La guerra de la conectividad recién se inicia.
La guerra entre Alberto y Hector «Mañeto»
El nacimiento de un «ciudadano digital» tiene una serie de retos por delante como la llegada del 5G, la irrupción de la inteligencia artificial en el hogar, el uso y la propiedad privada y pública de los datos o la irrupción de las fake news.
El Enacom comenzó a trabajar en la reglamentación del DNU que declara servicio público a las comunicaciones
Hasta ahora los planes «inclusivos» que habían acordado el Enacom con los privados eran: abono de telefonía e internet móvil por $280 con 500 megabits de datos, 500 mensajes de texto, 300 minutos de llamadas en la misma red del operador, 50 minutos en redes de otros, 0800 gratis y navegación en portales educativos gratis.
Por Andrea Delfino
El directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) inició este lunes la discusión sobre la reglamentación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que el Gobierno declaró «servicio público» a la telefonía móvil, internet y la TV paga, que incluye desde la definición del paquete de servicios básicos, una tarifa universal y los criterios que se implementarán para establecer precios máximos al sector.
En base a especialistas consultados por Télam, la definición del paquete de servicios básicos llevará gran parte de la discusión de la reglamentación en el Enacom.
Para el prepago móvil por $100 finales incluían el texto en los servicios de mensajería, 300 SMSs, 100 minutos de llamadas en la misma red y 50 en otro prestadora además de la gratuidad de navegación en portales educativos y en las llamadas de 0800.
Para los consumidores de internet fijo se habían acordado planes de hasta $830 finales por conexiones de hasta 5 megabits por segundo.
La televisión por cable y por vínculo satelital había acorado el acceso sin cargo a las plataformas de contenidos (como Netflix, Flow y otras).
La declaración de los servicios de conectividad a Internet como servicio público esencial y estratégico en competencia pone en riesgo de subsistencia a más de 1.200 pequeños y medianos actores del ecosistema de internet, que son PyMEs y cooperativas de capitales nacionales que prestan servicios principalmente en la gran mayoría de pequeñas y medianas localidades del interior del país.
Los prestadores asociados a la Cámara Argentina de Internet -CABASE- han buscado y mantenido instancias de construcción de diálogo con autoridades nacionales del sector (ENACOM, Secretaría de Innovación Pública y Subsecretaría de TICs), así como con autoridades legislativas del Congreso Nacional, a fin de consensuar soluciones y políticas para los diferentes desafíos que presenta el desarrollo del sector TIC, incluyendo la universalización de la conectividad en nuestro país, para llegar a conectar al 37% de los hogares del país que aún no tienen internet fija. Lamentablemente el DNU 690/20 ha sido dictado de manera inconsulta, sin tener en cuenta el camino recorrido y sin considerar las características particulares de los prestadores PyMEs y cooperativos.
El mercado Argentino tiene ya un altísimo nivel de concentración que no hará más que agravarse si la reglamentación del DNU no contempla un esquema específico para PyMEs y cooperativas, diferenciado del que se establecerá para los grandes operadores.
La continuidad de estos servicios de conectividad en condiciones de calidad requiere de la permanente realización de inversiones en redes y equipos, en más de un 80% dolarizadas, que se solventan con capital propio, sin acceso a fuentes nacionales o internacionales de financiación y que se repagan a partir de los precios en pesos cobrados a los usuarios que utilizan los servicios.
Este escenario hace que sea muy difícil para las PyMES y Cooperativas hacer frente a una competencia muy agresiva por parte de los operadores dominantes, situación que se agrava con la regulación de precios contenida en el DNU.
Las condiciones de competencia indican a las claras la necesidad de dar impulso a las PyMEs y cooperativas para que continúen brindando sus servicios en beneficio de los usuarios, generando a la vez un impacto real en las economías regionales y el empleo local.
Se necesita una regulación inteligente, que discrimine a los grandes operadores del resto a través de regulaciones asimétricas, para que se generen en todo el país las condiciones que permitan nivelar la cancha impulsando activamente una mayor participación de las PyMES y cooperativas en el mercado, para que sean estos actores los que con sus inversiones locales quienes lleven internet al 37% de los hogares del país que aún no cuentan con conectividad.
El presidente de Asociación Argentina de Usuarios de Internet, Sergio Salinas Porto, aseguró hoy que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que declara esenciales los servicios de telefonía móvil y fija, internet y cable “garantiza la libertad de expresión” y «democratiza el acceso» a la comunicación.
“Veníamos planteando hace un tiempo, más de 80 organizaciones, que fueran declarados servicios públicos esenciales para generar tarifas justas y el desarrollo en infraestructura en todo el país», indicó hoy Salinas Porto en diálogo con radio Provincia.
Para graficar la situación existente, mencionó que cada vez que un usuario quería «retirarse del cable ofrecían una tarifa 70% menor», de lo que se deduce que con ese valor rebajado «tampoco perdían» y que lo que hacían era «cobrar tarifas excesivas».
Por tal razón, sostuvo, «este decreto democratiza el acceso y genera la posibilidad de tener tarifas más justas al tiempo que amplía la injerencia del Estado en cuanto a infraestructura».
En este sentido, calificó al decreto dictado el viernes último por el Poder Ejecutivo «como altamente importante» porque las dos empresas que brindaban este servicio habían generado «un oligopolio”.
«Tenemos que estar atentos que no cambien la discusión, esto genera mayor libertad de expresión porque más gente va a estar conectada, más gente va a tener celular, y va acceder a contenidos educativos, a lograr un empleo porque lo van a convocar con un mensaje de whatsApp, van a tener mayor posibilidad de acceder a las noticias», agregó.
