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Marcharon en Argentina para repudiar el negacionismo del presidente Javier Milei

Una movilización en Argentina tiene lugar en el contexto de la conmemoración del golpe militar de 1976, que instauró una dictadura que duró hasta 1983.

Aquí tienes el contexto histórico:

Golpe de Estado de 1976: El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas argentinas derrocaron al gobierno constitucional de Isabel Perón, dando inicio a una dictadura militar. Esta dictadura se caracterizó por la represión política, la violación sistemática de los derechos humanos y la implementación de políticas económicas autoritarias.

Represión y desapariciones: Durante la dictadura, se llevaron a cabo numerosas violaciones de los derechos humanos, incluyendo secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas de personas consideradas como opositoras al régimen. Se estima que alrededor de 30.000 personas fueron víctimas de desaparición forzada.

Transición a la democracia: En 1983, luego de la derrota en la Guerra de las Malvinas y presiones internacionales, Argentina recuperó la democracia con la asunción de Raúl Alfonsín como presidente. Se establecieron políticas de memoria, verdad y justicia para investigar los crímenes de la dictadura y juzgar a sus responsables.

Negacionismo y revisionismo histórico: En años recientes, han surgido figuras públicas, como el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, que niegan o minimizan los crímenes cometidos durante la dictadura. Este fenómeno se conoce como negacionismo y busca reinterpretar la historia de manera favorable a los perpetradores de violaciones de derechos humanos.

Movilización y resistencia: En respuesta al resurgimiento del negacionismo y a las políticas que buscan socavar los avances en materia de derechos humanos, se organizan movilizaciones como la descrita en el texto. Estas movilizaciones tienen como objetivo recordar el pasado de represión y mantener viva la memoria de las víctimas, así como resistir cualquier intento de impunidad o retroceso en materia de derechos humanos.

Marchar para repudiar el negacionismo del presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Para recordar que la lucha por los derechos humanos es presente y futuro, no pasado. Para reivindicar a los 30.000 desaparecidos que dejó la dictadura que este domingo, hace ya 48 años, comenzó en Argentina.

Los motivos de las personas que participan este domingo en una histórica movilización que colma la Plaza de Mayo y sus alrededores se complementan.

La expectativa del Día de la Memoria tiene un cariz especial, ya que hace casi cuatro meses llegó al poder un Gobierno que desprecia a las víctimas de la dictadura (1976-1983), que defiende a los represores y relativiza los crímenes de lesa humanidad que cometieron, desde secuestros, torturas y asesinatos, hasta desapariciones en masa, violaciones y robo de bebés.

Hoy, aquí, hay indignación, tristeza enojo y preocupación por el retroceso de políticas de derechos humanos que han sentado precedentes a nivel mundial, ya que Argentina es el país que ha juzgado a más represores con tribunales propios. Hasta este domingo, suman 1.207, y los juicios continúan.

«Tenemos que seguir reclamando por la memoria, verdad y justicia, impedir cualquier intento de impunidad de los genocidas», «Vamos a resistir la avanzada represiva que estamos viviendo con Milei, no tiene antecedentes», «Fue la dictadura más catastrófica de América Latina», explican algunos de los manifestantes que marchan a pleno sol.

«Milei y Villarruel reivindican la política económica y social de esa época», «Este es el día en el que la sociedad argentina debe recordar que ya dijimos ‘nunca más’ al terrorismo de Estado», «Todos los años es importante venir, pero este año es todavía más porque el Gobierno negacionista debe entender que no vamos a dejar de luchar», comentan otros.

Relato
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, resume la importancia de la movilización en una frase: «No perdamos la memoria». Y recuerda (y reclama) la urgencia de que el Congreso debata una ley que sancione el negacionismo.

«¡No nos han vencido!», cierra el acto central a modo de advertencia Taty Almeyda, madre de Plaza de Mayo. Le responden con una ovación.

Mientras en Buenos Aires y en las principales ciudades del país renovadas multitudes aúnan esfuerzos para mostrar su capacidad de organización, el Gobierno ratifica con un mensaje su postura negacionista.

En el video oficial participan Juan Bautista Yofre, exjefe de espías del Estado durante el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999), representante de los sectores más oscuros y desprestigiados de la política; Luis Labraña, un exguerrillero negacionista que se hizo famoso por difamar a los organismos de derechos humanos; y María Fernanda Viola, hija de Humberto Viola, un capitán asesinado por una de las guerrillas que operaron en Argentina en los años 70.

La narrativa que quiere imponer el Gobierno es que hubo una «guerra», que la violencia precedió a la dictadura, que los organismos de derechos humanos «inventaron» la cifra de 30.000 desaparecidos para «cobrar plata», y que las víctimas de «los terroristas» (o sea, de las guerrillas) jamás han sido reivindicadas ni indemnizadas.

