La Ciudad cedió a Nación centros clandestinos de la dictadura

Sesión Ordinaria – Primer envío Se ratificó un Convenio que otorga el uso por 30 años de todos los inmuebles. Además, fue sancionada una norma que disuelve el Instituto Espacio para la Memoria como ente autárquico del GCABA, aunque conservará su sede en la ex ESMA.
El Cuerpo parlamentario porteño disolvió este jueves el Instituto Espacio para la Memoria (IEM) y ratificó el convenio firmado con el Gobierno Nacional por el cual la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le otorga el derecho de uso real por 30 años de todos los inmuebles en los que funcionaron centros clandestinos de detención y exterminio durante el período de terrorismo de Estado implementado por la última dictadura cívico-militar.

La cláusula sexta del convenio ratificado hoy establece que el IEM “tendrá su sede” en el Edificio “Pabellón Central (4 Columnas)” de la ex ESMA y que el Poder Ejecutivo Nacional asume y toma a su cargo la realización del «Museo del Terrorismo de Estado» así como la «Propuesta Museográfica para el Sitio de Memoria».

El convenio fue suscripto el 22 de enero del corriente año involucrando los edificios de la ex ESMA en la avenida Del Libertador (Casino de oficiales, Pabellón Central, Imprenta, Taller Mecánico, Pabellón Coy y Enfermería) y los centros clandestinos de detención: Automotores Orletti -Venancio Flores 3519/21-, Club Atlético -avenida Paseo Colón 1200-, Olimpo – Ramón Falcón 4250-, Virrey Cevallos -Virrey Cevallos 628/630- a fin de optimizar su preservación y puesta en valor. Para ello el PEN toma a su cargo los gastos ordinarios y extraordinarios y deberá abonar todos los impuestos, tasas y contribuciones sobre estos bienes.

Dos horas de debate en el Recinto

La disolución del IEM, según fundamentó el Jefe de Gobierno «no obsta la continuación de las políticas de difusión, capacitación, cumplimiento y promoción de los derechos humanos, y el resguardo y transmisión de la memoria e historia de los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural». Y de acuerdo a la aclaración del diputado Helio Rebot (PRO) en el recinto «garantiza mediante la creación de un consejo asesor como área descentralizada de la Subsecretaría en el que participan la totalidad de los organismos que actualmente trabajan en el IEM, la estabilidad y remuneración de efectivos y contratados». En tanto, su par de bancada Daniel Lipovetzky, recordó las acciones del GCABA en materia de derechos humanos. Por su parte, la presidenta del bloque Frente para la Victoria, Gabriela Alegre afirmó que «esos sitios son emblemas nacionales, por lo que ratificamos y defendemos el pase a la órbita del gobierno nacional; además estamos creando un consejo asesor similar al IEM». La derogada Ley N° 961 había creado el IEM como ente autárquico en el ámbito del GCABA, norma impulsada por la legisladora que fue aprobada en el año 2002 por unanimidad.

Los envíos del Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, a la Legislatura se concretaron el pasado 3 de abril transformándose en expedientes 639-J-2014 proyecto de ley y 638-J-2014 proyecto de resolución, respectivamente y de inmediato fueron girados a la Comisión de Asuntos Constitucionales que no alcanzó a despacharlos por lo que el cuerpo este mediodía fue puesto en comisión.

El tratamiento parlamentario de estos asuntos generó críticas de algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos y del propio premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel quien en carta a los legisladores el 16 de abril último los instó a que voten el rechazo del proyecto sosteniendo que «este intento tiene fuertes connotaciones políticas que conjugan el erróneo deseo de una de las partes, de apropiación de esos espacios de memoria, con la de la otra que nunca tuvo interés en los mismos y siempre incumplió la efectivización de las partidas presupuestarias votadas por ustedes destinadas a su preservación», según el texto leído por la diputada Virginia González Gass (PSA).

«Ambos gobiernos actuaron con absoluto sigilo en la negociación de ese convenio, para presentarlo como un hecho consumado, sin la más mínima consulta, diálogo e información al IEM ni a los organismos de derechos humanos, que luchamos por su creación como ente autónomo y autárquico, para preservar la memoria como política de Estado, evitando su sometimiento a intereses partidarios y a los cambios de la conducción gubernamental», afirmó Pérez Ezquivel quien también es presidente del Servicio Paz y Justicia. Además, argumentaron su voto negativo los diputados/as Pablo Bergel (VA), Marcelo Ramal (FIT), María Inés Gorbea (SUMA+), Maximiliano Ferraro (CC), Alejandro Bodart (MST) y Gabriela Ocaña (CP). En el mismo sentido también votaron Hernán Arce (PS), Gabriela Cerruti (NE), Pablo Ferreyra (IP), Cristina García (CP), Javier Gentilini (PSur), Juan Nosiglia, Hernán Rossi (SUMA+) y Paula Oliveto (CC).

Finalmente, después de dos horas de debate los resultados de las votaciones en general fueron de 41 voluntades por la positiva y 15 por la negativa ante la presencia en los palcos de representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre ellas Nora Cortiñas, que estaban en contra del proyecto.

Al comienzo de la sesión ordinaria iniciada a las 12:50 bajo la presidencia del diputado Cristian Ritondo (PRO) Vicepresidente Primero del cuerpo, el legislador Pablo Bergel (VA) solicitó una alteración al reglamento interno a fin de que las organizaciones de derechos humanos hagan uso de la palabra al amparo de la figura de Tribuna Popular (arts 76 y 77 sin reglamentar). La moción puesta a consideración no fue admitida.