Justicia porteña ordenó al gobierno de la ciudad reconstruir la casa del barrio de Palermo donde vivió hasta su muerte el poeta Evaristo Carriego. La propiedad fue parcialmente demolida durante una obra de renovación de instalaciones que -según el magistrado actuante- tuvo deficiencias constructivas importantes y, además, resultó invasiva y traumática sobre el valor patrimonial del inmueble.
En un plazo de 15 días, el gobierno porteño deberá presentar un plan detallado de las distintas etapas que involucre la futura obra para reconstruir y restaurar el inmueble, de modo de recuperar su sentido histórico y su memoria cultural. Así lo solicitaron los impulsores del amparo, que obtuvo anteayer sentencia definitiva. La Procuración General de la Ciudad adelantó que apelará.
«Al fin de cuentas, si el centro histórico de la ciudad de Varsovia, destruido en un 90% durante la Segunda Guerra Mundial, pudo reconstruirse entre 1945 y 1953, bien puede la Ciudad reconstruir un pequeño inmueble con apenas una superficie de 144 m2», consideró Víctor Trionfetti, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 15.
La casa, situada en Honduras 3784, había sido construida en 1890 y alojó al poeta Evaristo Carriego hasta su muerte en 1912, a los 29 años. Cuatro años antes, el autor había publicado su primer libro, Misas h erejes.
En 1975, la ley nacional 21.200 declaró sujeta a expropiación la propiedad para destinarla a la instalación de un museo y biblioteca pública. Dos años después, en diciembre de 1977, la entonces Municipalidad de Buenos Aires compró el inmueble a los sobrinos del poeta.
La biblioteca abrió sus puertas al público en septiembre de 1981, con el nombre Casa de Carriego, según lo reglamentado por la ordenanza 37.152 de ese año.
En su fallo, el juez Trionfetti recordó las declaraciones de Marcela Ciruzzi y Luis Alfredo Alposta, miembros de la extinguida Asociación de Amigos de Evaristo Carriego, que mostraron «la relevancia cultural de la casa e ilustraron los importantes eventos culturales que se llevaron a cabo» allí.
En 2013, el Ministerio de Cultura adjudicó una licitación de «Ampliación, renovación y actualización de instalaciones de la Biblioteca Evaristo Carriego».
Con el patrocinio del abogado Pedro Kesselman, la responsable del Observatorio de Patrimonio, Mónica Capano, y el juntista de la comuna N° 14 Marcelo Charlón (Proyecto Sur) interpusieron un amparo para frenar la ejecución de las obras licitadas y proceder «a efectuar las tareas de reparación y mantenimiento de ese inmueble, imprescindibles para su conservación conforme al estado original, sin demoliciones ni edificaciones que lo alteren».
Antes de que se resolviera el caso, según determinaron peritos, se había demolido un núcleo sanitario del fondo de la propiedad y su techo; el tabique divisorio, la cubierta metálica y el solado de las dos habitaciones laterales, y una escalera al entrepiso. También fue retirada la mayoría de los artefactos del núcleo sanitario y los pisos de madera de la habitación del frente.
El magistrado citó los testimonios de la directora general del Instituto de Patrimonio Histórico, Liliana Barela, y del director general de Infraestructura y Mantenimiento, Miguel Ángel Cervini, para sostener que existió un gran desconocimiento sobre el valor patrimonial de los materiales y objetos retirados, así como una fuerte improvisación sobre el destino de éstos.
«Se constata que lo que se donaba o tiraba [a la basura] se decidía en el momento», indicó el magistrado.
Por todos los antecedentes citados, Trionfetti concluyó: «Todas las instancias institucionales fracasaron (…) por omisión y por comisión. (…) Las actuaciones de los funcionarios directamente involucrados con el bien colectivo fueron ineficientes en lograr su protección. (…) La obra proyectada fracasó técnicamente. (…) Ha sido arbitrario el procedimiento parar abordar el sitio y para demolerlo».
Por eso, ordenó la reconstrucción de la histórica casa y la reparación de su fachada. Además, estableció que deben reintegrarse los objetos retirados y resguardados, mientras que los arrojados a la basura deberán ser reemplazados por otros.
El procurador general, Julio Conte Grand, dijo a la nacion que apelará el fallo.
