La expresión fallida, grosera, del Presidente de la Nación Mauricio Macri trasluce rasgos de un pensamiento elitista y fatuo. En primer lugar, define la elección de la escuela privada como un privilegio, como un ejercicio de poder y de superación social. La escuela privada daría al beneficiado un estatus superior al resto de la sociedad. Desde esa cúpula jerárquica de poder concentrado, alerta y se compadece de quienes la vida obliga o depara el terrible destino de caer en la escuela pública, sinónimo de lo peor, del escalón más bajo y miserable.
Vergonzoso para un funcionario público, indigno para cualquier ciudadano que se precie de conocer la constitución y las leyes. Es un pensamiento que tiene el hedor de las oligarquías cerradas y antidemocráticas.
Por el contrario, podríamos argumentar que existen en el ámbito privado situaciones de exclusión y de discriminación que son francamente no recomendables para un pensamiento progresista y avanzado, que en muchas de las escuelas privadas el conocimiento es una mercancía y no un bien social y que se transforman en guetos cerrados que impiden al alumnado una educación integral consustanciada con los principios de la modernidad.
Podríamos decir también que las escuelas del Estado son diversas, heterogéneas, y que ese es uno de sus méritos, albergar a distintos grupos sociales y culturales, constituyendo un ámbito de promoción de derechos para los sectores mas postergados de la sociedad y una escuela de participación y ejercicio de ciudadanía para el conjunto de la población.
Es necesario incluir en el análisis la variable que el presidente ignora deliberadamente. La dimensión social del problema educativo. El fuerte proceso de acentuación de las brechas de la desigualdad en los últimos veinte años a partir del menemismo, pasando por el derrumbe del Estado en el 2001 que generó un cambio estructural ahora afianzado por las políticas neoconservadoras.
La escuela estatal ha sufrido graves consecuencias de dichas políticas. Por un lado, se generaron normativas destinadas a incluir masivamente a los sectores sociales caídos en la pobreza y la desocupación, alcanzando niveles altísimos de escolaridad. Al mismo tiempo, tuvo que desarrollar dispositivos de atención social integral a través de comedores, becas para los grupos de niños y adolescentes excluidos y de las poblaciones migrantes, programas de seguimiento para adolescentes y jóvenes con distintos grados de vulnerabilidad. Los sectores acomodados de la sociedad buscaron espacios de mayor homogeneidad social y étnica, lo cual merecería un análisis crítico de mayor profundidad.
Hay un circuito de la reproducción cultural de la pobreza y la exclusión contra la cual la escuela pública lucha diariamente. Para los parámetros “oficiales” de los contenidos estándares el bagaje cultural que traen los chicos de los sectores populares que asisten a la escuela de los barrios más pobres de las ciudades es sin duda altamente negativo, resta. Sus valores sociales en términos de diversidad cultural no cuentan. Ésta es toda una dimensión ignorada por la evaluación educativa del Neoliberalismo, por ello el repudio masivo de la docencia y de las organizaciones impulsoras de los derechos humanos y de los derechos a la educación como un bien social.
María Elena Naddeo
Directora Centro de Atención Niñez, Adolescencia y Género
Defensoría del Pueblo
