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Mayans reclamó a Villarruel que convoque a sesión especial del Senado para tratar el DNU

El jefe del bloque de senadores de Unión por la Patria (UxP), José Mayans, reclamó hoy a la vicepresidenta Victoria Villarruel que convoque a sesión especial para tratar el DNU 70/2023 dictado por el Poder Ejecutivo porque es «su obligación», y reafirmó que su espacio «está dispuesto a tratar todas las leyes» que envíe el Gobierno pero no avalar un «instrumento legal que deroga 300 leyes».

«La vicepresidenta tiene la obligación de convocar a sesión para tratar el DNU. No tiene que hacer una interpretación porque ella es parte del Poder Ejecutivo y como Vicepresidenta de la Nación preside el cuerpo, pero para garantizar la imparcialidad del hecho», sostuvo Mayans en declaraciones al canal C5N.

De esta manera, el senador hizo referencia al pedido efectuado por su bloque para tratar mañana el DNU en una sesión especial de la Cámara alta, pero que aún no ha sido convocada formalmente por Villarruel.

«Cinco senadores están pidiendo al cuerpo poder reunirse por un tema central como es el tratamiento del DNU, una norma que no puede ser modificada, es por sí o por no», insistió Mayans, e indicó que «el tema del quórum es otro problema, quién asiste y quién no es otra cosa».

En este sentido, el jefe del bloque de senadores de UxP remarcó: «Nosotros estamos dispuestos a tratar todas las leyes que pide el Gobierno pero no podemos hacer de un DNU un instrumento legal que deroga prácticamente 300 leyes».

Asimismo, subrayó que el DNU «tiene serios cuestionamientos» y repasó que «ya tiene fallos de la justicia que declaran la inconstitucionalidad de artículos sobre todo en lo referido a lo laboral».

Ayer la Cámara Nacional del Trabajo declaró la inconstitucionalidad de todos los artículos del capítulo laboral contenido en el Título IV del DNU 70/2023 a raíz de una presentación realizada por la Confederación General del Trabajo (CGT).

Consultado sobre la situación económica actual, Mayans responsabilizó al Gobierno por llevar adelante «una devaluación brutal que redujo el nivel salarial de todos los trabajadores» y la «liberación de las importaciones que afecta a todo el sistema empresarial argentino, sobre todo a las pymes».

«Otro tema es la dolarización de los servicios ¿Qué va a pasar cuando lleguen los servicios de luz, de agua? Va a ser realmente insoportable», cuestionó.

Y concluyó: «El programa económico del gobierno es absolutamente inconsistente».

TENSO Y DENSO
En una tensa sesión, el oficialismo de LLA en la Cámara de Diputados defendió la ley «Bases»

El oficialismo defendió hoy en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de «Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos», al sostener que la iniciativa es «un shock de libertad para los argentinos» y la calificaron como «el punto de inicio de una nueva etapa» para el país.

Al abrir el debate del proyecto, el secretario parlamentario Tomás Figueroa leyó cada uno de los cambios al texto, vinculados al Régimen de Pesca, impuestos internos, seguridad, zonas frías y el artículo que derogaba la existencia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), así como el capítulo electoral, entre otras cuestiones.

A pedido del jefe del bloque de UXP, Germán Martínez, la Cámara de Diputados sometió a votación un planteo de la oposición para que el texto vuelva a comisión, moción que fue rechazada por 139 en contra y 103 a favor.

El debate se inició con la exposición del miembro informante del dictamen de mayoría por parte del oficialismo, el presidente de la comisión de Legislación general, Gabriel Bornoroni, quien destacó la presencia de 12 funcionarios del Poder Ejecutivo que concurrieron a exponer y respondieron más de 300 preguntas, así como 200 organizaciones no gubernamentales que participaron de los plenarios donde se debatió la iniciativa y señaló que se trata de «un shock de libertad para los argentinos».

Tras sostener que se trató de un debate «federal» por haber incluido a provincias de todo el país, Bornoroni puso de relieve que «logramos mucha pluralidad y todas las voces fueron tenidas en cuenta para llegar a este dictamen», a la vez que destacó que los cambios se leyeron al principio de la sesión «a fines que esos temas se saquen de la sesión y no se debatan en el recinto».

Sostuvo que con el proyecto se busca «volver al modelo de la Constitución de 1853, donde se plantaron las bases de la libertad de los argentinos» y dijo que se trata de «volver a los principios de la libertad, un Estado más chico y mucha libertad para los argentinos». «Lo han pedido todos los argentinos, por eso es necesario que esta ley sea aprobada», destacó.

Por su parte, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, el diputado de LLA por Santa Fe, Nicolás Mayoraz, sostuvo que Argentina «está atravesando una crisis como jamás se atravesó» y afirmó que «este es el fundamento principal por el cual el Presidente, el más votado de la historia, está reclamando esta legislación», a la vez que señaló que para salir de la crisis «económica social, cultural y moral, es necesario contar con estas herramientas que le van a permitir al Gobierno salir de un modo más ágil».

Mayoraz destacó además que la iniciativa «cumple con todos los requisitos legales y constitucionales para llevar adelante este debate parlamentario que debe ser zanjado con la aprobación de la ley».

En tanto, el presidente de la comisión de Presupuesto, José Luis Espert, aseveró que esta iniciativa «es el punto de inicio de una nueva etapa para poner las bases y sintonizar el espíritu alberdiano», y dijo que «se le delegan facultades al Poder Ejecutivo de manera clara y precisa para enfrentar de manera ágil y eficaz la grave crisis que el Gobierno de Milei heredó».

«A Alberto Fernández, con una situación menos acuciante, se le delegaron más facultades todavía», afirmó Espert, a la vez que defendió el capítulo incluido en la iniciativa del Poder Ejecutivo, que contempla, entre otras cuestiones, la posibilidad de que los bloqueos a las pymes sean considerados delitos.

«Las prácticas mafiosas de ciertos sindicatos que extorsionan a nuestras pymes tiene que terminarse. Eso, otra gran modificación, es la inclusión como delito los bloqueos de las empresas», remarcó.

Según Espert, «el proyecto es polémico pero sólo para quienes quieren cuidar sus privilegios, que vienen del modelo anterior que nos trajo hasta aquí, a este lugar de miseria e indigencia; los chicos se nos van del país y las empresas huyen».