Hay que pegarle al chancho, para que aparezca el dueño. La sabiduría popular suele, en su aparente simpleza, dar solución práctica a problemas que aparecen en ocasiones como insolubles. Pegarle al chancho para que aparezca el dueño da resultado, especialmente en política. Cuando el chancho está amenazado, ninguna consideración de oportunidad o conveniencia puede detener a su dueño, que acepta hasta la incineración pública con tal de proteger su inversión en el chiquero común. Salío a defender los millones todo el equipo de Cambiemos, los que dijeron que eran los paladines de la honestidad galopante, pero no. Para Pablo Moyano el acuerdo con el Correo es algo así como «Al lado de esto, Lázaro Báez es Ceferino Namuncurá»
Desde el Frente Renovador, el dirigente Daniel Arroyo, insistió que Macri «tiene que volver atrás, anular este acuerdo y exponerlo a debate del Congreso». «En este caso particular debería resolverlo el Congreso», ratificó.
«Hay un evidente problema ético porque Macri está de los dos lados del mostrador. El acreedor, que es el Estado, está representado por el hijo, y el deudor está representado por el padre», consideró Arroyo.
La PTN informó que abrirá un sumario destinado a «estabecer las responsabilidades administrativas que pudieren corresponder y recomendar, en su caso, las medidas y sanciones que resulten pertinentes».
La resolución, a la que accedió Palermonline Noticias, lleva la firma del procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Balbín, quien ordenó el inicio de una auditoría sobre todos los funcionarios públicos que intervinieron desde 2001 hasta hoy en el juicio entre el Estado Nacional y el Correo Argentino S.A., y de los involucrados por la parte empresaria en la deuda de la compañía.
El artículo 2° de la resolución encomienda la investigación a la Dirección Nacional de Sumarios e Investigaciones Administrativas y en el 3° ordena a la Dirección Nacional de Auditoría que revise «la actuación de los representantes del Estado Nacional en los autos caratulados Correo Argentino S.A. s/ Concurso Preventivo (Expte. N° 94360/01) y sus incidentes, en trámite ante la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial».
En los considerandos, la resolución explica que responde a un pedido del Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Leonardo Rodríguez, quien «se refirió a la eventual falta de competencia en la actuación que les cupo a los funcionarios públicos» y también «aludió a la posible violación de la ley N° 25.188 y del Código de Ética aprobado por decreo 41/99» .
La PTN destaca que está entre sus deberes y facultades «promover la investigación de la conducta administrativa de los agentes integrantes de la administración nacional centralizada y descentralizada y de las empresas, sociedades y todo otro ente en que el Estado tenga participación. En todos los supuestos, las investigaciones se realizarán por el solo impulso de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y sin necesidad de que otra autoridad estatal lo disponga, sin perjuicio de ajustar su proceder a las instrucciones generales que imparta el Procurador General de la Nación».
Más adelante anticipa que si en la investigación «resulten comprobadas transgresiones a normas administrativas, el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas pasará las actuaciones con dictamen fundado a la Procuración del Tesoro de la Nación o al funcionario de mayor jerarquía administrativa de la repartición de que se trate», y aclara que esas actuaciones «servirán de cabeza del sumario que deberá ser instruido por las autoridades correspondientes».
En cuanto al alcance de la investigación, la resolución de la PTN señala que la auditoría que ordena debe ser «desde el inicio del proceso judicial, conforme a lo solicitado por la Procuraduría».
En otras palabras, el inicio de esta auditoría implica un sumario administrativo sobre el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Carlos Mocoroa, quien firmó el acuerdo con el Correo que fue objetado el jueves último por la fiscal de la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, por abusivo y perjudicial para el interés público porque, según consideró, implica una condonación de gran parte de la deuda de la empresa con el Estado.
En la auditoría se analizará la actuación de cada funcionario que haya intervenido en el juicio que el Estado le inició al Correo por la falta de pago desde 2001 del canon por la concesión que recibió el Grupo Socma.
