Un viejo lobo de mar de Tribunales que no esta asociado a lo causa y que tiene 30 años en el fuero Penal lo explica sustantivamente: «Luciani y Mola son empleados de Clarín y Clarín paga y ellos hacen». Y remata «La mitad de los fiscales y jueces en Argentina son empleados de alguien», «Imagínate que por un kiosco ó fotocopiadora de la Facultad de Derecho se pelean a muerte, nada es gratis». «En Argentina no existe el servicio de Justicia es todo un circo apañado por la Corte y Las Cámaras, está todo podrido».

Comencemos.

Lawfare

Se plantea el rol del lawfare como componente de unas relaciones internacionales asimétricas y como mecanismo clave en la manufacturación de consenso (construcción de hegemonía) a favor de relatos y prácticas asociadas al libre mercado, impulsadas especialmente desde EE.UU.

En la última década los tribunales han adquirido un rol protagónico en la política de varios países de América Latina. Particularmente en períodos electorales, las causas anti-corrupción abiertas contra funcionarios ex funcionarios y líderes de peso, han marcado la agenda mediática y política. Los casos más claros son la mega causa del Lava Jato en Brasil, vinculada al golpe de Estado contra Dilma Rousseff y al encarcelamiento de Lula da Silva; la prisión de Jorge Glas y las causas abiertas contra Rafael Correa en Ecuador; las causas abiertas contra Cristina Fernández de Kirchner y el encarcelamiento de varios ex funcionarios de su gestión.

¿Cuál es el significado de Lawfare?
Guerra jurídica, traducción de la palabra inglesa «lawfare», creada para referirse al ataque contra oponentes utilizando indebidamente los procedimientos legales, para dar apariencia de legalidad. Lawfare (blog), un blog basado en Estados Unidos.

¿Por qué Luciani y Mola son empleados de Clarín, explicado por su propio empleado?

(del Díario Clarín) El término Lawfare, de hecho, no ha sido acuñado todavía por el Diccionario Inglés de Oxford. Para otro empleado de Clarín como Roberto Gargarella, constitucionalista y profesor de la Universidad Di Tella, marca un contrapunto un tanto curioso: el sentido que le quiso dar Cristina no es el que, habitualmente, suele dársele al concepto: “Lula, Dilma, ahora Cristina usan la idea en otro sentido, no positivamente sino de forma negativa, para hacer alusión al uso ‘estratégico’ y supuestamente ‘manipulado’ del derecho, contra ellos, como líderes que recibieron respaldo popular en su momento”.

Luciani y Mola es «un caso paradigmático de lawfare»

Tras el cierre de los alegatos de defensa de la Vicepresidenta en la causa Vialidad, el abogado aseguró que una vez que se dicte la sentencia resolverán si se presenta una denuncia por prevaricato ante la Procuración o en un juzgado penal.

Beraldi acusó a Luciani y Mola de incurrir en mentiras e inconsistencias durante el juicio oral.

El abogado de Cristina Kirchner en la causa ‘Vialidad’, Carlos Beraldi, aseguró este viernes que la labor de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola constituye «un caso paradigmático de lawfare», al tiempo que remarcó que la Vicepresidenta ya pidió al tribunal que tome testimonios para iniciar una investigación por el delito de prevaricato.

En declaraciones al canal C5N, Beraldi acusó a Luciani y Mola de incurrir en mentiras e inconsistencias durante el juicio oral, y sobre la posibilidad de que se inicie una denuncia por prevaricato contra los fiscales remarcó que eso «ya lo pidió directamente la doctora Kirchner».

«Una vez que se dicte la sentencia, habrá que resolver si se comienza una investigación en la sede de la Procuración (General de la Nación) o directamente ante un juzgado penal», anticipó sobre ese punto.

Cuando le preguntaron si consideraba que la sentencia del tribunal «ya estaba escrita» con una condena a la titular del Senado, el letrado respondió que no y dijo que tiene la expectativa de que «haya un fallo conforme a derecho».

«Yo no soy un optimista ni tampoco soy un pesimista, pero nuestro trabajo tuvo mucho impacto», evaluó al referirse al alegato que concluyó este viernes.

Valoró también el trabajo de otras defensas que intervinieron en la causa, entre las que hubo -dijo- «presentaciones muy potentes, con explicaciones técnicas sólidas y convincentes».

«Una vez que se dicte la sentencia, habrá que resolver si se comienza una investigación por prevaricato.

Las respuestas a las acusaciones

Beraldi se refirió a uno de los puntos de su exposición, en la que replicó una de las premisas de Luciani sobre que el Tango 01 había volado a Santa Cruz el 30 de noviembre de 2015 con el -supuesto- objeto de que se realizara una reunión en Río Gallegos con Lázaro Báez.

Ese vuelo, subrayó, había sido el día anterior y sin la presencia de Cristina Kirchner, que estaba en Bariloche.

«A partir de unos mensajes que habían encontrado en el teléfono de José Lopez, y que se incorporaron al juicio el último día de la audiencia para sorprendernos, buscaron una historia y la historia era que de esos mensajes surgía que se iba a producir un encuentro en Santa Cruz. Pero al conectar ese mensaje con la nota (un artículo del diario La Nación utilizado por los fiscales para la acusación) había una discordancia de 24 horas», planteó el defensor.

Y agregó: «Nosotros nos encontramos que ese día la entonces Presidenta había viajado a Bariloche a hacer un acto, para participar de una planta industrial de enriquecimiento de uranio».

