El Sarmiento: se accidentó un tren, esta vez a la altura de Villa Luro.

Los motivos de la caída de la imagende la Presidenta K.
Un problema en el tercer riel detuvo la marcha de un ferrocarril que partió de Once y se dirigía hacia la Provincia. Los pasajeros sientieron una fuerte explosión y el servicio se frenó. El tren venía fallando desde Flores, denunciaron. El SAME atendió a personas golpeadas.

EL CRIMEN de Mariano, otra víctima más del despilfarro y el robo Kirchnerista. En el caso puntual de Mariano el Kirchnerismo asesino y socio de los Pedrazas.

eclaró otro testigo protegido, Claudio Díaz. Dijo que el acusado Gabriel “Payaso” Sánchez concurrió armado a la convocatoria de la Unión Ferroviaria contra el corte de vías de los tercerizados y describió la férrea organización vertical del sindicato encabezado por José Pedraza. Sánchez pidió un careo con el testigo que le fue denegado por el tribunal. Brindó entonces una ampliación de su indagatoria pero a condición de no responder preguntas de las partes. Como era previsible, negó portar armas y trató de desacreditar al testigo.

Al comienzo de la audiencia, los abogados defensores intentaron anular el testimonio que brindó Alejandro Benítez el martes pasado. También declaró el policía Jorge Antoniuk, jefe de la Central Operativa de Video.

Nerviosismo en la defensa

Nuevamente la audiencia tuvo características especiales debido a la presencia de un testigo protegido. No se permitió el ingreso del público ni de la prensa. Los acusados (estuvieron todos presentes, excepto el comisario Ferreyra) fueron ubicados del otro lado del blindex que separa al público de la sala de audiencias. Esta vez sí fue autorizado el uso de computadoras y tecnología.

Las defensas demoraron un largo rato el inicio de la audiencia planteando la anulación del testimonio brindado por Alejandro Benítez durante la jornada anterior. Impugnaron aspectos formales relacionados con las medidas de seguridad del tribunal, incluso con algunos planteos estrafalarios. El defensor de Pablo Díaz, por ejemplo, afirmó que “no le constaba la identidad” del testigo, porque estaba levemente caracterizado. El otro defensor que puso énfasis en anular ese testimonio fue Freeland, el abogado de Juan Carlos Fernández. Los argumentos de ambos fueron pueriles. Todos sus planteos fueron diferidos por el tribunal para el momento de la sentencia.

El testimonio de Benítez puso de manifiesto con absoluta claridad que las órdenes a la patota partían de la sede de la Unión Ferroviaria, donde se encontraban reunidos Pedraza y Fernández. El nerviosismo de las defensas se agigantó con los últimos hechos: la caída en desgracia de Antonio Luna y la renuncia de Pedraza y Fernández a encabezar la lista oficial en las próximas elecciones del sindicato como resultado de una crisis política. El día anterior, la Corte Suprema rechazó definitivamente los pedidos de excarcelación de Pablo Díaz.

El testimonio de Claudio Díaz

Finalmente, Díaz subió al estrado, con lentes y visera como lo hizo Benítez. Declaró durante casi cuatro horas y aportó muchos elementos de importancia. Entre otras cosas, describió frente al tribunal el funcionamiento interno de la Unión Ferroviaria. Afirmó que el orden de jerarquías en el Roca estaba compuesto por Pablo Díaz al frente de la Comisión de Reclamos, Juan Carlos Fernández como su superior y encargado general de la línea, a Karina Benemérito la señaló como la ´secretaria de Fernández´ y señaló que Fernández es quien reporta en la sede del sindicato ante José Pedraza.

Díaz relató que llegó a la zona de Barracas convocado por Alberto Carnovale -delegado de la Comisión de Reclamos e integrante de la comisión directiva de la Seccional Sud de la UF, compuesta por el Roca, Ferrobaires y Ferrosur.

Carnovale lo convocó a partir de una directiva de Pablo Díaz, echando por tierra la coartada de “la movilización espontánea”. “La UF nunca acató una orden de los afiliados. Es al revés. Ellos fueron los que convocaron”, afirmó el testigo. Dijo que concurrió para “hacerse ver” por los delegados, con el interés de hacer ingresar a su esposa a la planta ferroviaria. “Desde el 2010 que el sindicato maneja todos los ingresos al ferrocarril”. Díaz es ferroviario desde 1999.

En estación Constitución se cruzó con Gabriel Sánchez y partieron juntos en el auto de aquel con rumbo a Barracas. Al llegar, Sánchez extrajo de la guantera un revólver envuelto en una bolsa de nylon. “Traje el muñeco”, le dijo Sánchez a Díaz. “Dejate de joder”, le contestó, “si nunca pasó nada”. Díaz estaba convencido de que asistía a una movilización más de tantas otras, como a las que había asistido de la mano de la UF en la 9 de Julio a un acto convocado por Moyano o a River, para escuchar el discurso de Cristina Fernández pocos días antes del crimen de Mariano. “Podíamos retirarnos de nuestros lugares de trabajo sin recibir sanciones porque convocaba la Unión Ferroviaria”, precisó.

Diaz puso de manifiesto la complicidad activa de la policía con la patota. Relató que al llegar a Barracas, se ubicó sobre el puente ferroviario. “Abajo había policías de civil que conozco de Constitución, que son los que arman los operativos en la estación”-dijo- “También había un patrullero que estaba cruzado en la calle y que luego se movió y quedó estacionado en un costado. Desde abajo, Pablo Díaz y otros nos agitaban para que bajemos y bajamos”. También describió la presencia entre los ferroviarios de personas ajenas al gremio.

