La escasa distancia entre la candidatura oficial y la de la oposición, con vistas al segundo turno, 41.5 contra 33.6, implica una derrota para el gobierno. Aunque ganó en los estados de Minas Gerais y Bahía, fue severamente batido en los de Sao Paulo y Rio Grande do Sul – este último la cuna del ascenso electoral del PT. Dilma Roussef obtuvo la menor proporción de sufragios desde que Lula ganara la presidencia en 2003. La filiación petista de la presidenta de la Nación disimula el carácter real del gobierno brasileño, que es, por un lado, una alianza con el PMDB, el más importante del país, configurado bajo la dictadura militar, y, por otro lado, con la derecha evangélica, que impone a la coalición oficial una agenda clerical y confesional de características extremas. Los votos del oficialismo respo! nden a esta coalición.
La expresión “gobierno del PT” no pasa de ser un eufemismo, que adorna al oficialismo con oropeles progresistas. Han quedado en el primer lugar las fuerzas políticas responsables de la recesión industrial – en especial los cierres y suspensiones en la industria automotriz -, la inflación y la suba de la desocupación. La deuda pública de Brasil supera el 60% del PBI, por cerca de u$s 700 mil millones, y peor es aún el endeudamiento privado, que se acerca al ciento por ciento del producto.
Las elecciones no han reflejado la enorme rebelión popular del año pasado contra los aumentos de tarifas del transporte y de protesta por el derrumbe de los servicios públicos esenciales. Los partidos y coaliciones establecidos se han beneficiado, en forma desproporcionada, de las contradicciones del movimiento popular.
La entrada de capital especulativo para aprovechar la diferencia monumental de tasa de interés con los mercados internacionales ha sido extraordinaria, y ahora enfrenta una reversión de tendencia. El temor a la fuga de capitales ejerce una presión enorme sobre la tasa de interés de Brasil, que a su vez repercute en forma negativa sobre el financiamiento de la industria y sobre el crédito al consumo, que se encuentra en niveles muy altos. El ‘ascenso a la clase media’, que ponderan los medios internacionales, es una consecuencia del “cartao” – la tarjeta de crédito. El Brasil pos-electoral será el del ajuste y el de la acentuación de la ‘conflictividad’ social. La salida de capitales ya se ha traducido en una devaluación del real, más o menos significat! iva. En ausencia de un protagonismo popular independiente, las elecciones se han confinado a una disputa entre los sectores dominantes.
La preocupación fundamental es si el Tesoro de Brasil tendrá la capacidad de honrar el pago de la deuda externa o refinanciarla y aumentar los ‘incentivos’ para que el capital especulativo no se escape del país. Los esfuerzos del gobierno por firmar un acuerdo de libre comercio con la UE han sido bloqueados por Argentina, de donde deriva las exigencias opositoras (y del candidato del Frente Amplio de Uruguay) para debilitar el Mercosur y ‘liberar’ a la política brasileña de la kirchnerista. Dentro del campo ‘nacional y popular’, como se ve, hay también una división de estrategias.
En los círculos financieros se ha otorgado a la posibilidad de una derrota del oficialismo brasileño una capacidad de incidencia en la crisis de Argentina mayor que el ‘dólar blue’ o el ‘contado con liqui’. Marcaría, dicen, un cambio irreversible de tendencia y precipitaría un desenlace más rápido de esa crisis. Pero ese cambio de tendencia se encuentra ya cómodamente instalado en el oficialismo brasileño, el cual sigue teniendo mayor capacidad de control popular y una cintura mayor para el arbitraje en una coyuntura de incremento de la movilización de masas.
Las elecciones brasileñas muestran el final de un ciclo, anticipa una transición y, por lo tanto, una crisis de conjunto. Hace falta ahora que los trabajadores, a través, obviamente, de luchas parciales crecientes, desarrollen su propia alternativa política.
