El fiscal federal Guillermo Marijuan impulsó la investigación de una denuncia por prevaricato contra los tres jueces de la Corte Suprema de Justicia que firmaron el fallo para beneficiar con el 2×1 a un condenado por delitos de lesa humanidad, al dictaminar ante el juez federal Daniel Rafecas en base a una denuncia del abogado Marcelo Parrilli.
En la votación, Horacio Rosatti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkratz avalaron esta medida, mientras que el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y Juan Carlos Maqueda votaron en contra.
Fallos como éste significan un retroceso absoluto de cuarenta años de lucha del pueblo por reconstruir una sociedad democrática, horizonte imposible si no existe Memoria, Verdad y Justicia.
El respeto a los derechos humanos y el repudio y dolor por el genocidio perpetrado por la dictadura cívico militar que asaltó el poder en 1976 forman parte del contrato social de todos los habitantes de bien en la Argentina.
Es inentendible desde lo humano, irresponsable desde lo político y carente de sustancia jurídica en contexto, que tres de los cinco jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cometan semejante afrenta al pueblo.
Sabemos y entendemos que la bandera de memoria, verdad y justicia y que el pedido de cárcel común, perpetua y efectiva frente a crímenes de lesa humanidad no son propiedad de ningún partido político ni caben bajo una sola bandera. Ha sido una lucha de amplios y diversos sectores a lo largo de las últimas décadas.
Es por eso que el repudio, la indignación y la exigencia de marcha atrás de este fallo debe ser expresada en absoluta unidad de todo el campo popular.