A los pocos minutos, comenzó la corrida contra los tercerizados, “que estaban lejos, a 150 metros por lo menos”. Díaz dijo que corrió detrás de Carnovale, el delegado que lo había convocado. “Me sorprendió que nadie hiciera nada para pararnos. La policía no hizo nada”, puntualizó. Cuando se acercó a unos metros al cordón de seguridad que habían formado nuestros compañeros, Díaz recibió un piedrazo y se ocultó detrás de un árbol. Regresó al pie del puente ferroviario y se lavó la herida en una toma de agua. Le corría sangre por la cara y se sentía aturdido. Pablo Díaz ordenó que lo llevaran a la guardia del hospital Argerich. Lo trasladó González –otro de los detenidos, el que en los videos luce un cuello ortopédico- junto a otra persona lastimada en una mano. La guardia del Argerich estaba sobrepasada y no se pudieron atender allí. “En la puerta del hospital, González habló con alguien por handy pero no sé con quién. Se lo veía preocupado, confundido. Ahí me dijo que no hablara de lo que había pasado porque estaba todo podrido”. La crisis política derivada del crimen de Mariano recién comenzaba a abrirse paso. En ese momento, los militantes y tercerizados que habían sido agredidos en Barracas cortaban Corrientes y Callao.

El servicio médico de la empresa le extendió un certificado médico por cinco días. Díaz dijo que las repercusiones del hecho en el que había quedado involucrado lo impactaron. “No lo podía creer. Yo no había ido a lastimar a nadie. Nunca me imaginé que esto iba a terminar así”. Esperó en vano durante varios días a que alguien del sindicato lo llamara para ir a declarar. Finalmente, otro ferroviario lo persuadió de presentarse ante la justicia. Tres policías se presentaron en su casa y tras hacerles un breve relato de lo que vivió, lo trasladaron a la fiscalía donde hizo su primera declaración.

El interrogatorio de las defensas fue errático e insustancial. Finalmente, luego de un cuarto intermedio de una hora, el abogado de Sánchez solicitó un careo con su defendido. El tribunal no hizo a lugar, dado que no existía contradicción entre las declaraciones que volcara cada uno durante la instrucción. Más que un careo, Sánchez pretendía protagonizar una nueva apretada. Los jueces señalaron que, en todo caso, el acusado tenía derecho a ampliar su indagatoria para referirse al hecho puntual del arma que -según Díaz- extrajo de su guantera. Ninguno de los imputados había declarado desde que comenzó el juicio. Una vez concluido el testimonio de Díaz, entonces, Sánchez subió al estrado. Puso como condición no responder preguntas de las partes sino solamente las del tribunal. Durante quince minutos volcó un relato confuso y lastimero. Negó andar armado y pertenecer a la barrabrava de Racing. Sin embargo, otros testimonios -además del de Díaz- también lo describen como un pistolero violento al servicio de Pedraza y Fernández. Sánchez no aportó ningún elemento relevante frente a las acusaciones que pesan en contra suya.

A esa altura, las defensas ya habían recibido una nueva paliza.

Final de la jornada

El último en declarar fue el policía Jorge Antoniuk, quien al momento de los hechos se encontraba a cargo de la Central Operativa de Video de la Policía Federal. En todo momento intentó encubrir al camarógrafo policial Villalba, quien llegó a juicio porque dejó de filmar en el momento exacto del ataque. En su indagatoria, Villalba intentó justificarse diciendo que contaba con poco tape y batería y que por lo tanto debía administrar su uso. A pregunta de nuestras abogadas, Antoniuk tuvo que admitir que si se hubiera quedado sin esos elementos, le hubiese bastado con avisar para que le suministraran más desde la central.

De su testimonio también surgió que Villalba tenía línea directa con los jefes del operativo y que su función era “registrar incidencias”, exactamente lo contrario a lo que hizo aquel 20 de octubre. También quedó en claro que Villalba no necesitaba ninguna orden expresa para bajar del puente ferroviario y continuar registrando al ver el embate masivo de la patota contra la columna que se retiraba.

Villalba fue un engranaje del plan criminal que pergeñaron los Pedraza, la Ugofe, los funcionarios de transporte ferroviario y la policía para “aleccionar” a los tercerizados.

OTRA MUESTRA DE QUE LA CAIDA K VA EN SERIO
El gobernador de la provincia de Santa Cruz, Daniel Perala, intimó a la petrolera OIL M&S, de Cristóbal López, a que realice inversiones que tenía comprometidas en dos áreas petroleras de su provincia o de lo contrario podría proceder a quitárselas.

El Instituto de Energía santacruceño, autoridad regulatoria en materia de hidrocarburos, notificó a López a través de una carta documento que las áreas observadas son Gran Bajo Oriental y Sierra España y le pone un plazo de 10 días para responder. En esta se pidió a la compañía pagar por unidades de trabajo adeudadas y la diferencia entre lo abonado en concepto de canon hidrocaburífero por las dos áreas en cuestión.

Este fue el primer movimiento de Peralta en respuesta a López, quien a través de sus medios de comunicación -el canal de noticias C5N, portales de internet y diarios regionales- acusó al gobierno provincial de haber realizado trabajos de inteligencia sobre la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
OIL M&S posee 7 áreas petroleras en Santa Cruz que le fueron adjudicadas en 2009, y actualmente cinco en sociedad con Unitec Energy (del Eduardo Eurnekian). Según había revelado LA NACION en abril pasado, en las dos áreas por las cuales ahora Peralta realiza la intimación no se registraban inversiones acordes al plan de trabajo comprometido en la licitación.

De acuerdo a las estadísticas públicas de la Secretaría de Energía nacional, Oil M&S hasta desde 2009 hasta febrero de 2012 no ha producido ni una gota de crudo.