Mediación: Inquilinos Agrupados vs Colegio Profesional Inmobiliario

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Ayer se realizó la mediación penal entre Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados y los corredores inmobiliarios que lo amenazaron. Ante la negativa de rectificar sus declaraciones, continúa la denuncia judicial. Héctor D´Odorico, presidente del Colegio Profesional Inmobiliario (CUCICBA), faltó a la citación.

Los mensajes intimidatorios y agraviantes se concretaron hace dos semanas en un grupo de Facebook que reúne a 6 mil inmobiliarios porteños. En ese momento, dos usuarios difundieron el domicilio particular de Gervasio Muñoz y e instaron a “visitarlo” y “mandarle un presente”. Oportunamente, la denuncia fue radicada en la Unidad Fiscal Oeste de la Ciudad de Buenos Aires.

Dichas amenazas fueron posibles ya que el Presidente del CUCICBA, Héctor D´Odorico, envió por mail a todos los matriculados una copia de la carta documento que le había hecho llegar anteriormente a Muñoz, en la cual figura su domicilio particular y una intimación para que rectifique sus declaraciones públicas respecto a la responsabilidad del Colegio en la violación sistemática de la Ley 2.340, bajo apercibimiento de iniciar acciones civiles y penales.

En la mediación realizada ayer en la Justicia Penal de la CABA, Gervasio Muñoz, representado por el abogado Nahuel Berguier, solicitó que los matriculados que concretaron las amenazas se disculpen a través de un cartel en sus inmobiliarias, en redes sociales y en la tapa del suplemento de clasificados del Diario Clarín. Ante la negativa de los inmobiliarios y la ausencia de Héctor D´Odorico, la situación no se resolvió y continúa su curso en la Justicia porteña.

Las amenazas contra Inquilinos Agrupados están originadas en el rechazo que genera en algunos sectores del mercado inmobiliario la organización de los inquilinos, la difusión de las prácticas ilegales de las inmobiliarias y sobre todo, en las acciones judiciales que se impulsaron a fin de terminar con el cobro indebido de comisiones y que resultaron en la medida cautelar dictada por el juez Marcelo Segón, que ratificó la vigencia de la ley que pone tope a la comisión inmobiliaria.

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