La precarización del delivery se llama “alivio fiscal”: Legislatura de la Ciudad, Empresas de reparto.

Todo es patético. Regales, Bonos, regalos, bonos. La Legislatura  de la Ciudad y sus legisladores son un desastre. El cohecho o también conocido como soborno, coima o mordida, en el ámbito del derecho, es un delito que consiste en sobornar a una autoridad o funcionario público mediante el ofrecimiento de una dádiva a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo.​

Autores «materiales». Donde terminó la UCR Capital, en «cachi» Cachivache de Gorilas (Objeto, generalmente de escasa utilidad, al que se concede poco valor.)

La iniciativa es autoría de la diputada Cristina García de Aurteneche, de Vamos Juntos, y fue acompañada por el diputado Marcelo Guouman, de UCR-Evolución.

Trabajadores de APPS concentran en Legislatura en rechazo al proyecto que legitima la precarización

Trabajadores de distintas empresas de aplicaciones, concentrarán en las puertas de la Legislatura porteña este jueves desde las 10am, frente a la votación del proyecto de ley que impulsa el bloque oficialista, que intenta regularizar el trabajo de aplicaciones.

Al respecto Laura Caceres, trabajadora de Pedidos Ya, afirmó “Vamos a manifestarnos porque no nos queda otra. En nuestro trabajo no tenemos ningún derecho garantizado, las empresas ni siquiera nos consideran trabajadores sino “colaboradores” y esta ley que redactaron a espaldas de los trabajadores legitima esa forma de precarizarnos. Toda la responsabilidad es nuestra, nosotros tenemos que comprarnos todos los elementos de trabajo, hasta el colmo de un barbijo para no contagiarnos. Larreta dice que es una regulación vial, pero lo que hacen es legalizar la precarización, una ley a medida de las empresas”.

Por su parte, Facundo Pico trabajador de Rappi, aseguró “Somos cientos y cientos los trabajadores de aplicaciones que vivimos en la provincia de buenos aires, y venimos a trabajar a la Ciudad, no sabemos qué va a pasar con nosotros. La precarización tiene consecuencias, ya son 7 los compañeros que murieron producto de estas condiciones. Ni el Gobierno de la Ciudad, ni el Ministerio de Trabajo Nacional se hacen cargo de cómo estamos trabajando, y dejan que estas empresas internacionales, hagan lo que quieran, incluso evadiendo las leyes laborales vigentes y los impuestos. Logramos presentar una carta desde la Asamblea Nacional de Trabajadorxs de Reparto vía la Banca de Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, llamando a todos los y las legisladoras a rechazar este proyecto y escuchar lo que tenemos para decir las y los trabajadores”

La Legislatura porteña detrás de los «regalos» sin ningún pudor.

La Legislatura porteña tratará este jueves el proyecto de Ley que busca regular la actividad de los repartidores, mensajeros y aplicaciones de delivery, que obliga a todos ellos a constituir domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y contar con un seguro laboral, entre otros puntos.

Además, el proyecto de Ley prohíbe el sistema de incentivo y castigo a los trabajadores e incorpora un sitio de quejas para los clientes.

Como ya cuenta con dictamen favorable de las comisiones de Tránsito y Transporte y de Justicia y de Asuntos Constitucionales, será suficiente con una mayoría simple -los votos positivos de la mitad más uno de los presentes- para su aprobación.

Según informaron desde el despacho de García de Aurteneche, el objetivo del proyecto es «mejorar la seguridad vial de los repartidores y sus medidas de protección» y establecer «reglas claras de circulación».

De aprobarse, la nueva norma vendrá a regular una modalidad de trabajo que adquirió protagonismo a raíz de la cuarentena por el coronavirus: el servicio de mensajería y reparto de sustancias alimenticias, popularizados con el crecimiento de plataformas como Rappi, Glovo, PedidosYa y Uber Eats.

Para ello, el proyecto del oficialismo porteño propone la creación de un registro de las operadoras digitales y los repartidores y mensajeros, e incorpora requisitos como estar inscriptos en la AFIP y la AGIP.

Por otro lado, exige a los repartidores contar con una habilitación y hacer cursos de capacitación relacionados con seguridad vial.

Desde la Asociación de Personal de Plataformas (APP) cuestionaron ayer el proyecto al definirlo como «discriminatorio» hacia los repartidores.

En un comunicado, la APP argumentó que la iniciativa crea «la figura del repartidor habilitado» y «dispone más de 15 sanciones en los códigos de transporte, de faltas y contravencional especialmente pensadas para perseguir a los repartidores que no cuenten con la habilitación».

En la actualidad existe una ley que regula la actividad de los deliverys, pero no prevé la modalidad bajo la cual trabajan plataformas digitales.

El temario de la sesión, definido esta tarde en reunión de Labor Parlamentaria, incluye también un proyecto de “alivio fiscal” para que los propietarios de locales comerciales o de servicios queden exceptuados de pagar la alícuota de impuesto a los Ingresos Brutos correspondientes a los meses de junio y julio del año en curso.

Además, se considerará una iniciativa con despacho de la Comisión de Desarrollo Económico mediante la cual se propicia simplificar toda la tramitación administrativa referida a habilitación y verificación de locales comerciales y de servicios, eliminando pasos burocráticos que no se consideran imprescindibles.

Los diputados de la Ciudad debatirán asimismo el marco regulatorio de las actividades de mensajería y reparto de alimentos a domicilio de alimento mediante el uso de motocicletas o bicicletas. “El objetivo de la propuesta es ordenar el desarrollo de la actividad, garantizar que se haga en términos seguros de movilidad” y crear un registro de quienes prestan estos servicios, se explicó en la Comisión de Tránsito y Transporte.