Por Paula Marconi, Secretaria General de la Asociación de Tripulantes de Cabina de Pasajeros de Empresas Aerocomerciales
En los próximos días se debatirán en el Congreso los ajustes en el impuesto a las ganancias que entrarán en vigencia a partir del año próximo. Es necesario tener en cuenta que lo que se reglamentará tendrá un impacto directo en el poder adquisitivo del salario de los trabajadores, y es por eso que hay que debatir el tema con seriedad, buscando mejorar la capacidad de compra del salario.
Estamos terminando 2016 con una inflación del 40%, con lo cual, la mejora en el impuesto a las ganancias no debería ser menor a la suba de precios que sufrimos este año para asegurarnos que los trabajadores no sean siempre los que pagan las consecuencias, como históricamente ha sucedido.
En la actualidad, más de dos millones de trabajadores y jubilados pagan el impuesto a las ganancias y a la vista de los acontecimientos, en poco tiempo ese número ascenderá a tres millones.
Hoy se confunde salario con ganancia. Es una idea que viene del conservadurismo más añejo que entiende que los trabajadores recibimos un premio, un regalo por trabajar y no la retribución por la tarea realizada. Y con ese preconcepto, toda la franja productiva paga impuestos desmesurados, mientras se premia a los más poderosos con exenciones y beneficios a los que el trabajador nunca accederá.
En nuestro país se da la paradoja en la que el trabajador que se dejó el alma trabajando durante todo el mes, lejos de percibir la retribución por el esfuerzo realizado, cobra menos que si hubiera faltado durante todo ese período. Incluso, algunos para recibir un ascenso, hasta piden sumas no remunerativas que no les modifique el bajo piso, porque así, pasarían a cobrar menos que cuando tenía menos responsabilidades.
Esta situación, afecta ostensiblemente al trabajo en blanco. Los trabajadores que dependen de pequeñas fábricas o negocios, emprendimientos familiares y pequeños, piden que se les pague una parte en negro para no ser alcanzados por la deducción. Ni hablar de aquéllos que ni siquiera quieren figurar en el sistema para no ser esquilmados por el Estado.
El impuesto a las ganancias no perdona al que alquila ni al que genera empleo. Es distorsivo y atemporal, ya que fue creado para los muy altos ingresos y en su inició alcanzó a los ejecutivos de mayor rango de las empresas. Fue una medida coyuntural de los 90’ de la que nunca se salió.
Ante este escenario, el Estado debe favorecer el empleo en blanco, comprender que las cifras que maneja alcanzan las vidas de las personas y generar mecanismos que compensen el dinero que se les roba a los trabajadores. El Gobierno, lejos de cumplir lo prometido en campaña, prolonga sus promesas o envía proyectos de Ley que no atienden las necesidades básicas del electorado que le confió el manejo del Estado.
¿Es esta la Argentina competitiva que pretende el Gobierno, degradando a los trabajadores que pueden hacerla poderosa y atractiva? Parecen medidas tendientes a profundizar otra brecha muy distinta de la que se habla. La brecha entre ricos y pobres. Argentina siempre se enorgulleció de su clase media, a la que hace décadas que le pisan la cabeza y la usan como el comodín para favorecer a los de arriba o redistribuir el ingreso con los más débiles.
En este sentido, desde la Asociación de Tripulantes de Cabina de Pasajeros de Empresas Aerocomerciales (ATCPEA), la cual lidero, continuamos luchando por mejorar la calidad de vida de los trabajadores, para que repunte su poder adquisitivo, no solo reclamando las mejoras necesarias en el impuesto a las ganancias, sino a todos los desajustes que afectan directamente la generación de empleo y la dignidad del trabajo.
En nuestro caso puntual, también reclamamos una reestructuración salarial, diferencias en las liquidaciones de sueldos, falta de reconocimiento de la antigüedad, violación al tiempo máximo de servicio, falta de abordamiento de comidas según el CCT, discriminación de viáticos, utilización de días libres para trámites o gestiones laborales violando así los tiempos mínimos de descanso, entre otras.
Esperamos que el Ministerio de Trabajo de la Nación y la empresa Latam abran canales de diálogo eficientes y expeditivos, que den respuestas a nuestros reclamos y necesidades, para que la situación actual no nos ponga otra vez en la obligación de adoptar nuevas medidas de fuerza, una vez vencido el plazo de la conciliación obligatoria vigente.
