La palabra expensas como sinónimo de penurias.

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Los Propietarios Consorcistas han encontrado en el Diario La Nación – cuyo texto acompañamos – la interpretación exacta de los problemas que se han multiplicado en los últimos 15 años, hasta extrapolar la palabra expensas como sinónimo de sus penurias. Además un conjunto de “iluminados”, en una verdadera asociación ilícita que produjo estragos en una comunidad que había logrado su vivienda propia y fue maltratada hasta llegar en muchos casos, al remate de su propiedad. Tiene nombre, el Ex Ministro de Trabajo del Gobierno Nacional Dr. Tomada, cómplice de andanzas junto al Sindicalista del SUTHER Victor Santa Maria, pasaron todas las fronteras de lo licito, dejando como responsables un tendal de 300 viviendas anuales que fueron rematadas en sus 12 años juntos, (aproximadamente 36.000 unidades). Para completar se necesitaron 58 Legisladores que se “olvidaron” de leer lo que votaban, y además 2 millones de propietarios desprotegidos y sin ánimo de luchar contra lo aparentemente irremediable.

Cuando se fundó A.P.I.P.H. éramos un grupo de hombres dispuestos a ayudar, sin fines de lucro a los damnificados y eso nos significó por parte del SUTERH, una Querella Penal por Extorsión al Presidente de A.P.I.P.H., cuyo fallo final descubrió la podredumbre que había en estos verdaderos vándalos dispuestos a todo. En ese terreno fue que los mismos que crearon A.P.I.P.H. se declararon en contra de la Ley N°5464, proclamaron que dicha “Ley había nacido muerta”. Mientras grupos de Abogados supuestos defensores de los Consorcios, negociaban con Santa Maria y Abrevaya acuerdos para resucitarla (como lo señalan varios medios periodísticos). Quienes debían tomar resolución sobre el destino de la Ley, los Legisladores que la votaron, 6 meses después tomaron la histórica decisión de derogarla. Estamos trabajando actualmente en la reconstrucción, proponemos eliminar 55 Leyes, resoluciones, paritarias, categorizaciones, aportes, contribuciones, controles, libros, ordenanzas, obligaciones….., con el objeto de descomprimir el costo de las expensas ya prohibitivas.

Deberá comprender el Gobierno de la Ciudad, que el Registro Público de Administradores es una creación y necesidad nuestra, desde el 4 de septiembre del 2007 que fue presentado oficialmente en la Cámara de Diputados de la Nación, en la Comisión de Vivienda y la de Legislación General, corresponde que quede a cargo de A.P.I.P.H. en representación de los Copropietarios ya que contratamos y pagamos a los Administradores. Por lo tanto no hay lugar para los funcionarios del Gobierno de la Ciudad, la Legislatura y Comuneros. Si es necesario llegaremos a la Corte Suprema Nacional de Justicia.

Marcos Bergenfeld Presidente
Dr. Pablo Terzano Vicepresidente
Dr. Felix B. Pazo Secretario

