LA JUSTICIA FRENA 3 TORRES DE IRSA EN CABALLITO

Amparos de SOS Caballito y Basta de Demoler:

LA JUSTICIA FRENA 3 TORRES DE IRSA EN CABALLITO

La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictó una medida cautelar por la cual ordenó suspender la construcción de tres torres que la empresa IRSA pretendía edificar en la manzana correspondiente a las calles Rojas, F. Vallese, Colpayo y Méndez de Andes (Rojas 629/31/33/35/37/39/41/77), del barrio de Caballito Norte, hasta tanto se dicte la sentencia definitiva.

La decisión judicial fue resuelta en el marco de dos amparos presentados por las organizaciones vecinales SOS Caballito, con el patrocinio de los Dres. Hernán Petrelli y Paula Vassallo; y Basta de Demoler, con el patrocinio de los Dres. Jonatan Baldiviezo, Sebastián Pilo y Enrique Viale.
Para así resolver, el Tribunal (compuesto por los jueces Carlos Balbín, Horacio Corti e Inés Weinberg de Roca) cuestionó el modo en que el Gobierno de la Ciudad oportunamente otorgó el permiso de obra en cuestión, dilatando mediante el veto la puesta en vigencia de la Ley sancionada por la Legislatura de la Ciudad que impedía dichas construcciones, y valiéndose de dicha dilación para autorizar la construcción de las torres. Asimismo, hizo hincapié en el estado de abandono en que la empresa constructora mantuvo las obras durante casi tres años, a pesar del cambio de normativa urbanística que se había producido a partir de la puesta en vigencia de la Ley Nº 2.722; y cuestionó la falta de realización de obras imprescindibles para la adecuada provisión de servicios públicos al barrio, específicamente las que deberían garantizar que no se afecte el caudal de agua en la zona.
Al respecto, los miembros de SOS Caballito sostuvieron: «Este es un logro de tantos años de lucha de los/as vecinos/as de Caballito. Esas torres iban a a generar un gran daño ambiental, violentaban la identidad y la tipología barrial, violaban la Ley que conseguimos los/as vecinos/as, y afectaban los servicios públicos y nuestra calidad de vida. En el lugar se están edificando tres torres de 70, 80 y 90 metros de altura, con las características de un barrio privado. Derrotamos a una de las obras más grandes de la Ciudad, a cargo de una empresa con demasiado poder económico e influencia. Contra el siniestro accionar de especuladores inmobiliarios y funcionarios cómplices, seguiremos defendiendo nuestra calidad de vida».
Asimismo, desde Basta de Demoler manifestaron: «La construcción indiscriminada es la contracara de la demolición indiscriminada. Esta decisión judicial pone las cosas en su lugar, dejando en claro que por más poder e influencia que tenga una empresa constructora, todos nos tenemos que atener por igual a las leyes» y agregaron: «El GCABA se niega a modificar la situación de los contínuos conflictos urbanísticos, ya que desde que surge esta problemática, no se discuten soluciones de fondo (el Código de Planeamiento Urbano). No hay cambios que contemplen los reclamos vecinales; por el contrario, la inacción del GCABA muestra la voluntad de seguir favoreciendo intereses privados en contra del bien común de la ciudad y sus habitantes».
Finalmente, los abogados que patrocinaron a ambas organizaciones sostuvieron: «Este fallo será un antecedente importantísimo en materia de derecho urbano-ambiental en la Ciudad de Buenos Aires y en el país. El Tribunal dictó una sentencia ejemplar que prioriza el derecho constitucional a un ambiente sano y a un hábitat adecuado de quienes vivimos en la Ciudad, por sobre los intereses económicos de grupos determinados. La planificación urbanística de la ciudad no puede quedar en manos de la especulación inmobiliaria, sino que es una obligación estatal que los/as funcionarios/as públicos no pueden dejar de ejercer».

Adjuntamos sentencia completa.