Ese hallazgo, siguió Beraldi, lo llevó a preguntarse en el cierre del alegato «cómo se vuelve de esto, cómo se retrocede de esto», ya que -insistió- «esa no fue la única mentira».

Cristina Fernández ejerció su propia defensa en la tercera jornada de su alegato de defensa.
Además, cuestionó que Luciani y Mola no hayan contado con «una pericia, un elemento objetivo» para probar el supuesto perjuicio patrimonial contra el Estado, por lo cual presentaron «una planilla que hicieron ellos, y entonces escuchamos al fiscal decir que ‘más o menos calculamos esto, y pusimos más o menos esto otro’.»

«Por una cuestión hasta de decoro no quise avanzar, porque esto es un escándalo. Dicen que es un caso de corrupción y la fiscalía no tiene una pericia para documentarlo», criticó.

Para Beraldi, la acción de los fiscales en la causa puede leerse como un ejemplo de «lawfare», porque ese tipo de práctica judicial consiste en «plantear una hipótesis y sostenerla sin importar si aparece prueba o no».

«En este caso es mucho peor, porque el ministerio público, la fiscalía, es un órgano del Estado y esa función tiene que hacerse conforme al principio de legalidad», concluyó.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recordó este viernes que le gatillaron «una pistola a 15 centímetros»

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recordó este viernes que le gatillaron «una pistola a 15 centímetros» de su cabeza el 1 de septiembre pasado, y consideró que las cuatro personas detenidas por el intento de magnicidio “no son autoras intelectuales” de ese hecho al mismo tiempo que señaló que se siente en “este estado de indefensión con este Poder Judicial”, al exponer en el alegato de su defensa en la causa de ‘Vialidad’.

En la tercera jornada del alegato de su defensa, Fernández de Kirchner expuso durante una hora veinte minutos desde su despacho del Senado de la Nación vía Zoom, y allí remarcó que el asesor de un senador de la oposición (Ignacio Torres, de Juntos por el Cambio de Chubut), que se sienta a metros de ella, «es defensor» de quien la «quiso matar» en la puerta de su vivienda en el barrio porteño de Recoleta el 1 de septiembre pasado.

La Vicepresidenta advirtió que “parece como que desde el ámbito judicial se le da licencia social para que cualquiera pueda pensar y hacer cualquier cosa”.

«No puedo olvidar que este año, en este mismo despacho fue destruido literalmente durante más de 40 minutos por pedradas. Ninguna fuerza de seguridad de la República Argentina, ni las locales ni las nacionales, impidieron que mi despacho fueran destrozado”, subrayó.

En su relato sobre los hechos que ocurrieron antes del intento de magnicidio, la Vicepresidenta remarcó que «unos días previo a la jornada de la memoria, el 24 de marzo, aparecieron afiches en toda la Cuidad con un cartel de asesina y mi rostro».

Allí cuestionó al juez de instrucción porteño Manuel de Campos, sobre quien dijo que «cinco meses tuvo la causa y se negó sistemáticamente a los pedidos del fiscal Leonel Gómez Barbella, que pidió la indagatoria de las personas que había individualizado que podían ser responsables de encargar y pegar los afiches». «Ahora se declaró incompetente apenas me presenté como querellante», agregó.

Asimismo, la exjefa de Estado puso de relieve el debate sobre el rol de los medios al citar que «cuando el fiscal (Diego) Luciani terminó tan histriónicamente su alegato, ese día había pantalla partida en la puerta de mi casa. Eso fue generar un clima», remarcó.

Durante un tramo de su alegato, Fernández Kirchner afirmó: «Así como vamos, vamos mal. La Argentina así no sale, con este Poder Judicial, no, de ninguna manera».

«Y que terminen con eso de la impunidad. ¿Qué impunidad? ¿Yo, impunidad? Tengo cinco causas de asociación ilícita. Si quieren impunidad, miren para otro lado. La verdad, yo me siento en estado de indefensión. Muy intranquila», observó.

Por otra parte, la Vicepresidenta insistió con la sensación de «indefensión» al señalar: «Los jueces que me juzgan a mí, los que están en Casación y uno de los integrantes de este tribunal, son amigos –del expresidente Mauricio Macri- y juegan al fútbol en la quinta Los Abrojos».

«Otros jugaban al paddle en la quinta de Olivos o visitaban asiduamente la Casa Rosada», subrayó.

Los funcionarios judiciales que jugaban al fútbol en la quinta del máximo referente del PRO, según denunció la Vicepresidenta, son el fiscal federal Diego Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu, integrante del Tribunal Oral Federal 2 que lleva adelante este juicio.

En agosto, la defensa de la Vicepresidenta, a cargo del abogado Carlos Beraldi, recusó a ambos, pero los otros dos jueces del TOF 2, Jorge Gorini y Andrés Basso, resolvieron que la recusación se tramite por «incidente», es decir de manera paralela a la continuidad del debate, por lo cual Luciani retomó una nueva jornada de su alegato acusador junto a su colega Diego Mola.

Al iniciar su alocución, Cristina Kirchner también mencionó sentirse en estado de indefensión porque no podría haberse defendido y hablar ahora en este juicio «si no hubiese sido abogada».

«Yo vivo en un estado de sitio permanente porque mis garantías constitucionales están suspendidas, aparentemente, desde el 10 de diciembre de 2015», enfatizó.