El máximo tribunal dispuso detener la ejecución de una medida cautelar dictada por la Justicia Nacional en lo Civil, y autorizó la práctica que había sido suspendida en el Hospital Ramos Mejía de la Ciudad.
La Corte hizo saber a las autoridades porteñas que deberán autorizar la realización del aborto no punible «prescindiendo de la resolución judicial que suspendió su realización», indica el fallo conocido este jueves a la noche.
El juez aceptó las apelaciones contra la magistrada que se interpuso en el aborto legal
El juez hizo lugar a las apelaciones presentadas contra el fallo de la jueza que había ordenado la suspensión de la realización de un aborto no punible en la Ciudad de Buenos Aires, y elevó el expediente a la Cámara Nacional en lo Civil para que resuelva los recursos.
La interrupción del aborto legal que no pudo practicarse en la Ciudad de Buenos Aires por la judicialización del proceso generó una multiplicidad de denuncias contra el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, la jueza actuante, autoridades del hospital donde estaba internada la mujer, a los que se sumó ahora una contra la ONG que inició el proceso en tribunales.
En las próximas horas se espera que la Corte Suprema de Justicia determine si es la justicia nacional o la de la Ciudad de Buenos Aires la que debe actuar en la causa impulsada por la asociación católica Pro Familia que frenó la práctica, medida que fue apelada por la víctima y por el Gobierno porteño.
Se sumó ahora una serie de acciones impulsadas desde la Alianza de abogad@s por los derechos de las mujeres que realizará denuncias contra la ONG ante el Consejo de la Magistratura y el Colegio de Abogados, según anticipó a Télam, Agustina Ramón Michel, integrante del colectivo.
El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri fue denunciado penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que contó, el 5 de octubre en una cena de Consenso Republicano, cuándo se haría «el primer aborto legal» en la ciudad y dio detalles de la víctima.
Con esta información, ese mismo día la ONG se presentó ante el juez porteño Guillermo Scheibler, titular del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 14 quien rechazó la medida cautelar mediante la cual se solicitaba que no se realizara la interrupción del embarazo.
La organización recurrió entonces a la justicia nacional y logró que Myriam Rustan de Estrada, titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° 106 hiciera lugar al pedido e impidiera la práctica del aborto legal en una mujer violada que fue víctima de trata.
La magistrada fue apartada de la causa, denunciada por legisladoras ante el Consejo de la Magistratura y este jueves, se declaró competente y concedió los recursos de apelación presentados por la víctima contra el fallo de la jueza y por el Gobierno porteño.
El juez elevó el expediente a la Cámara Nacional en lo Civil para que resuelva los recursos. En su resolución, Güiraldes recordó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que pide a los juzgados civiles que no intervengan en casos de abortos no punibles.
En tanto, la Cámara en lo Contencioso Administrativo porteña confirmó el pronunciamiento del primer juez, Scheibler, rechazó la apelación a ese fallo que hizo la ONG y elevó la causa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sólo para que «dirima la competencia de magistrados»
Para la Cámara porteña «resulta improcedente requerir que un juez autorice a hacer aquello que según la ley es lícito».
También este jueves, el legislador porteño Alejandro Bodart denunció ante la Cámara del Crimen al director del hospital Ramos Mejía, Carlos Mercau, por revelar datos que impidieron el aborto legal, por violar el secreto profesional y por poner en peligro a la mujer.
La mujer sufrió un escrache en su casa y «fue hostigada por integrantes de Pro Familia quienes lograron ingresar en su habitación del hospital», contó la representante de la Alianza de abogad@s.
Por esto «más allá del rechazo social que está generando esta situación, queremos llevar a la justicia a los abogados de esta ONG», dijo.
En tanto, Mauricio Macri, de gira en España, no se ha pronunciado sobre esta situación.
Una organización de abogados criticó la judicialización del aborto no punible
La judicialización de los pedidos de abortos no punibles «es una acción ilegal e inconstitucional» señaló este jueves la Alianza de Abogad@s por los Derechos de las Mujeres en un comunicado difundido a raíz del impedimento de una interrupción de embarazo en la Ciudad de Buenos Aires.
La red profesional que nuclea a más de 100 profesionales del derecho repudió «las actuaciones de las autoridades porteñas encabezadas por el jefe de Gobierno Mauricio Macri, así como el accionar de la jueza Myriam Rustán de Estrada».
Consideró que la titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° 106 «avaló el acoso que una organización de la sociedad civil promovió, concedió medidas cautelares para impedir el acceso al aborto permitido y constitucionalmente protegido, tal como lo ha señalado la Corte Suprema de la Nación en el fallo “F.A.L” el 13 de marzo de 2012».
En este caso, el máximo Tribunal determinó que no debe judicializarse la interrupción de un embarazo en una mujer violada.
El colectivo de abogados también solicitó que los tribunales «cumplan el rol de garante de los derechos y de la Constitución, de manera independiente, evitando subjetivismos judiciales que dañan nuestra democracia».
Para la Alianza, «las obstaculizaciones que sufra cualquier mujer que vea frustrado o dilatado innecesariamente su derecho a acceder a un aborto no punible, no debe quedar impune».
Pidió que «surjan las responsabilidades que correspondan tanto para el Estado, en todos sus ámbitos, como para particulares».
Asimismo, solicitó que «se dicten protocolos de atención» para estos casos, que el Congreso Nacional debata una ley de aborto y anticipó su apoyo a la marcha que el 1 de noviembre realizará la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