“ASOCIACION CIVIL Y VECINAL SOS CABALLITO POR UNA MEJOR
CALID CONTRA GCBA SOBRE OTROS PROCESOS INCIDENTALES” ,
EXPTE: EXP 42929 / 2 Buenos Aires, de agosto de 2012. Y VISTOS:
Estos autos para resolver sobre el recurso de apelación interpuesto
por la parte actora (fs. 97/100) contra la sentencia de fs. 92/94 por
medio de la cual la magistrada de primer grado rechazó la medida
cautelar peticionada. A fs. 108 tomó intervención el Ministerio Público
Fiscal. I. A fs. 1/15 la actora interpuso acción de amparo contra la
Ciudad cuestionando la omisión del dictado del acto administrativo de
paralización de la obra sita en Rojas 629/31/33/35/37/39/41/77,
acorde a lo normado por el artículo 2.1.5.2 del Código de Edificación.
Al respecto, explicó que a partir de la sanción de la ley 2722 en el año
2008 ––que modificó la zonificación del lugar de la obra–– no pueden
construirse edificios de más de 21 metros de altura, es decir, siete
pisos, y que la obra cuestionada prevé la construcción de tres
edificios torre de 21, 25 y 30 pisos. Luego, señaló que, en tanto la
obra no presentó ejecución hasta junio de 2011, la Administración
debió haberla declarado “paralizada” en los términos del art. 2.1.5.2
del Código de Edificación. Ello hubiera aparejado que para reanudar la
obra ésta habría debido adecuarse a la nueva zonificación prevista
por le lay 2722. En consecuencia, a su entender, la omisión del GCBA
permitió el comienzo de construcción de una obra según normativa
derogada. Asimismo, la accionante cuestionó el acto administrativo
que dispuso el registro del plano de la obra, dictado en el expediente
administrativo 89411/07 de la Dirección General de Registro de Obras
y Catastro, por haber sido otorgado en base a una norma que se
encontraba derogada al momento de su dictado. Finalmente, relató
que la magnitud de las torres que se están construyendo va a generar
una variación en las condiciones de vida de todos los vecinos del
barrio. Como medida cautelar, la actora solicitó la suspensión de la
obra en cuestión. II. A fs. 92/94 la a quo rechazó la medida cautelar
peticionada. Para así resolver, expresó que al momento en que fue
aprobado el proyecto de obra cuya suspensión se pretende, la nueva
zonificación aún no se encontraba vigente. Destacó que la aprobación
del proyecto generó un derecho adquirido a favor del particular que
no puede ser posteriormente desconocido. Por otra parte, la
magistrada señaló que, de acuerdo con el artículo 2.1.5.2 del Código
de Edificación, la paralización de la obra exige dos extremos, por un
lado que haya estado paralizada por el plazo de seis meses ––lo cual,
según la a quo, requiere de un mayor debate y prueba–– y, por el
otro, que la Administración dicte el acto administrativo que así lo
declare ––siendo esto último, de acuerdo al criterio de la Sra. Jueza,
facultativo para la Administración––. Esta decisión fue cuestionada
por la demandante, a tenor de los fundamentos vertidos en su
memorial obrante a fs. 97/100, circunstancia que motiva la
intervención de esta alzada. III. Con respecto a las medidas
cautelares en el proceso contencioso-administrativo la doctrina, la
jurisprudencia y la legislación tradicionalmente han exigido como

recaudos de admisibilidad la verosimilitud del derecho, el peligro en la
demora y la no afectación del interés público, sin perjuicio de la
complementaria fijación de una contracautela (esta Sala, in
re “Rubiolo Adriana Delia y otros c/ G.C.B.A. s/ Amparo”, expte. nº
7; “Carrizo, Atanasio Ramón c/ G.C.B.A. s/ Medida cautelar, expte. nº
161/00; “Salariato, Osvaldo c/ G.C.B.A. s/ Impugnación de actos
administrativos s/ Incidente de apelación-medida cautelar”, expte. nº
1607/01, “Casa Abe S.A. c/ G.C.B.A. s/ Acción meramente
declarativa-art. 277 CCAyT) s/ Incid. apelación contra resolución de
fs. 108/9 y aclaratoria de fs. 119” expte. 271, entre muchos otros
precedentes). Estos recaudos coinciden con los que actualmente
establece la ley 2145, en su art. 15. En efecto, dicha norma establece
como requisitos de este tipo de medidas: la verosimilitud del derecho,
el peligro en la demora, la no frustración del interés público y la
contracautela. Tales requisitos ya habían sido receptados y regulados,
con sus peculiaridades, en la ley procesal local. Así, el art. 177,
CCAyT, establece que las medidas cautelares son todas aquellas que
tienen por objeto garantizar los efectos del proceso, incluso aquellas
de contenido positivo y la suspensión del acto administrativo
impugnado, aunque lo peticionado coincida con el objeto sustancial
de la acción. La norma agrega que aquel que tuviera fundado motivo
para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial
de su derecho, este pudiera sufrir un perjuicio inminente o
irreparable, puede solicitar las medidas urgentes que, según las
circunstancias, fueran más aptas para asegurar provisionalmente el
cumplimiento de la sentencia, aún cuando no estén expresamente
reguladas. IV. El examen de las constancias del caso a la luz de los
principios enunciados, conduce al Tribunal a concluir que existen
elementos suficientes para considerar reunidos ––en el actual estado
de la causa y con la provisoriedad propia de este estadio del análisis––
los recaudos que hacen procedente la tutela cautelar solicitada por la
demandante. En este sentido, corresponde destacar que en el año
2008 se sancionó la ley 2722 que modificó la afectación de distritos
en el barrio de Caballito. En particular, el artículo 3º desafectó “del
distrito de zonificación R2aII al polígono comprendido desde eje de la
calle José Juan Biedma desde su intersección con el eje de la calle
Neuquén, por el eje de la calle José Juan Biedma hasta la línea de
fondo de las parcelas frentistas de la Avenida Gaona, acera par, por
éste eje hasta la intersección con el eje de la calle Martín de Gainza,
por éste hasta el eje de la calle Ampere, por éste hasta la línea de
fondo de las parcelas frentistas de la Av. Honorio Pueyrredón, acera
par, por éste hasta la intersección con el eje de la calle Aranguren,
por éste hasta el eje de la calle Rojas, por éste hasta la intersección
con el eje de la calle Planes, por éste hasta la intersección con el eje
de la calle Nicasio Oroño, por éste hasta su intersección con el eje de
la calle Felipe Vallese ; por éste hasta su intersección con el eje de la
calle Almirante J. Seguí, por éste hasta el eje de la calle Neuquén y
por éste hasta el eje de la calle José Juan Biedma”. A su vez, afectó el