Consorcios: saludable marcha atrás

La derogación de la ley porteña que daba al gremio de encargados de edificios el poder de controlar a consorcistas y administradores era totalmente insostenible
La derogación de la ley porteña que dotaba a los trabajadores de edificios de una representación desproporcionada en el Consejo de la Propiedad Horizontal dispara dos lecturas: la primera tiene que ver con el exitoso resultado de la presión que ejercieron vecinos, organizaciones de consorcistas, representantes de la propiedad horizontal y abogados para frenar una norma injusta y políticamente amañada, cuyo principal objetivo era poner a encargados de edificios y empleados de administraciones a manejar las decisiones de los consorcios. La segunda lectura lleva directamente al oscuro proceso que dio lugar a la sanción: la ley fue aprobada con 58 votos a favor y dos abstenciones durante la última sesión de 2015 de la Legislatura, días antes de que se renovara su composición, sobre tablas y sin ningún tipo de discusión previa. Como si no fueran suficientes esas detestables maniobras para seguir quitándoles poder a los consorcistas y generarles nuevos gastos en las ya caras expensas, ahora la Legislatura la deroga por unanimidad. ¿Se hubiera llegado a esa decisión sin la presión social e institucional que puso en negro sobre blanco el verdadero sentido de la ley por la que se creaba un consejo para regular la vida de los consorcios y controlar y sancionar a los administradores por medio de un tribunal de ética, como si fuera un consejo profesional? Algunos de los legisladores que la votaron dijeron que ni siquiera conocían su texto. De por sí, eso ya constituye una aberración. Pero, entre quienes lo conocían, ¿nadie dudó de que se estaba frente a un proyecto para favorecer aún más al poderosísimo Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh), al que se le otorgaban tres representantes en un directorio en el que los consorcistas sólo tendrían uno de un total de 11 miembros? ¿No sospecharon en ningún momento los diputados porteños que al crear un nuevo gremio de empleados de administraciones, al que le hubiese correspondido otro representante, hubiera sido un paso más para desequilibrar a los consorcios en favor de los sindicatos que ya tanto deciden en forma inconsulta sobre haberes de los porteros, cuyos pagos extras en muchísimos casos resultan abusivos, cuando no absurdos?
El autor de la fallida ley fue el ex diputado kirchnerista Fernando Muñoz, quien fue nombrado defensor de los inquilinos, razón por la cual él mismo iba a terminar dirigiendo el consejo por crearse. La norma vio la luz como fruto de un acuerdo político entre Pro y el kirchnerismo. Las dos abstenciones correspondieron a Hernán Arce, del Partido Socialista, y a Gustavo Vera, de Bien Común. No hubo ningún voto en contra. Ante las innumerables quejas que desató aquella sanción, el oficialismo intentó modificar la ley mediante un proyecto del Poder Ejecutivo local, que intentaba balancear las representaciones en el directorio para que no fuera tan escandaloso el beneficio que se le estaba otorgando al Suterh y, entre otras cuestiones, para que la presidencia recayera en el área de Defensa del Consumidor de la ciudad. Pero no alcanzó. El cálculo de los costos políticos que implicó embarcarse en esa norma tildada por muchos de inconstitucional derivó en que finalmente se promoviera su derogación lisa y llana. Como suele suceder en materia de gestión de consorcios, no hubo una discusión previa -y mucho menos de fondo- para que todas las partes pudieran plantear sus dudas y proponer soluciones con vistas a la mejor regulación posible. Es más, en una muestra de claro cinismo, Víctor Santa María, titular del Suterh, presidente del justicialismo porteño, referente de peso en la CGT y fuerte inversor en medios periodísticos, intenta por estas horas mostrarse dialoguista y abierto pidiéndole a la Legislatura “avanzar en un nuevo debate en el que se escuchen todas las posiciones”. No resulta creíble que convoque al diálogo quien siempre ha impuesto sus deseos en paritarias, con la fiel anuencia de algunas cámaras de administradores. Por otra parte, ayer se conoció la decisión del Gobierno de inhibir todos los bienes de Interacción SA, la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) del Suterh, y prohibirle la emisión de pólizas, por cuanto se detectó en esa empresa un déficit de más de 1400 millones de pesos en el capital exigido y unos 5000 juicios no declarados. Ha quedado más que demostrado entonces que la ley que creaba el Consejo de la Propiedad Horizontal era un instrumento muy defectuoso que los vecinos criticaron duramente, por lo que la dirigencia política no tuvo más remedio que dar marcha atrás. Hoy la situación ha vuelto a foja cero, con el agravante de que no es bueno el sistema que actualmente rige para la regulación de la actividad de los administradores de consorcios por parte del gobierno de la ciudad. De no haberse derogado la ley, esa facultad regulatoria hubiera sido cedida al consejo por crearse, algo totalmente absurdo, pues el control hubiera quedado así en manos del gremio que representa a los trabajadores de edificios, es decir que los encargados y los empleados de los administradores y copropietarios iban a terminar controlando a quienes les pagan por sus servicios. Es de esperar que se abra entonces una etapa de negociación basada en la representatividad de todas las partes y no en la consolidación de los viejos pero muy vigentes resabios del corporativismo.

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