Con representantes de las 12 cooperativas que hoy tienen a su cargo el Servicio Público de Recolección Diferenciada de residuos en la Ciudad de Buenos Aires, funcionarios de la Dirección General de Reciclado (DGRec) del Gobierno de la Ciudad y diputados de distintos bloques, se realizó hoy una jornada en la que se debatió acerca de la necesidad de que la Legislatura porteña convierta en ley el sistema de reciclado con inclusión social, garantizando así su continuidad.
«Quiero recordar que el sistema de recolección de material reciclable en la Ciudad de Buenos Aires nació con inclusión social. Fueron los cartoneros quienes inauguraron esta política de reciclado cuando era ilegal, cuando se los perseguía por considerar que extraer material reciclable de la basura era un robo, porque las empresas cobraban por tonelada. Hoy son 5500 los cooperativistas que llevan adelante el servicio público de recolección diferenciada en la Ciudad. Toda nuestra historia en materia de reciclado está vinculada a la inclusión social y creo que ese es el camino por el que debemos seguir», afirmó el diputado Adrián Camps (PSA), durante la apertura de la jornada.
Para María Inés Gorbea, legisladora de Suma+ y Presidenta de la Comisión de Ambiente de la Legislatura porteña, «las cooperativas son la cara visible del sistema. Ante cada deber de la cooperativa, hay un deber del Gobierno para que éstas puedan cumplir su tarea adecuadamente. En ese marco, presentamos un proyecto de ley para jerarquizar la actividad equiparándola a la fracción húmeda, que si está regulada. Entendemos que esta iniciativa es el puntapié inicial para discutir el tema en la Legislatura, a través de cuatro encuentros informativos que queremos realizar desde la Comisión de Ambiente -dos en septiembre y dos en octubre-, en los que pretendemos escuchar a todos los actores».
Por su parte, el Presidente de la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores (FACyR), Sergio Sánchez, agradeció que desde la Legislatura se haya decidido «tomar cartas en el asunto» y lamentó «tener que estar todos los años peleando por el mismo problema». «Necesitamos una ley que sea concreta y duradera, que nos garantice la logística y que termine con esta situación de los cartoneros de tener que renegociar permanentemente nuestras condiciones de trabajo, que hoy son muy duras. El Gobierno no contempla el trabajo social que se realiza», advirtió Sánchez.
Alicia Montoya de la Cooperativa El Álamo resaltó la importancia del convenio que se firma entre las cooperativas y el Gobierno de la Ciudad como «un instrumento de política pública». Por otro lado, criticó la actitud del Gobierno porteño: «No entendieron que no estamos hablando de un contrato de una empresa privada, que se trata de un convenio que expresa una política pública, que es importante tanto desde lo ambiental como de lo económico, pero sobre todo desde lo social».
Por las cooperativas hablaron, también, Luis Orellana (El Amanecer de los Cartoneros), María Ramis (Coop. Del ostes, Alelí, Baires Con y Primavera-Bloque Sur), Cristina Lescano (El Ceibo), Graciela Ibarra (Cartonera del Sur), Roberto Prontarolo (El Trebol), Gustavo Ibañez (Recicladores Urbanos del Oeste), Alberto Díaz (Trabajo y Dignidad), Susana Izaguirre (Las Madreselvas) y Jacquelina Flores (Anuillán).
Además, Nora Salvi de la Dirección General de Reciclado del Gobierno porteño expuso una memoria institucional de los 15 años de reciclado con inclusión social como política pública en la Ciudad y Nicolas Caropresi (FACyR) y Alejandro Gianni (DGRec-ATE), aportaron la pata técnica la debate.
La amenaza de la falta de continuidad del sistema de reciclado con inclusión social fortaleció la unidad de las cooperativas de cartoneros y recicladores porteñas, logrando el compromiso del Gobierno de la Ciudad de no avanzar con el proyecto de privatización. «La tarea pendiente es fortalecer este sistema y que la Legislatura se involucre para mejorarlo y proyectarlo hacia el futuro. Espero que podemos trabajar todos juntos, de acá a fin de año, para ver si como diputados podemos colaborar con la sanción de una normativa en este sentido», finalizó Adrián Camps.
Estuvieron presentes los legisladores María Rosa Muiñoz y Claudio Heredia (FPV) y Mercedes de las Casas y Carolina Estebarena (PRO); miembros del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, Stéfano Di Carlo y Victoria Álvarez. Adhirió a la jornada la diputada porteña Paula Penacca (FPV).
