La minería utiliza el cianuro sódico para extraer oro, cobre, zinc y plata desde hace más de un siglo por su bajo costo; causando daño a las personas y al ambiente. De hecho, por su bajo costo y alto rendimiento, es el proceso más usado actualmente para la extracción de oro. Como los compuestos de cianuro son altamente tóxicos, su uso es controversial y ha sido prohibido en varios lugares del mundo.
Lo solicitó el Diputado Nacional Alejandro Grandinetti, quien, junto a la Legisladora Nacional Vanesa Massetani, presentó un Proyecto que exige que se detengan los trabajos de explotación de la mina ubicada en la Provincia de San Juan. Afirman que un informe de la ONU demuestra que el cauce del Río Potrerillos registra una presencia de cianuro, cobre, mercurio y plomo de hasta cincuenta veces más de lo permitido.
En la noche del martes, se produjo un nuevo accidente en la mina de la Barrick Gold, en el cual, según algunas imágenes obtenidas en el lugar, se observa como nuevamente se originó un derrame de solución cianurada, cargada con plata y agua, que contiene metales pesados y tóxicos. El último derrame confirmado en esa mina había ocurrido el 16 de septiembre de 2016, con motivo del cual el Gobierno de San Juan le exigió a la empresa que coloque cámaras a lo largo del yacimiento para darle mayor transparencia a su trabajo. Sin embargo, la cámara que está en el río Potrerillos, dejó de funcionar durante la noche del martes, justo mientras se producía el nuevo accidente.
En tanto, el Diputado Grandinetti ya venía trabajando con antelación en el tema, y promovió el proyecto argumentando con cifras ciertas el impacto ambiental causado por la explotación del emprendimiento. “Hasta tanto se expida la justicia y se elaboren los informes sobre contaminación de aguas y suelo, se deben detener las explotaciones para evitar más daños”, afirmó.
La iniciativa de ambos parlamentarios tiene como objetivo “proteger los cuerpos de agua –ya sean superficiales, subterráneas, periglaciares y campos de hielo-, así como los sedimentos y todo aquel material potencialmente expuesto a la contaminación proveniente de la mina”. “La intención es que se suspenda toda actividad en desarrollo en cuanto a la explotación, comercialización y actividad industrial hasta tanto la Autoridad de Aplicación compruebe fehacientemente el cumplimiento de los requisitos vigentes para la minería a cielo abierto”, comentó el Legislador.
La posición está fundamentada principalmente basándose en un examen del informe presentado por la UNPOS (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos), donde se detalla que “en las muestras del río, el 44% presenta una concentración de cianuro que supera unas 8.2 veces lo permitido, que el 100% de las muestras de agua superficial analizadas contienen concentraciones de cobre y plomo superiores 50 y 57 veces, respectivamente, al valor de referencia. También se obtuvieron grupos de mercurio que superaron 17 veces al valor de referencia”.
Además, ese y otros estudios al que accedió Grandinetti, coinciden en que «los sedimentos del fondo del cauce del río Potrerillos, actúan como vehículo de transporte de metales y constituyen una fuente significativa de acumulación y Iiberación de metales pesados en el ambiente acuático”.
Al respecto, el Diputado Nacional por Santa Fe afirmó que “es increíble que, a pesar de los múltiples incidentes que se produjeron y se revelaron públicamente desde hace 10 años, la Mina Veladero continúe funcionando” y agregó que “tampoco se ha avanzado en las denuncias cruzadas que tuvieron como destinatarios a la Empresa, al Gobierno de la Provincia de San Juan, y al Gobierno Nacional, lo cual arroja que hasta hoy no haya una conclusión definitiva acerca de la magnitud del daño ambiental producido”.
Por su parte, el Legislador recordó que “luego del anteúltimo episodio se exigió a la empresa Minera Argentina Gold Sociedad Anónima, operadora del emprendimiento Veladero, cumplir con la presentación de un estudio denominado HAZOP (Hazard and operability studies) en el que la empresa deberá detallar si realiza los trabajos que se exigen cumplimentar para la explotación de una mina a cielo abierto”. Ese protocolo, del que aún no hay noticias, debe incluir la “activación de bombas de contingencia y bombeo de líquidos de aguas superficiales y subterráneas mediante barreras hidráulicas; construcción de un dique de tierra para evitar el transporte hídrico de sedimentos; remoción de los sedimentos depositados en la planicie aluvial del rio Potrerillos a fin de evitar el transporte fluvial de contaminantes; implementación de un programa de revegetación para permitir la más pronta recuperación del ecosistema y reformulación del sistema de barreras existente, considerando que la descarga de contaminantes ha traspasado las barreras de contención diseñadas originalmente para Veladero”, expuso.
Finalmente, el Diputado Alejandro Grandinetti consideró que “lo detallado es muestra fehaciente de deterioro ambiental y que el Ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, debe avanzar en el cierre de la mina aplicando la violación de la ley 26.639 de Glaciares, dado que el Valle de Lixiviación está ubicado sobre un ambiente periglaciar”, pero también concluyó que “debe hacerlo preventivamente porque su interés debiera ser evitar un daño aún mayor en el tiempo, que seguirá transcurriendo hasta tanto se expida la justicia y se elabore el informe requerido a la empresa”.
