El diputado porteño Diego García Vilas (Confianza Pública) acompañó este jueves en la Legislatura de la Ciudad la aprobación -en primera lectura- de la Ley que establece la puesta en valor del Autódromo “Oscar y Juan Gálvez”.
“Se pretende con esta Ley fomentar el desarrollo del Autódromo conjuntamente con la Comuna 8, que está absolutamente postergada”, afirmó García Vilas en el recinto. “Además surgen de la norma limitaciones precisas sobre cómo deben llevarse adelante las inversiones necesarias para lograr el objetivo de este proyecto”, agregó.
El proyecto de Ley prevé, además de la recuperación del estadio deportivo, la creación de un polo comercial con locales vinculados con el rubro (terminales automotrices, concesionarias, restoranes, museo del automóvil, etc.) en el marco de un plan de reactivación de la zona sur. Esto será financiado a través de un fideicomiso que estará integrado por el Estado (que tendrá la participación mayoritaria) y por “toda persona física o jurídica relacionada con la industria automotriz o del automovilismo”.
“Resulta claro que el esquema de concesión actual del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires ha fracasado”, dijo García Vilas. Y agregó: “En este sentido, el fideicomiso previsto es una herramienta inteligente, porque se nutre de los aporte de la Ciudad de Buenos aires conjuntamente con los aportes de los privados”.
Una de las varias modificaciones presentadas a la Ley por Confianza Pública y que fue incorporada, tuvo que ver con ponerle un marco a la inversión total que hará el Gobierno. “Está claramente delimitado el aporte máximo que puede hacer la Ciudad de Buenos Aires. Eventualmente, aquellas erogaciones futuras, cuyos montos aumenten un 5% esta cifra, deberán ser aprobadas por la Legislatura”, aclaró.
Otro tema que incorporó el bloque fue garantizar la explotación de las 190 hectáreas del predio por parte del Gobierno, que va a tener mayoría en la toma de decisión en cualquier plan de inversión. “Sumado a esto, la Ciudad va a tener la facultad de vetar unilateralmente cualquier decisión que vaya en contra del objeto del proyecto”, sostuvo.
En cuanto a la concesión, que será por 25 años, la bancada que lidera Graciela Ocaña pidió también que se realicen controles periódicos del estado de conservación de las instalaciones.
Por último, en relación a la escuela granja que hoy funciona en el predio, quedó establecido su traslado en un plazo máximo de dos años a su nuevo edificio, sin posibilidad de desalojo hasta que no esté terminada la sede correspondiente: “esta otra de nuestras modificaciones sugeridas a partir de la preocupación de los vecinos”, enfatizó García Vilas.
En tanto, si bien resaltó que existen “otras cuestiones que no se tuvieron en cuenta y que pueden ser mejoradas, tales como el comité y registro del fideicomiso”, el diputado destacó que espera “el compromiso del bloque oficialista para seguir trabajando en estos temas antes de la votación en segunda lectura”.
