y del Ministro de Justicia, Julio Alak.

Al respecto, la dirigente de la Corriente Renovadora Progresista, en su carácter de histórica luchadora contra la trata de personas, expresó que “hay muchos aspectos que involucran a las víctimas que no están debidamente contemplados en el dictado del decreto que se venía reclamando”.

En primer lugar, Gil Lozano explicó que si bien el Artículo 18 habilita el funcionamiento del Consejo Federal, exigido por diversas organizaciones sociales en todo el territorio de la Nación, se observa con sorpresa que el Art. 19 (que permitiría la incorporación, conforme ley 26.82 de la Sociedad civil – ONGS a dicho Consejo) no ha sido reglamentado, por lo cual consideró que entonces “el ingreso de las organizaciones sociales a este Consejo deviene en una ficción”.

Por otra parte, la reconocida militante por los derechos de la mujer manifestó que le genera “muchos interrogantes como se vinculará, operativamente, la potestad del Estado de constituirse en parte querellante en los procesos penales de trata de personas y delitos conexos en aquellas situaciones donde la propia víctima participe del proceso penal con ese mismo carácter.

Además, advirtió que el inciso F del. Art. 6 de la ley 26.842 , refiere a la protección de las víctimas de trata contra represalias, cuya función hoy recae en el Programa de Protección a Víctimas e Imputados Ley 25.764, tampoco ha sido reglamentado, ante lo que declaró que “se ha desperdiciado la oportunidad de adecuar el funcionamiento de este programa, altamente deficiente , que las organizaciones venían señalando como una necesidad imperiosa”.

La dirigente massista también detalló que “no se ha regulado, soslayando la importancia vital para la construcción de un proyecto de vida para las víctimas, un compendio de aspectos vinculados a la reinserción de las víctimas (contemplando la asistencia psicológica, médica, educativa, etc).

En último término, la legisladora (MC) observó que el Gobierno Nacional también ha omitido reglamentar el articulado referido al sistema sincronizado de denuncias, lo cual consideró que favorece a que “no se resguarde adecuadamente el proceso de denuncias, del que hoy la ciudadanía es convocada a participar en forma anónima, a través del número 145.

Luego de estas observaciones, Gil Lozano afirmó que “está claro que el Ejecutivo Nacional no quiere que se incorporen a la lucha ni la oposición ni la sociedad civil” y agregó que le parece “llamativo que se reglamente la ley en coincidencia con el proyecto oficialista anunciado por la Presidenta Cristina Fernández para la creación de una nueva Agencia Federal de Inteligencia, que justamente tendría injerencia interna en la lucha contra la trata”.

Finalmente, Gil Lozano aseguró que “el enfoque de la reglamentación no ha sido centrado en el protagonismo, necesidades e inquietudes de las víctimas” y concluyó diciendo que “en conjunto con todos los militantes, organizaciones sociales y funcionarios públicos competentes, continuarán analizando los alcances de este decreto para luchar por la asistencia integral a quienes sufren este delito y sus verdaderos derechos”.

Organizaciones de la sociedad civil celebraron la reglamentación de la ley de trata

Aseguraron que la reglamentación parcial de la ley de Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas representa «un paso importantísimo», y resaltaron que la «asistencia de las personas rescatadas» les permite a éstas ejercer plenamente sus derechos y no volver a caer en la situación de vulnerabilidad que favoreció su captación.