La Ciudad de Buenos Aires tendrá potestad para juzgar causas por 40 delitos

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La Ciudad de Buenos Aires iniciará este año un proceso para juzgar en su territorio y en su propio Poder Judicial causas por cerca de 40 delitos que hasta ahora estaban bajo la órbita de la justicia nacional, entre ellas por abuso de armas, robos, extorsiones, estafas, fraude contra la administración pública, cohecho y enriquecimiento ilícito.

Según figura en los documentos que trabajaron las carteras de Justicia de la Ciudad y de la Nación, en la primera etapa el traspaso incluirá sólo los cargos vacantes, en total 54, entre juzgados, vocalías, fiscalías y defensorías.

El convenio también dice que las causas iniciadas en la Justicia Nacional en lo Criminal, y la de Menores, “continuarán su trámite hasta la finalización del proceso, respetando la competencia y jurisdicción de origen”; es decir que las causas iniciadas cuyos tribunales hayan sido traspasados, “serán reasignadas entre los juzgados y fiscalías nacionales no transferidos”.

Además señala que “la transferencia de competencias y órganos se acompañará de los recursos y bienes pertinentes” y aclara que los funcionarios y empleados judiciales “conservarán su categoría, intangibilidad de sus remuneraciones, antigûedad, obra social y derechos previsionales”.

“Esto va a fortalecer el acceso a la Justicia de los vecinos, y proyectamos juzgados orales, ágiles y rápidos, que le den solución a la gente”, indicó Daniel Presti, presidente de la Comisión de Justicia de la Legislatura, uno de los órganos parlamentarios que deberá ratificar los convenios.

“Esperamos ratificarlo en marzo con el acompañamiento de todas las fuerzas, nadie debería oponerse a respetar la autonomía porteña”, apuntó el jefe del bloque PRO en la Legislatura, Francisco Quintana, que repitió su convicción de que esto permitirá “un servicio más cercano y eficiente”.

El traspaso también deberá ser ratificado por el Congreso Nacional, donde aún no está claro si los diputados del interior tendrán el mismo entusiasmo que los porteños por avanzar en la autonomía jurídica y administrativa de la Ciudad.

En materia de Tribunales de Consumo, el fuero se creará desde cero, según explicaron fuentes de la Justicia porteña, e incluirá ocho juzgados, cuatro fiscalías, cuatro defensorías y seis vocalías: “La Nación transfiere y la Ciudad asume la competencia ordinaria en los conflictos de las relaciones de consumo”, reza el convenio.

En cuanto al traspaso del Registro de la Propiedad Inmueble (RPI), el documento dice que la Ciudad “asume todas las funciones y facultades del RPI en todas la materias no federales” para ser ejercidas en su ámbito de competencia.

Se trata del organismo que informa a terceros la titularidad de las propiedades de la Ciudad, y sus tareas se asimilarán a las de los registros de la propiedad inmueble que tienen todas las provincias del país.

Finalmente, el traspaso de la Inspección General del Justicia (IGJ) involucrará a las empresas radicadas en la Ciudad, mientras las que tengan sede también en otras provincias permanecerán en la órbita nacional, según explicaron las mismas fuentes.

En los cuatro convenios hay una cláusula que explica que bienes, contratos, personal y recursos acompañan el traspaso a la Ciudad, y señalan la reforma Constitucional del año 1994, que estableció la autonomía “legislativa, jurisdiccional y administrativa” porteña, como principal base doctrinaria.

“El traspaso es una consecuencia irreversible de la autonomía que la Constitución le otorgó a la Ciudad”, coincidió Ricardo Gil Lavedra, coordinador del Programa Justicia 2020. El jurista, que trabaja en un amplio plan de modernización jurídica, recordó que la Corte Suprema ya convalidó esta situación en el llamado fallo Corrales, donde el máximo tribunal pidió que se la garantizara a la Ciudad “el pleno ejercicio de las competencias en materia jurisdiccional” en la administración de Justicia.

Mientras la dirigencia porteña lo reclama hace décadas, el traspaso recibió críticas del gremio judicial -conducido por Julio Piumato- y de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), que ya había advertido su “enfático” rechazo a la transferencia.

También la criticó el ex ministro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, quien la consideró “una medida inconstitucional”, y lo calificó como “un gravísimo error normativo” del Gobierno.

Desde la ciudad, el secretario de Justicia porteño, Jorge Enríquez, había garantizado que todo empleado transferido conservará sus derechos económicos, previsionales y profesionales asegurados. Pero reconoció que “los magistrados de la Ciudad pagan Ganancias”, a diferencia de funcionarios y empleados de la justicia nacional.

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