Advirtió, sin embargo, que habrá que «estar atentos al discurso de ‘fake news’ que ya se empezó a instalar».
Salinas Porto recordó que las empresas privatizadas de telefonía debían tener como eje de su servicio que «no hay ciudadanos de primera ni de segunda» y «se habían comprometido a que la conectividad iba a llegar a todos», pero lamentó que «eso no ocurrió en 30 años que tienen el servicio”.
Dijo también que en «lugares menos poblados donde hay casas bajas, terrenos baldíos, el servicio de la empresa empieza a flaquear, no pone teléfonos, no pone módems y menos aún fibra óptica», y agregó que «ese esquema se traduce en todo del país”.
En resumen, dijo que lo que se está planteando en el decreto es “una tarifa que tenga en cuenta a los sectores más vulnerables», pero dejó claro que no deben «bajar la calidad» sino que «la tarifa social debe sostener la misma calidad del servicio”.
«Si los privados se exceden en cuestiones que tienen que ver con facturación, el Estado debe regular esas tarifas», concluyó Sergio Salinas Porto.
LAS EMPRESAS QUE SOSTIENEN A CLARIN
La decisión de calificar un servicio o una actividad económica como un servicio público esencial y estratégico en competencia no hace por sí misma que esos servicios sean de mejor calidad, más accesibles y ni siquiera que lleguen a más personas, algo que solo puede lograrse generando condiciones de mayor competencia y una promoción activa e inteligente de la industria a través de políticas públicas de incentivo de la inversión, para que sean los actores del sector privado quienes lleven internet de calidad a precios competitivos al cien por cien de los hogares del país.
Solicitamos a las Autoridades Nacionales abrir una instancia de diálogo que permita revertir los efectos nocivos del DNU 690/20 y atender nuestras legítimas preocupaciones, generando las condiciones necesarias para que podamos continuar brindando el servicio y realizando las inversiones que requiere la extensión de la conectividad en nuestro país.
¿QUE DICEN LAS EMPRESAS ESCLAVAS DE CLARIN?
Buenos Aires, 24 de agosto de 2020. La declaración de los servicios de conectividad a Internet como servicio público esencial y estratégico en competencia pone en riesgo de subsistencia a más de 1.200 pequeños y medianos actores del ecosistema de internet, que son PyMEs y cooperativas de capitales nacionales que prestan servicios principalmente en la gran mayoría de pequeñas y medianas localidades del interior del país.
Los prestadores asociados a la Cámara Argentina de Internet -CABASE- han buscado y mantenido instancias de construcción de diálogo con autoridades nacionales del sector (ENACOM, Secretaría de Innovación Pública y Subsecretaría de TICs), así como con autoridades legislativas del Congreso Nacional, a fin de consensuar soluciones y políticas para los diferentes desafíos que presenta el desarrollo del sector TIC, incluyendo la universalización de la conectividad en nuestro país, para llegar a conectar al 37% de los hogares del país que aún no tienen internet fija. Lamentablemente el DNU 690/20 ha sido dictado de manera inconsulta, sin tener en cuenta el camino recorrido y sin considerar las características particulares de los prestadores PyMEs y cooperativos.
El mercado Argentino tiene ya un altísimo nivel de concentración que no hará más que agravarse si la reglamentación del DNU no contempla un esquema específico para PyMEs y cooperativas, diferenciado del que se establecerá para los grandes operadores.
La continuidad de estos servicios de conectividad en condiciones de calidad requiere de la permanente realización de inversiones en redes y equipos, en más de un 80% dolarizadas, que se solventan con capital propio, sin acceso a fuentes nacionales o internacionales de financiación y que se repagan a partir de los precios en pesos cobrados a los usuarios que utilizan los servicios.
Este escenario hace que sea muy difícil para las PyMES y Cooperativas hacer frente a una competencia muy agresiva por parte de los operadores dominantes, situación que se agrava con la regulación de precios contenida en el DNU.
Las condiciones de competencia indican a las claras la necesidad de dar impulso a las PyMEs y cooperativas para que continúen brindando sus servicios en beneficio de los usuarios, generando a la vez un impacto real en las economías regionales y el empleo local.
Se necesita una regulación inteligente, que discrimine a los grandes operadores del resto a través de regulaciones asimétricas, para que se generen en todo el país las condiciones que permitan nivelar la cancha impulsando activamente una mayor participación de las PyMES y cooperativas en el mercado, para que sean estos actores los que con sus inversiones locales quienes lleven internet al 37% de los hogares del país que aún no cuentan con conectividad.
La decisión de calificar un servicio o una actividad económica como un servicio público esencial y estratégico en competencia no hace por sí misma que esos servicios sean de mejor calidad, más accesibles y ni siquiera que lleguen a más personas, algo que solo puede lograrse generando condiciones de mayor competencia y una promoción activa e inteligente de la industria a través de políticas públicas de incentivo de la inversión, para que sean los actores del sector privado quienes lleven internet de calidad a precios competitivos al cien por cien de los hogares del país.
Solicitamos a las Autoridades Nacionales abrir una instancia de diálogo que permita revertir los efectos nocivos del DNU 690/20 y atender nuestras legítimas preocupaciones, generando las condiciones necesarias para que podamos continuar brindando el servicio y realizando las inversiones que requiere la extensión de la conectividad en nuestro país.