polígono descripto al distrito de zonificación R2bI del Código de
Planeamiento Urbano (art. 4). En dicho polígono se encontraría la
obra objeto de estos autos (cfr. fs. 31). Sentado lo anterior, se
advierte que el plano de la obra cuestionada habría sido realizado en
base al distrito de zonificación R2aII, con una altura proyectada de
87.66 metros (cfr. fs. 32), aun cuando habría sido registrado con
posterioridad (el día 19/6/2008, cfr. fs. 16) a la sanción de la ley
2722 (el día 22/5/2008), la cual cambió aquélla zonificación. Si bien
la referida norma fue publicada el día 24/7/2008 no puede perderse
de vista que fue vetada parcialmente el día 27/6/2008 y sancionada
en forma definitiva el día 03/7/2008, cuando la Legislatura dictó la
resolución 233/2008 de aceptación de veto e insistencia,
circunstancias que explicarían la demora en la publicación. A ello debe
agregarse que de los informes de la Defensoría del Pueblo de fecha
18/7/2011 y 19/8/2011 surgiría que “casi tres años después del
registro de planos, las obras aún no habían comenzado” (fs. 22/27);
y que la Administración, el día 02/9/2011 informó, con relación a la
obra en cuestión, que “no se ha solicitado al día de la fecha
verificación especial de obra alguna” (cfr. fs. 34). Ello adquiere prima
facie relevancia a la luz del artículo 2.1.5.2 del Código de Edificación
en cuanto prescribe que: “Obras paralizadas. Cuando la Dirección
comprueba que una obra queda paralizada durante seis (6) meses
por la no ejecución de trabajos constructivos y/o de instalaciones
dejará constancia del estado en que se encuentra y la declarará
´Paralizada´ … ”; y del artículo 2.1.5.3 que establece
que: “Reanudación de un trámite de legajo de obra archivada. El
propietario de una obra podrá solicitar dentro de los plazos que más
adelante se fijan, la reanudación de un legajo de permiso de obra
archivado. Los plazos son los siguientes: a) Caso de una obra
declarada «paralizada» o no concluida» 3 años a contar de la fecha de
la disposición declaratoria … Aun encuadrando la gestión dentro de los
plazos previstos, la reanudación del trámite se acordará siempre que
a la fecha de la solicitud: No hayan variado las normas vigentes al
momento de la iniciación del legajo o actuación; No se haya dispuesto
la afectación del predio por apertura, ensanche, rectificación o
supresión de vía pública; El proyecto se ajusta a las normas vigentes
al momento de pedir la reanudación”. A la luz de lo expuesto, dado ––
por un lado–– el tiempo que habría en principio transcurrido sin que
se dé comienzo a la ejecución de la obra, y ––por el otro–– el hecho
de que el registro de lo planos de la obra habría sido realizado en
época concomitante al dictado de la nueva normativa; cabe tener por
configurada la verosimilitud del derecho de la actora. V. A mayor
abundamiento, cuadra poner de relieve que la Defensoría del Pueblo
de la Ciudad, en los informes aludidos, señaló que la ley 2359,
modificatoria del artículo 2.1.2 del Código de Planeamiento Urbano,
prescribe que “… Para obras nuevas o de ampliación de obras
existentes, en edificios destinados a vivienda multifamiliar: certificado
de factibilidad y disponibilidad de recursos de redes de servicios

