La Corte Suprema no tiene previsto ordenar la excarcelación de Milagro Sala.

La Corte Suprema no tiene previsto ordenar la excarcelación de Milagro Sala. Esa situación no se desprenderá de un fallo que expresamente dicte el alto tribunal, sino precisamente de la situación inversa. Muchas versiones indicaban que la Corte iba a ordenar su liberación la semana pasada, durante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Pero la CIDH se reunió con la dirigente, sacó algunas conclusiones mientras prepara un informe, y Milagro Sala seguirá detenida.

Ayer, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia a tres años de prisión en suspenso contra Milagro Sala por daño agravado y revocó el sobreseimiento que la favoreció por amenazas, por el escrache en 2009 al entonces senador y gobernador actual de Jujuy, Gerardo Morales.

La decisión confirmó la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy y fue adoptada por la Sala IV de Casación, presidida por el juez Gustavo Hornos e integrada por los magistrados vocales Mariano Hernán Borinsky y Juan Carlos Gemignani.

La Cámara Federal consideró que los hechos fueron “planeados y organizados”, en una resolución emitida cuando la Corte Suprema tiene en estudio dos planteos vinculados a la dirigente social, uno sobre fueros por ser diputada por el Parlasur y otro que manifiesta la “arbitrariedad” de su detención.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia dictada el 3 de febrero por el tribunal jujeño, que condenó a Sala y a María Graciela López a la pena de tres años de prisión, cuya ejecución dejó en suspenso.

Los jueces de la cámara dispusieron, además, que el tribunal oral de Jujuy establezca una pena por el delito de amenazas, declarado prescripto en el juicio oral por el que Sala había sido sobreseída junto a López y Gustavo Ramón Salvatierra.

Los magistrados resolvieron que el delito debe considerarse como amenazas coactivas y por lo tanto no está prescripto.

El delito de amenazas coactivas tiene una pena de entre 3 y 6 años de prisión, que se sumarían en caso de condena a los tres por daño que ya quedaron confirmados.

El fiscal ante la Cámara, Javier De Luca, identificado con Justicia Legítima, había desistido del recurso y cuestionado la validez de los dichos de un testigo que dio fe de las acusaciones contra Sala.

La Cámara Federal de Casación Penal, además, confirmó la condena contra Salvatierra a dos años de prisión, cuya ejecución se dejó en suspenso.

De ese modo, el tribunal penal hizo lugar al recurso de casación interpuesto por Gerardo Morales.

El hecho ocurrió el 16 de octubre de 2009, en el edificio del Consejo de Ciencias Económicas de la ciudad de San Salvador de Jujuy.

En esa oportunidad se hizo un escrache durante una conferencia de prensa sobre el control de fondos públicos que tenía como disertantes al presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, el Auditor General de la Nación, Alejandro Nieva, y a Morales, entonces senador por Jujuy.

La Cámara Federal de Casación Penal consideró que se trató de un hecho “planificado y organizado”.

“La cuestión que dirime el caso, se edifica en la manera ilegal en la que se desarrolló el escrache que se llevó a cabo en la sede del Consejo de Ciencias Económicas”, expresaron los magistrados.

La resolución sostuvo que “dicho escrache se caracterizó, con los alcances de la condena que se examina, en la violencia en las cosas con producción de daños”.

“A ello se agrega que no se trató de hechos espontáneos sino planeados y organizados”, manifestaron los jueces por unanimidad en la resolución.

Sala, quien permanece detenida desde diciembre de 2015 en el penal de Alto Comedero en Jujuy, tiene la posibilidad de apelar la resolución ante la Corte Suprema de Justicia.

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