Patricia Bullrich

Javier Milei va a sufrir las estupideces de Patricia Bullrich

Es posible que Javier Milei sufra las estupideces de Patricia Bullrich con más estupideces que no son importantes.

Ambos políticos son conocidos por sus declaraciones polémicas y sus ataques personales. Bullrich, en particular, ha sido criticada por sus comentarios sobre la violencia política y sus acusaciones sin fundamento contra Milei.

Si Milei no tiene cuidado, podría permitir que las estupideces de Bullrich lo distraigan de su mensaje y lo hagan parecer menos serio. Podría también alienar a algunos de sus seguidores, que podrían sentirse decepcionados por su falta de madurez política.

Por supuesto, también es posible que Milei pueda utilizar las estupideces de Bullrich a su favor. Podría usarlas para mostrar cómo la política argentina está llena de demagogia y mentiras. También podría usarlas para reforzar su imagen de político independiente y honesto.

En última instancia, el impacto de las estupideces de Bullrich en Milei dependerá de cómo él reaccione a ellas. Si Milei puede ignorarlas y concentrarse en su mensaje, podría salir fortalecido de la situación.

Sin embargo, si permite que las estupideces de Bullrich lo afecten, podría sufrir las consecuencias.

Aquí hay algunas cosas que Milei podría hacer para evitar sufrir las estupideces de Bullrich:

No responder a sus ataques personales. Si Milei responde a los ataques de Bullrich, solo estará dando oxígeno a su discurso.
Centrar su atención en sus propias ideas y propuestas. Milei debería concentrarse en explicar su visión para el país y en cómo sus ideas podrían mejorar la vida de los argentinos.
Evitar las declaraciones polémicas. Milei debería ser más cuidadoso con sus palabras para evitar que sus opositores puedan usarlas en su contra.
Si Milei puede seguir estos consejos, podría evitar sufrir las estupideces de Bullrich y mantenerse como un candidato serio para la presidencia de Argentina.

Un protocolo para el hambre y la protesta social

Un protocolo puede ser una herramienta útil para la gestión de conflictos sociales en las protestas callejeras, pero no es una solución definitiva. Los protocolos pueden ayudar a establecer reglas claras y procedimientos para la actuación de las fuerzas de seguridad y los manifestantes, pero no pueden eliminar los factores que causan los conflictos en primer lugar.

Algunos de los factores que pueden contribuir a los conflictos sociales en las protestas callejeras incluyen:

Diferencias ideológicas o políticas entre los manifestantes y las autoridades.
Falta de confianza o comunicación entre las dos partes.
Uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.
Presencia de elementos violentos o provocadores en las protestas.
Un protocolo puede ayudar a mitigar algunos de estos factores, pero no puede eliminarlos por completo. Por ejemplo, un protocolo puede establecer reglas que prohíban el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad, pero no puede garantizar que las fuerzas de seguridad las cumplan.

Además, los protocolos pueden ser difíciles de aplicar en situaciones de agitación social. En situaciones de tensión, es posible que las fuerzas de seguridad no estén dispuestas a seguir las reglas del protocolo, o que los manifestantes ignoren las instrucciones de las fuerzas de seguridad.

Por lo tanto, un protocolo es una herramienta importante, pero no es suficiente para solucionar el problema de los conflictos sociales en las protestas callejeras. Para resolver este problema, es necesario abordar los factores subyacentes que lo causan.

Bullrich fue miembro de la organización terrorista Montoneros durante la década de 1970. Montoneros fue una organización violenta criminal que participó en un conflicto civil contra el gobierno militar argentino.

Comprender por qué un político no es querido puede ser más sobre las acciones y decisiones que toma que sobre su etiqueta como «idiota».