públicos. Las empresas prestatarias certificarán que la infraestructura
instalada es suficiente para satisfacer el incremento de la demanda
que generará la obra nueva, sin deterioro de la calidad del servicio …
La empresa prestataria de los servicios de provisión de agua potable
y desagües cloacales certificará las especificaciones correspondientes
a presión de agua, caudal de agua, continuidad del servicio de
abastecimiento de agua potable e inundaciones por desbordes de
desagües cloacales establecidos en las normas de servicio”. A su vez,
aquel organismo destacó que los vecinos denunciaron que en
cumplimiento de esa normativa AYSA habría informado que debía
realizar la instalación de cañerías sobre las calles Méndez de Andes
entre Hidalgo y Espinosa, en un plazo de 33 meses entre noviembre
de 2007 y agosto de 2010, y que esas obras no se habrían realizado.
VI. Es oportuno señalar que el dictado de las providencias
precautorias no exige un examen de certeza sobre la existencia del
derecho pretendido; aun más, el juicio de verdad en esta materia se
encuentra en oposición a la finalidad del instituto, que no es otra cosa
que atender a aquello que no excede el marco de lo hipotético, dentro
del cual agota su virtualidad (C.S.J.N., doct de Fallos: 316:2060,
entre otros precedentes). En efecto, la verosimilitud del derecho sólo
requiere la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el
actor (esta Sala, in re “García Mira, José Francisco c/ Consejo de la
Magistratura s/ Impugnación de actos administrativos”, exp. nº 8569/
0, pronunciamiento del 3/3/04). Establecido ello, corresponde señalar
que, tal como lo ha puesto de relieve anteriormente esta Cámara, los
requisitos de procedencia de las medidas cautelares se encuentran de
tal modo relacionados que, cuando existe el riesgo de un daño
extremo e irreparable el rigor del fumus se debe atemperar, e
inversamente, a mayor verosimilitud del derecho es menor la
exigencia del peligro del daño (esta Sala, in re «Ticketec Argentina
S.A. c/ GCBA», resolución del 17/7/01; Sala II in re «Tecno
Sudamericana S.A. c/ GCBA s/ Impugnación de actos
administrativos», resolución del 23/5/01, entre muchos otros
precedentes). Dada la verosimilitud en el derecho en que se concluye,
la aplicación de esta pauta al presente caso conduce a atemperar la
exigencia de peligro en la demora. VII. En virtud de lo expuesto,
corresponde revocar la sentencia en crisis, hacer lugar a la medida
cautelar solicitada y ––bajo la caución juratoria que se entiende
prestada en la demanda––, suspender la ejecución de la obra sita en
la calle Rojas 629/31/33/35/37/39/41/77 hasta tanto se dicte
sentencia sobre el fondo del asunto. Sin costas por falta de
sustanciación. En mérito a las consideraciones vertidas; y oído el
Ministerio Público Fiscal, el tribunal RESUELVE: 1) Hacer lugar al
recurso de apelación interpuesto, revocar la sentencia apelada y, bajo
la caución juratoria que se entiende prestada en la demanda,
suspender la ejecución de la obra sita en la calle Rojas 629/31/33/35/
37/39/41/77 hasta tanto se dicte sentencia sobre el fondo del asunto.
2) Sin costas por falta de sustanciación. Regístrese. Notifíquese a las

partes y al Ministerio Público Fiscal en su público despacho.
Oportunamente, devuélvase. Se deja constancia de que el Dr. Horacio
Corti no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.

“ASOCIACIÓN CIVIL BASTA DE DEMOLER CONTRA GCBA
SOBRE OTROS PROCESOS INCIDENTALES” , EXPTE: EXP
43792 /1 Buenos Aires, de agosto de 2012 Y VISTOS: Estos
actuados para resolver el recurso de apelación interpuesto
por la actora a fs. 122/127 contra la resolución de la Sr.
Jueza de grado de fs. 117/120, mediante la cual rechazó la
medida cautelar solicitada. Las consideraciones este Tribunal
al resolver la causa “Asociación Civil y Vecinal SOS Caballito
por una mejor calidad contra GCBA sobre otros procesos
incidentales” expte. Exp 42929/2 –a cuyos términos cabe
remitirse a fin de evitar reiteraciones innecesarias, dan
adecuada respuesta al planteo cautelar sometido a
conocimiento de esta Alzada. Por ello, cabe hacer lugar al
recurso de apelación deducido y, en consecuencia, revocar la
sentencia apelada bajo caución juratoria que se entiende
prestada en la demanda. Así, corresponde suspender la
ejecución de la obra sita en la calle Rojas 629/31/33/35/37/
39/41/77 hasta tanto se dicte sentencia sobre el fondo del
asunto. Sin costas por ausencia de sustanciación. ASÍ SE
RESUELVE. Regístrese y notifíquese a las partes y al
Ministerio Público Fiscal en su despacho con copia del
precedente citado (“Asociación Civil y Vecinal SOS Caballito
por una mejor calidad contra GCBA sobre otros procesos
incidentales” expte. Exp 42929/2). Oportunamente
devuélvase. Se deja constancia que la Dra. Weinberg no
suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.