Es el resumen de la «teoría de los dos demonios», que pretende hacer creer que las guerrillas y los gobiernos militares eran bandos equivalentes, a pesar de que las leyes internacionales establecen que los crímenes cometidos desde el Estado entrañan una gravedad mayor y, por lo tanto, son de lesa humanidad e imprescriptibles.

«Por una memoria completa para que haya verdad y justicia», escribe Milei en sus redes al compartir el video que fue grabado en la presidencial Casa Rosada.

Alarma
El relato oficialista de inmediato es denostado porque en ninguna parte menciona al terrorismo de Estado, los centros clandestinos de detención, los ‘vuelos de la muerte’ desde los cuales los represores tiraban vivas a las víctimas al mar, las torturas a mujeres embarazadas a las que obligaban a parir en cautiverio para quitarles a sus hijos y asesinarlas.

Ni su silencio, porque los represores siempre se han negado a confesar en dónde están los desaparecidos.

Villarruel también sienta posición. La vicepresidenta, que visitaba al fallecido dictador Jorge Rafael Videla y que organizaba encuentros de otras personas con él, renueva su exigencia de «memoria, verdad, justicia y reparación» para «las víctimas del terrorismo» (se refiere a las guerrillas, nunca a los dictadores).

Y niega, de nuevo, la cifra de víctimas que reivindican los organismos.

Es la coronación de las provocaciones (y preocupaciones) en torno a las políticas de derechos humanos que, en este país, comienzan a ser una norma.

En las semanas previas al 48 aniversario del golpe, una militante de derechos humanos sufrió un ataque en su casa. Fue atada, golpeada, abusada sexualmente y amenazada de muerte. No le robaron nada y dejaron bien claro que la agresión se debía a su activismo político. Antes de partir, los agresores pintaron en la pared las siglas ‘VLLC’, en referencia al lema «Viva la libertad, carajo», que popularizó Milei.

Llegó la CIA
La conmoción fue generalizada entre los organismos de derechos humanos, ya que se trata de uno de los peores hechos de violencia política desde el retorno de la democracia (1983).

A ello se suma el ataque cibernético que sufrió la editorial Marea, que cuenta con un vasto catálogo de libros sobre derechos humanos, la suspensión del programa que las Madres de Plaza de Mayo tenían en la Televisión Pública desde hace 16 años, los despidos masivos y el recorte presupuestal de todos los organismos vinculados con las políticas de derechos humanos.

Ya hay una larga sucesión de acontecimientos que encienden las alarmas.

El represor Horacio Losito fue homenajeado el mes pasado en la provincia de Misiones. Estuvo presente gracias a que, poco después de asumir Milei, obtuvo la libertad condicional. El ministro de Defensa, Luis Petri, se reunió con colectivos de negacionistas que piden la libertad para todos los represores.

El jueves, William J. Burns, titular de la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (la CIA), organismo que promovió el golpe de Estado en Argentina en 1976 y que también apoyó a otras dictaduras latinoamericanas, se reunió con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Al día siguiente, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, denunció que su teléfono estaba intervenido.

Fuerza
En ese clima de desazón, en Buenos Aires se realiza una marcha que, sin embargo, también sirve para retomar fuerzas.

Abundan los abrazos, las sonrisas, los reencuentros de ese sector de la ciudadanía que durante cinco décadas ha construido, con paciencia, un entramado institucional en materia de derechos humanos que, hoy, está en peligro.

«La patria no se vende». «La memoria es un derecho colectivo». «Ni dictadura ni mano dura». «A donde vayan, los iremos a buscar». Los lemas se repiten en la romería en la que se convierte la Avenida de Mayo, rumbo a la Plaza.

Desde temprano, por toda la ciudad son visibles las camisetas que exigen «juicio y castigo», o los pañuelos blancos, símbolo de Madres y Abuelas, que citan el mantra: memoria, verdad, justicia.

Las luchas se entretejen. Las y los trabajadores del Banco Nación reúnen firmas paras evitar que Milei los deje en la calle. Los de Télam, la agencia estatal de noticias que resiste el cierre ordenado por el presidente, marchan con el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Las cocineras de los comedores populares a los que las autoridades no les mandan alimentos se plantan con sus ollas y su compromiso social.

La Garganta Poderosa, uno de los medios alternativos y comunitarios más importantes de Argentina, juega con el lenguaje mileísta. «Casta la victoria, siempre», escribe en carteles irónicos con la imagen de Villarruel. En una performance, la vicepresidenta es representada con el dictador Videla en su corazón.

Unos colectivos bailan o cantan, otros actúan o pintan murales. Llegan personas en solitario, familias, grupos de amigos. La masividad reconforta. La ejemplar historia de resistencia de la sociedad argentina hoy parece estar garantizada.