En lugar de enfocarnos en ese término, podríamos resaltar cómo las acciones de un político pueden afectar su relación con los ciudadanos:

Cómo las acciones políticas pueden distanciar a un político de la población:

Decisiones perjudiciales para la sociedad: Cuando un político promueve leyes o políticas que perjudican a los ciudadanos en lugar de beneficiarlos, como recortes de derechos laborales o medidas fiscales que amplían la brecha entre clases.
Consecuencias desastrosas de las decisiones: Políticas que resultan en consecuencias negativas para el país, como involucrarse en conflictos bélicos sin justificación o implementar políticas económicas que causan inflación y desempleo.
Acusaciones de corrupción o falta de ética: La confianza en un político se debilita si se le acusa o demuestra estar involucrado en actos corruptos, como aceptar sobornos o desviar fondos públicos.
Falta de apertura y conexión con la población: Un político que no está dispuesto a negociar con la oposición o que no escucha las preocupaciones de los ciudadanos puede alienar a gran parte de la sociedad.

La percepción de un político como  «Pato»  da «idiota» puede estar relacionada con estas acciones, ya que a menudo reflejan una falta de empatía, visión a largo plazo o habilidades para gobernar de manera justa y equitativa. La forma en que un político maneja su responsabilidad y representa a sus electores puede influir profundamente en su aceptación por parte de la población.

Interponen recurso de amparo que solicita declarar inconstitucionalidad de protocolo para protestas

Un abogado presentó ante la Justicia un recurso de amparo solicitando la declaración de inconstitucionalidad del protocolo de mantenimiento del orden público para evitar cortes de calles dispuesto por el Gobierno nacional, al tiempo que solicitó una medida cautelar para suspenderlo en forma «inmediata».

La presentación realizada por el letrado Daniel Valmaggia recayó hoy en el juzgado Contencioso Administrativo Número 3 a cargo de Santiago Carrillo.

«Realicé la presentación por propio derecho, como ciudadano que quiere manifestarse en forma pacífica, porque virtualmente con el protocolo se está declarando un Estado de Sitio al pulverizar los artículos 14, 14 bis y 16 de la Constitución Nacional, que refieren al libre derecho a reunirse, a peticionar ante las autoridades. Además, lo que hace la normativa es darle a las fuerzas de seguridad el control operacional de la prohibición de la reunión con fines pacíficos», explicó Valmaggia en declaraciones a Télam.

El pedido ante la Justicia se realiza un día antes de la primera movilización contra el Gobierno de Javier Milei, que realizará mañana la Unidad Piquetera, en coincidencia con un nuevo aniversario de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 que derivaron en la renuncia del expresidente Fernando de la Rúa.

Para el abogado, «la justicia debería resolver rápidamente, entre hoy y mañana» las presentaciones realizadas y en particular, la cautelar.

«Lo que hace el Ministerio de Seguridad es criminalizarme por el solo hecho de participar en las protestas», añadió Valmaggia y sumó que «según lo que está establecido en el protocolo, en cuanto me reúna con las personas que vayan a protestar o a hacerse oír, me tildan de delincuente y me pueden detener».

En este sentido, explicó que «de esta forma pierdo automáticamente los derechos constitucionales en un marco donde se la da total discrecionalidad a las fuerzas para que actúen, ya que la normativa es muy amplia».

«Cada fuerza puede hacer lo que quiera porque no hay nada definido, es decir, puede aplicarlo según su criterio y ya sabemos que cuando a las fuerzas no se le dan instrucciones precisas tenemos casos como el de (Santiago) Maldonado que sucedió bajo la misma gestión de (Patricia) Bullrich, o el de (Rafael) Nahuel, entre otros», afirmó.

La medida cautelar solicitada por Valmaggia tiene que ver con que «ante los anuncios de manifestaciones y marchas, inclusive las rondas de las Madres de Plaza de Mayo, se dicte una medida de suspensión de protocolo, así como un planteo la inconstitucionalidad porque lo que hace la normativa es destruir los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional».

Según explicó, «el artículo 99 en su inciso 3 le impide al Poder Ejecutivo legislar en materia penal y lo que hace de facto el protocolo es modificar el articulo 194 del Código Penal que sanciona el tema de los cortes o la libre circulación de los medios de transporte».

