La Justicia allanó y clausuró los locales de la concejal de San Antonio de Areco, Angelina Zapico, en los que según reconoció la propia edil kirchnerista, trabajan prostitutas.
El operativo encabezado por la Gendarmería fue ordenado por el juez federal Norberto Oyarbide, luego de la denuncia del asesor de la Fundación La Alameda, Lucas Schaerer, impulsada por el fiscal Federico Delgado.
La Alameda acusó a Zapico, sus padres, su hermana y una serie de socios de manejar una red locales habilitados como bares, pero que «encubren la actividad prostibularia». Entre ellos, mencionó el Café Orleans, en la esquina de San Martín y Córdoba, además de Sens, Ness, Cutty Sark y una serie de «privados».
En el inicio de la investigación, el fiscal delgado ordenó a la Policía Metropolitana la realización de tareas de inteligencia en los bares denunciados. Según reprodujo en su dictamen, esas averiguaciones determinaron que en esos locales son «frecuentados por mujeres que ejercen la prostitución, quienes aportan una comisión al comercio en concepto de ‘copas compartidas’ que consumen con los ocasionales clientes, para luego retirarse a un hotel de la zona».
La mecánica confirmada por el fiscal coincide con los se observa en una cámara oculta adjuntada por La Alameda a su denuncia.
Tras las clausuras materializadas ayer, Oyarbide dispuso que los locales sean custodiados por la Policía Federal, pero no por efectivos de la comisaría de la zona de cada uno de los bares, ya que están acusadas de complicidad.
A su vez, la Agencia Gubernamental de Control porteña ordenó la clausura administrativa de tres locales denunciados por «desvirtuar el rubro» por el que estaban habilitados. En uno de ellos, en Viamonte al 600, constató que había un cliente manteniendo relaciones sexuales con una «alternadora», a quien le había pagado 500 pesos.
Al ser consultada sobre la presencia de prostitutas en los locales a su nombre –que anteriormente pertenecían a su papá–, Zapico respondió: «Todos conocemos el tipo de bares de mi padre. Lo que sí recalco es que son bares con las ventanas completamente abiertas, con vista a la calle, libres. No se ejerce la prostitución en esos lugares. Son realmente bares. Sí concurren chicas, eso no lo discuto». Además, culpó de los medios. «Estamos en un año electoral y estas cuestiones se utilizan políticamente para dañar», sostuvo.
La oposición de San Antonio de Areco exigió que Zapico pida licencia o renuncia, pero la concejal lo rechazó, con la anuncia del intendente Francisco Durañona, a quien responde políticamente. La edil se limitó a bajar el alto perfil que mantenía, cerró su cuenta de Twitter y dejó de hablar en las sesiones del Concejo Deliberante.
Frente a eso, desde La Alameda anticiparon a Infobae que preparan un acto en San Antonio de Areco, donde impulsarán la formación de una comisión investigadora.
MENDOZA
LA TRATA NO PARA NUNCA DE SECUESTRAR
La querella pidió 14 años para el líder de una banda acusada de crear una red de trata
La querella solicitó esa pena para el líder de una banda acusada de conformar una red de trata de mujeres con fines de explotación sexual y lavado de dinero, durante el juicio que se desarrolla en los Tribunales Federales de Mendoza, informaron hoy fuentes judiciales. El proceso, en el que están involucrados un empresario, un médico, un inspector municipal y dos miembros de la Policía Federal, entró ayer en su etapa de alegatos, recta final antes de la sentencia.
La querella expuso ante el Tribunal los argumentos y pidió una pena de 14 años para el dueño del local “Pyme VIP” por los delitos de «trata de personas con fines de explotación sexual y participe secundario en dos abortos».
En tanto, para el médico ginecólogo Osvaldo Ramón Pastorino pidió ocho años de prisión por el delito de «trata» además de 16 años de inhabilitación como profesional por haber practicado la interrupción de los embarazos a las víctimas.
Asimismo, para el inspector municipal Raúl Coquejo y los policías Ángel Arias y Nelson Bravo se solicitó la pena de ocho años e inhabilitación de por vida para ejercer sus cargos.
Por último, para los custodios del local, Sergio Cardelo, Saúl Segura y Sergio Carvelli, la querella solicitó la pena de cuatro años de prisión.
Tras la exposición, el Tribunal llamó a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves cuando le toque exponer a la fiscalía y luego a los defensores.
145, número nacional, gratuito y anónimo para denunciar situaciones de trata de personas
