En una sesión marcada por la tensión y las continuas discusiones, los representantes del Estado confirmaron algo que los funcionarios nacionales habían anunciado tiempo atrás, y los privados negaban: los sueldos de los gerentes son astronómicos. En la última asamblea de accionistas, el secretario consiguió la confirmación del salario que percibe el gerente general de la empresa, quien recibe la escandalosa suma de 133 mil pesos brutos por mes. Es decir, que se gasta $1.596.000 por año en un solo sueldo, informó el semanario Democracia.
Esto, sostienen los representantes estatales, incide sobre el costo que se cobra a los medios pequeños y medianos cuando adquieren el insumo bàsico para su funcionamiento. Fiel a su estilo, el Secretario de Comercio Interior pasó a presidir la asamblea, pidiendo que los accionistas utilicen su propia mirada y no sean “soplados” por los directores, quienes no debían participar.
Dos años atrás, cuando el Estado luchaba por conseguir que se reconozca su participación como accionista de la empresa, el Sindico General de la Nación Daniel Reposo habìa denunciado que Jorge Noceda, el gerente general, recibía una paga mensual de 135,896 pesos. Por su parte, el Gerente de Compras Manuel Kliment, cobraba 71,283 pesos mensuales, la Asesora Legal Patricia Evison, 47.500 y el Gerente de Finanzas Carlos Aguirre, 44 mil pesos. “Este directorio carece de legalidad para actuar”, comenzó diciendo Guillermo Moreno ante los accionistas de las empresas Clarín y La Nación, el representante de la SIGEN y del Estado. “Se sabe que la Justicia ha declarado la nulidad de lo actuado en la última asamblea, por lo que lo definido en dicha sesión carece de validez”. Este punto en particular despertó la respuesta de algunos representantes privaos. En definitiva, la misma reunión que se llevó a cabo el último miércoles 29 de agosto en la sede de Papel Prensa se realizó por orden directa de la jueza comercial María Cristina O’Reilly, con el fin de reeditar la reunión societaria efectuada el martes 27 de septiembre de 2011, la cual quedó anulada por la Comisión Nacional de Valores. Pese a ello, los accionistas privados consiguieron en aquella ocasión el aval del juez Fernando Durao, acusado de ser abogado de uno de los directores de la empresa -designado sin el sorteo correspondiente- y decidieron expulsar del directorio a todos los representantes estatales.
La tensión volvió a escalar con el reproche de los privados a las explicaciones judiciales del Secretario de Comercio Interior, quien advirtió: “acá no hay clima de cordialidad y veo mucha violencia, y así no se puede seguir deliberando. Acá hay gente que tiene las manos manchadas de sangre y quiere venir a hablar. No es así. Esta es una asamblea de accionistas, no de directores. No le vamos a dar la palabra a los ilegítimos. Si no hay clima de cordialidad, le avisó a la jueza y suspendemos la sesión”, resolvió firmemente. Cuando retomó la calma, y fiel a su estilo, el funcionario reiteró que la justicia ha iniciado un proceso para “terminar el desmanejo de la sociedad y que la empresa sea conducida por los òrganos legìtimos.
Los únicos directores legítimos son los designados por el Estado. Los demás no cumplen los requisitos. Vienen a cobrar y nada más, como me lo ha reconocido en la cara Maqueda. Lo que pasa es que ese directorio es el mismo que le da poder excepcional y un sueldo extraordinario a Noceda -el gerente general-. ¿Usted sabe de cuánto es el sueldo? “133 mil pesos, brutos”, le responde quien preside la sesión. Exacto, 133 mil pesos. ¿Y qué más cobra el señor? Noceda, ¿usted se lleva algo más?” preguntó Moreno al hombre que dirige la empresa desde 1978, cuando Clarín La Nación y La Razón obtuvieron el control de la empresa en una maniobra que fue denunciada en la Justicia por Lidia Papaleo de Graiver, la viuda del banquero David Graiver, por haber sido obligada mediante torturas a desprenderse de las acciones.
“Lo que vamos a hacer es respetar los intereses de la sociedad, que deben ser preservados”, agregó el funcionario. Finalmente, ante un nuevo ataque de los accionistas privados, Moreno resolvió pedir una vez más orden para firmar el acta definitiva. Sin embargo, la disputa entre los presentes sobre si el estado tenía el derecho para firmar el orden del día o no lo llevaron a nuevamente exigir orden y finalmente suspender el encuentro: “Esto no es el clima que se necesita. Así no hay posibilidad de negociar. Claramente ellos no quieren que haya asamblea. Si ni siquiera quieren que firmemos el acta. Yo lo que voy a hacer es avisarle a la jueza y se suspende la sesión”, cerró en medio de nuevos cruces con los privados. El episodio es uno más de la resistencia de los empresarios de Clarín y La Nación para acatar los fallos de la Justicia y la ley votada el 23 de diciembre de 2011 en el Congreso de la Nación que declaró de “interés público” la producción de papel para diarios.
A esto se suma la extensa presentación realizada por los antiguos propietarios de la firma, representados por Lidia Papaleo de Graiver, por las torturas mediante las cuales la familia fue obligada a desprenderse de la compañía, y las distintas protestas de medios gráficos por el monopolio y el ventajoso uso que hacen los accionistas de Clarín y La Nación sobre el precio que ellos mismos instalan sobre el insumo básico para el funcionamiento de la industria gráfica, uno de los principales sostenes de la libertad de prensa que tanto dicen defender.