«Justamente el espíritu del artículo 194 es contrario a lo que dice el protocolo. No habla de los que protestan porque no tienen comida o porque están en la pobreza como es el caso de la gente que va a ir a movilizarse, además el protocolo discrimina entre la circulación de los que supuestamente quieren ir a trabajar y entre los que quieren manifestarse», indicó.

«Además esta discriminación parte de la falacia de que el que quiere ir a trabajar no puede hacerlo cuando siempre existen vías alternativas. Es decir, a los que protestan se los pude encarcelar y a los que dicen que van a trabajar, se los deja circular», finalizó Valmaggia.

Con la firma de 1.700 organizaciones, denunciaron al protocolo de orden público ante CIDH y ONU

Más de 1700 organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos, estudiantiles y políticas denunciaron ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el protocolo de orden público dispuesto por el Gobierno nacional y solicitaron el «cese» de su aplicación, que tendrá mañana su primera prueba en el marco de la movilización convocada por la Unidad Piquetera, en coincidencia con el aniversario del estallido social de diciembre de 2001.

«Junto a centrales sindicales, movimientos sociales, organismos de derechos humanos y cientos de organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles y políticas, pedimos a los mecanismos internacionales que exijan al Estado argentino que cese la aplicación de las medidas que buscan impedir y reprimir las manifestaciones públicas. Las presentaciones también fueron acompañadas por más de 15.000 firmas individuales», informó hoy el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Entre los solicitantes se encuentran la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular-UTEP, la Ctep, ATE Nacional, Somos Barios de Pie, Polo Obrero, Patria Grande, Partido Obrero y Nuevo Encuentro.

Según se precisó, se enviaron «dos comunicaciones a los procedimientos especiales de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente, denunciando el nuevo protocolo» presentado días atrás por la ministra Bullrich y oficializado luego con la publicación de la Resolución 943/2023 de la cartera de Seguridad en el Boletín Oficial.

Las presentaciones -realizadas ante la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh)- cuentan con el respaldo de 1.700 firmas de centrales sindicales, movimientos sociales, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, gremiales, ambientales, de los pueblos indígenas, migrantes, transfeministas, religiosas, colectivos de infancias, estudiantiles y políticos.

Además, las cartas fueron acompañadas por más de 15 mil firmas que apoyaron la presentación a título personal.

En los escritos, se advierte que «la mayoría de las disposiciones fijan pautas de actuación policial y estatal que son incompatibles con los derechos a la libre reunión y asociación, a la libertad de expresión y a la protesta social, reconocidos tanto en normas locales, como en la Constitución Nacional y en los tratados y estándares internacionales de derechos humanos».

«El protocolo establece que cualquier manifestación que se realice con cortes de calles o rutas constituye la comisión de un delito en flagrancia y habilita la actuación de las fuerzas de seguridad para desalojar o dispersar la protesta. A su vez, contiene disposiciones para recabar información y luego criminalizar, perseguir y estigmatizar a los líderes y participantes de manifestaciones públicas y a las organizaciones políticas, sociales y sindicales involucradas», añadieron en la denuncia.

Asimismo, se solicitó al organismo dependiente de la ONU y a la CIDH que «manifiesten públicamente y ante el Estado argentino la preocupación por este protocolo, el cual también afecta los derechos a la vida, integridad personal y seguridad de quienes ejerzan el derecho a la protesta».

En la carta a la CIDH se pidió que se adopte las medidas necesarias para “hacer cesar la aplicación del protocolo y evitar la aprobación de otras normativas que buscan coartar o limitar la protesta social sin perspectiva de derecho internacional de los derechos humanos”.

En tanto, el escrito presentado ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) fue dirigido en particular al Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, y a la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor.

«Les solicitamos que exijan al Estado argentino que derogue el protocolo y garantice el derecho a la protesta y los derechos a la vida, la integridad personal y la seguridad de quienes se manifiestan», finalizaron en la denuncia.